La prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla. Así lo dejó entrever el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, durante una actividad pública en un hotel de la zona 10.
“Queda en manos del Organismo Judicial esta responsabilidad. No hace falta una reforma legal, simplemente cumplir con la ley”, aseguró Rodas.
El PDH también enfatizó que “es importante tener más casos de sanción contra aquellos juzgadores que no aplican las medidas sustitutivas que posibilitarían que las cárceles no estén hacinadas, partiendo que son lugares pocos dignos”.
“Quiero exhortar a todos los operadores de justicia y especialmente a los jueces que les corresponde dar o no una medida sustitutiva a que cambien, que tengan un criterio más de acuerdo a la realidad”, indicó el PDH.
Dimensión del problema
En 2016 la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), confirmaron los abusos de la prisión preventiva.
Para octubre del 2016 las personas en prisión preventiva ascendían al 46% el total de reos del país. Además, entre 2011 y 2015 el promedio se mantuvo por encima del 48%.
Este informe concluyó que existían “deficiencias importantes dentro del sistema de justicia para asegurar el uso de la prisión preventiva realmente de forma excepcional”.
Mal enraizado
“Lamentablemente este ha sido un mal que ha caracterizado al sistema de justicia. Oportunamente me voy a pronunciar y voy a accionar en casos concretos”, afirmó Rodas.
Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para Las Américas de Human Rights Watch, también se pronunció al respecto.
“Estamos preocupados por la prisión preventiva prolongada. Es un problema que ha existido en Guatemala desde hace mucho tiempo”, acotó Wilkinson.
Luego enfatizó: “es un problema que hay que atender. Pero eso es responsabilidad del poder Judicial. Ellos deben poner la casa en orden”.
Por último, indicó: “cuando se prolonga la prisión preventiva se empieza a ir contra el principio de la presunción de inocencia porque es un castigo antes de ser condenado”.
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La prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla. Así lo dejó entrever el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, durante una actividad pública en un hotel de la zona 10.
“Queda en manos del Organismo Judicial esta responsabilidad. No hace falta una reforma legal, simplemente cumplir con la ley”, aseguró Rodas.
El PDH también enfatizó que “es importante tener más casos de sanción contra aquellos juzgadores que no aplican las medidas sustitutivas que posibilitarían que las cárceles no estén hacinadas, partiendo que son lugares pocos dignos”.
“Quiero exhortar a todos los operadores de justicia y especialmente a los jueces que les corresponde dar o no una medida sustitutiva a que cambien, que tengan un criterio más de acuerdo a la realidad”, indicó el PDH.
Dimensión del problema
En 2016 la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), confirmaron los abusos de la prisión preventiva.
Para octubre del 2016 las personas en prisión preventiva ascendían al 46% el total de reos del país. Además, entre 2011 y 2015 el promedio se mantuvo por encima del 48%.
Este informe concluyó que existían “deficiencias importantes dentro del sistema de justicia para asegurar el uso de la prisión preventiva realmente de forma excepcional”.
Mal enraizado
“Lamentablemente este ha sido un mal que ha caracterizado al sistema de justicia. Oportunamente me voy a pronunciar y voy a accionar en casos concretos”, afirmó Rodas.
Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para Las Américas de Human Rights Watch, también se pronunció al respecto.
“Estamos preocupados por la prisión preventiva prolongada. Es un problema que ha existido en Guatemala desde hace mucho tiempo”, acotó Wilkinson.
Luego enfatizó: “es un problema que hay que atender. Pero eso es responsabilidad del poder Judicial. Ellos deben poner la casa en orden”.
Por último, indicó: “cuando se prolonga la prisión preventiva se empieza a ir contra el principio de la presunción de inocencia porque es un castigo antes de ser condenado”.
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