La jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, ligó a proceso penal a 13 sindicados de integrar una supuesta estructura criminal dedicada a cometer hechos de corrupción en la municipalidad capitalina y en el Sistema Penitenciario.

En la audiencia de primera declaración, la jueza estimó que existen suficientes medios de investigación para que sigan procesados, según un comunicado de la CICIG.

Los procesados

  • Zorayda Azucena Herincx Soto. Fraude y peculado por sustracción
  • Luisa María Salas Bedoya. Fraude, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes
  • Luis Alberto Lima Oliva. Fraude
  • Militza Lorena Viera Juárez. Peculado por sustracción
  • Luis Alberto González Pérez. Asociación ilícita y tráfico de influencias
  • Oswaldo Pop Velásquez. Cohecho pasivo
  • Marco Antonio Rossell Orozco. Lavado de dinero y otros activos
  • Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Lavado de dinero y otros activos
  • Norberto de Jesús Ortega Barco. Cohecho pasivo
  • Amado Randelí Valdez Castillo. Cohecho pasivo
  • Hector Mauricio López Bonilla. Asociación ilícita
  • Dora Alicia Pineda Carías. Peculado por sustracción
  • Patricia Lisbeth Orozco Maldonado. Peculado por sustracción

 

Falta de mérito

  • Leonel Francisco Boror Gatica
  • Manfredo Cecilio Juárez Ramírez
  • Ana María González Ruiz

El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, enfrenta un nuevo proceso legal por este caso.

Vinculan al alcalde Álvaro Arzú

Los hechos se derivaron de la investigación contra una supuesta estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en el Sistema Penitenciario (SP).

En las pesquisas se vincula al alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, y exfuncionarios.

Se incautó información en el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima Oliva y que operaba en el Centro Preventivo Pavoncito.

En la documentación se tenía registro de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas.

La contratación de servicios por sí no constituye delito, pero sí la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido Unionista y de algunos aliados.

Estos desembolsos eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Lima Oliva.

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