En mis artículos anteriores afirmé que suponía que estamos de acuerdo que para construir la república debemos basarnos en los principios republicanos declarados por los revolucionarios de la Ilustración: Libertad, igualdad y fraternidad.

También que el gobierno, que se establece con el propósito de proteger los derechos individuales de los ciudadanos, debe amparar y respetar la libertad de cada persona a determinar su propio proyecto de vida y al igual que la justicia y la igualdad que se basa en la igual dignidad de las personas. No debe el gobierno distorsionar la información de oferta y demanda –establecida por el sistema de precios– porque si lo hace, la comunicación entre los individuos los lleva a tomar decisiones económicas equivocadas a partir la información falsa que recibieron. Tampoco debe el gobierno entrometerse limitando la libertad de los negociantes que obtienen, cada uno, un valor del intercambio comercial que realizan. Si se entromete, el Estado viola el principio de proteger y respetar los derechos de los ciudadanos –el principio de respetar y amparar a cada individuo el poder actuar de acuerdo a lo que es moralmente correcto, rectamente de acuerdo a su derecha razón, a su mejor juicio. Por esto es esencial que si el Estado va a respetar y amparar los principios de libertad, igualdad y fraternidad, se establezca la separación total del Estado y de la economía, permitiendo a cada ciudadano vivir su proyecto de vida de acuerdo a su mejor juicio y por tanto se abstenga también de intervenir entre el libre intercambio entre negociantes.

Y como sin un sistema efectivo de justicia que proteja los derechos de cada uno por igual y sin una conducta fraternal de respeto mutuo entre ciudadanos es difícil ejercer uno su libertad plena, lo que sí debe hacer el Estado es proteger al ciudadano de los antisociales.

El Estado debe protegerlo de aquel antisocial que con la excusa de manifestar su opinión coarta la libertad del ciudadano a ir donde desee, impidiéndole ejercer su libertad de producir aquellos bienes que contribuyen a su bienestar, impidiéndole recibir la atención médica que le urge, impidiéndole visitar al paciente moribundo, impidiéndole auxiliar al accidentado, impidiéndole adquirir el conocimiento necesario para tener un mejor futuro, en pocas palabras, impidiéndole vivir su vida como juzgue mejor.

El Estado debe protegerlo de aquel antisocial que con la excusa de manifestar su opinión secuestra al ciudadano, lo inmoviliza impidiéndole actuar de acuerdo a su mejor juicio para chantajear al Estado, solicitando privilegios a cambio de su liberación.

El Estado debe protegerlo de aquel antisocial que roba la electricidad a quien la produce, impidiéndole beneficiarse de su trabajo, arrebatándole sus horas, días, meses y años de vida pasada, despojándole del fruto de su esfuerzo, previsión, emprendimiento y resolución, impidiéndole usar su capital –que se ve mermado– según su mejor juicio.

El Estado debe protegerlo de aquel antisocial que extorsiona al ciudadano para apropiarse mediante la violencia y la intimidación de su renta, impidiéndole usar su dinero de acuerdo a su mejor juicio y convirtiendo sus esfuerzos en pérdidas en lugar de utilidad, violando su derecho a vivir su vida como juzgue mejor.

El Estado debe protegerlo de aquel antisocial que estafa al productor mediante el incumplimiento de contrato impidiéndole trabajar –como en las mineras– habiendo éste cumplido con las cláusulas del documento acordado, robándole así su inversión, su tiempo, su lucro, su vida.

El Estado debe protegerlo de aquel antisocial –amparado por grupos maliciosos– que invade la hacienda del propietario, impidiéndole hacer uso de la misma según su mejor juicio, despojándolo de su facultad de disponer de lo que es suyo según se le antoje.

El Estado debe protegerlo de aquel antisocial –amparado por privilegios– que despoja legal pero injustamente al propietario de su facultad de disponer de su casa o edificio según quiera, bajo la excusa de que los ciudadanos del futuro tienen “derecho” a ver cómo eran las edificaciones del pasado. Como dije anteriormente, no existe el “derecho” a violar el “derecho” de otro –es una contradicción en términos.

El Estado debe proteger al ciudadano del antisocial, a quien debe paralizar mediante el mecanismo social de autoridad y fuerza, porque éste por malicia, torpeza o inferioridad mental no logra advertir que determinadas actuaciones destructivas del orden social no sirven sino para, en definitiva, perjudicar tanto a sus autores como a todos los miembros de la sociedad. No se puede pretender, por un lado, disfrutar de las ventajas que implica la pacífica colaboración en sociedad bajo el amparo de la división del trabajo y permitir por otro, actuaciones que forzosamente han de desintegrar tal cooperación. El ciudadano debe atenerse a aquellos principios –libertad, igualdad y fraternidad, o sea el respeto a la dignidad humana– que permiten el mantenimiento del régimen social o de lo contrario, soportar la inseguridad y la pobreza típicas de la vida arriesgada en perfecto conflicto de todos contra todos.

Es imperativo pues, si hemos de crear una república justa, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, con miras a evitar que el hombre sea tiranizado por sus semejantes de mayor fuerza, instaurar los sistemas represivos de la actividad antisocial. La paz pública, es decir, la evitación de una perpetua lucha de todos contra todos, sólo es alcanzable si se establece un orden en el que exista un ente que monopolice la violencia y disponga de una organización de mando y coerción que sólo debe intervenir cuando las leyes justas y debidamente promulgadas lo autoricen. Esta institución autoritaria e impositiva cuya función es precisamente la descrita es el gobierno.
Continuará.

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo