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En nombre de la democracia

Carolina Castellanos
16 de noviembre, 2017

Como es usual, empezaré por la definición de “democracia”, según la Real Academia Española. Dice: “forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”. “Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc.”. “Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes”.

Bueno, allí hay tres definiciones dadas por la RAE. Como todo, también están sujetas a interpretación, a pesar de haber tantas definiciones (yo solamente usé tres, pero hay más). Debería quedar muy claro que este sistema llamado democracia le da el poder a la ciudadanía, incluso la soberanía. Allí creo que todos estamos de acuerdo. El problema está en los abusos, en nombre de la democracia.

El abuso más recurrente está en las llamadas “manifestaciones”, “marchas” o “protestas”. No son más que bloqueos, “en nombre de la democracia que nos permite exigir nuestros derechos”. Sí, pero todo derecho implica responsabilidad, o se vuelve libertinaje. Impedir el paso a todos los demás no es democracia, es violación al derecho individual que tenemos todos de transitar por donde queramos, libremente.

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En nombre de la democracia, los jueces ahora son los que gobiernan. Fueron nombrados por medio de un proceso “en democracia”, por lo que tienen “autoridad”. Sí, pero no de extralimitarse en sus funciones y decidir quién puede trabajar y quien no, qué empresa funciona y cuál no, aun cuando no han violado ninguna ley. Y con esto me refiero a la mina San Rafael y a la hidroeléctrica Oxec. Las cortes deciden cerrarlas porque el gobierno de turno no llevó a cabo la consulta previa e informada que manda el Convenio 169. Una corte decide que es culpa de las empresas y las cierra, y decide que no trabajen todos los que ya lo hacían.

En nombre de la democracia hay libertad de pensamiento. La Constitución lo dice. Hasta la declaración universal de derechos humanos lo dice. Sí, pero si alguien opina en contra de otro, éste último lo acusa de ladrón, o de avalar la corrupción, o de corrupto, o de cualquier otro mal del mundo. Los insultos y el uso del poder están a la orden del día de quien se sienta “amedrentado”, “ofendido” o simplemente no acepta que puede haber diferencias de opinión.

En nombre de la democracia hay unos grupos que quieren defenestrar al Presidente. Como el pueblo tiene el poder, no importa qué pase después. Lo importante es botar al presidente porque no está haciendo su trabajo. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que no es el presidente que hubiésemos querido, pero en el mismo nombre de la democracia, respetamos la Constitución. Es lo único que medio nos queda, pues la han ultrajado con dictámenes que son claramente violatorios a ésta.

En nombre de la democracia que define la RAE, “igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos…”, ahora hay una secretaría especial en la CSJ para promover el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Y la igualdad? ¿Son los indígenas “menos humanos” que requieren una entidad específica para reconocerlos como tales? ¿Somos los no indígenas “menos humanos” que nuestros derechos no merecen tratamiento especial? Reitero, ¿y la igualdad?
En nombre de la democracia, y de la libertad que ésta da, unida con el “poder ciudadano”, funcionarios de gobierno, jueces, fiscales, diputados, actúan conforme a su ideología particular, aun si ésta es violatoria a las libertades y los derechos individuales. Grupos organizados invaden una finca, violando el derecho fundamental de propiedad privada, y no dan órdenes para desalojarla porque, “pobrecitos”, no tienen tierras.

Además, dicen estar defendiendo los derechos de los indígenas. Ningún grupo dentro de la sociedad es superior a la ley. Ninguno. Finalmente hay desalojos y, “pobrecitos”, fueron sacados a la fuerza. ¿Había otra forma de hacerlo cuando los invasores estaban armados hasta los dientes y no aceptaban abandonar las tierras invadidas? Por eso existe el poder coercitivo de la ley y este poder solo lo puede ejercer el gobierno. Y siguen siendo “pobrecitos” los desalojados porque les violaron sus derechos humanos.

Me parece que “en nombre de la democracia”, debemos poner un alto a tanto abuso, al libertinaje que resulta de no asumir cada uno su responsabilidad, a la libertad que nos da la Constitución para expresarnos y vivir en libertad. De pronto así logramos vivir un poco más en paz.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

En nombre de la democracia

Carolina Castellanos
16 de noviembre, 2017

Como es usual, empezaré por la definición de “democracia”, según la Real Academia Española. Dice: “forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”. “Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc.”. “Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes”.

Bueno, allí hay tres definiciones dadas por la RAE. Como todo, también están sujetas a interpretación, a pesar de haber tantas definiciones (yo solamente usé tres, pero hay más). Debería quedar muy claro que este sistema llamado democracia le da el poder a la ciudadanía, incluso la soberanía. Allí creo que todos estamos de acuerdo. El problema está en los abusos, en nombre de la democracia.

El abuso más recurrente está en las llamadas “manifestaciones”, “marchas” o “protestas”. No son más que bloqueos, “en nombre de la democracia que nos permite exigir nuestros derechos”. Sí, pero todo derecho implica responsabilidad, o se vuelve libertinaje. Impedir el paso a todos los demás no es democracia, es violación al derecho individual que tenemos todos de transitar por donde queramos, libremente.

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En nombre de la democracia, los jueces ahora son los que gobiernan. Fueron nombrados por medio de un proceso “en democracia”, por lo que tienen “autoridad”. Sí, pero no de extralimitarse en sus funciones y decidir quién puede trabajar y quien no, qué empresa funciona y cuál no, aun cuando no han violado ninguna ley. Y con esto me refiero a la mina San Rafael y a la hidroeléctrica Oxec. Las cortes deciden cerrarlas porque el gobierno de turno no llevó a cabo la consulta previa e informada que manda el Convenio 169. Una corte decide que es culpa de las empresas y las cierra, y decide que no trabajen todos los que ya lo hacían.

En nombre de la democracia hay libertad de pensamiento. La Constitución lo dice. Hasta la declaración universal de derechos humanos lo dice. Sí, pero si alguien opina en contra de otro, éste último lo acusa de ladrón, o de avalar la corrupción, o de corrupto, o de cualquier otro mal del mundo. Los insultos y el uso del poder están a la orden del día de quien se sienta “amedrentado”, “ofendido” o simplemente no acepta que puede haber diferencias de opinión.

En nombre de la democracia hay unos grupos que quieren defenestrar al Presidente. Como el pueblo tiene el poder, no importa qué pase después. Lo importante es botar al presidente porque no está haciendo su trabajo. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que no es el presidente que hubiésemos querido, pero en el mismo nombre de la democracia, respetamos la Constitución. Es lo único que medio nos queda, pues la han ultrajado con dictámenes que son claramente violatorios a ésta.

En nombre de la democracia que define la RAE, “igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos…”, ahora hay una secretaría especial en la CSJ para promover el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Y la igualdad? ¿Son los indígenas “menos humanos” que requieren una entidad específica para reconocerlos como tales? ¿Somos los no indígenas “menos humanos” que nuestros derechos no merecen tratamiento especial? Reitero, ¿y la igualdad?
En nombre de la democracia, y de la libertad que ésta da, unida con el “poder ciudadano”, funcionarios de gobierno, jueces, fiscales, diputados, actúan conforme a su ideología particular, aun si ésta es violatoria a las libertades y los derechos individuales. Grupos organizados invaden una finca, violando el derecho fundamental de propiedad privada, y no dan órdenes para desalojarla porque, “pobrecitos”, no tienen tierras.

Además, dicen estar defendiendo los derechos de los indígenas. Ningún grupo dentro de la sociedad es superior a la ley. Ninguno. Finalmente hay desalojos y, “pobrecitos”, fueron sacados a la fuerza. ¿Había otra forma de hacerlo cuando los invasores estaban armados hasta los dientes y no aceptaban abandonar las tierras invadidas? Por eso existe el poder coercitivo de la ley y este poder solo lo puede ejercer el gobierno. Y siguen siendo “pobrecitos” los desalojados porque les violaron sus derechos humanos.

Me parece que “en nombre de la democracia”, debemos poner un alto a tanto abuso, al libertinaje que resulta de no asumir cada uno su responsabilidad, a la libertad que nos da la Constitución para expresarnos y vivir en libertad. De pronto así logramos vivir un poco más en paz.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo