Un informe de la entidad Impunity Watch resalta los problemas del sistema de justicia para operar con independencia.
Se evaluaron los obstáculos generados por dependencias estructurales, internas y externas, lo cual afecta la aplicación de la justicia.
El estudio se basó en entrevistas realizadas a 27 jueces, abogados y funcionarios de justicia.
También en grupos focales en regiones de Alta Verapaz, Guatemala, Quetzaltenango, Petén, Suchitepéquez, Sacatepéquez y Zacapa.
Asimismo en una encuesta realizada a 83 jueces y magistrados “con base en el cuestionario sobre independencia de jueces elaborado por la Red Europea de Consejos de Justicia”.
Y el informe se apoyó en estudios previos y otros instrumentos de la investigación realizada entre marzo y octubre de este año.
Esta es la actual Corte Suprema de Justicia. Deberían ser 13 magistrados, pero falta elegir al sustituto de Blanca Stalling, quien se encuentra encarcelada.
Los hallazgos
Impunity Watch evaluó la independencia judicial en tres aspectos: independencia estructural, interna y externa.
Independencia estructural
Se cuestiona la dependencia que mantiene el Organismo Judicial del Congres de la República que nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.
Se considera negativo que la CSJ se dedique a temas administrativos.
Esto “contribuye a mantener una organización jerárquica y autoritaria que limita la independencia
judicial y posibilita el control sobre las decisiones judiciales por medidas administrativas”.
El presupuesto asignado al Organismo Judicial (2% del Presupuesto de la nación) es insuficiente y ello lleva a una negociación con el Ejecutivo y Legislativo para obtener mayores recursos.
La inversión per cápita en justicia es de US$19, mientras que el promedio de la región es de US$30.
La falta de recursos impide contar con mayor personal, lo cual se traduce en sobrecarga de trabajo y causa “demoras en la administración de justicia en perjuicio de la población”.
Aunque se reconocen avances, “falta transparentar de mejor forma la ejecución del gasto público y publicar los nombramientos de jueces para que la ciudadanía pueda auditar estos procesos”
Que el Congreso nombre a los magistrados de la CSJ, se considera como un obstáculo para lograr la independencia judicial.
Independencia interna
Que la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Organismo Judicial tengan funciones administrativas es perjudicial para el sistema.
Ello porque se “abre la posibilidad para que las autoridades utilicen de manera arbitraria, el sistema de evaluación de desempeño, el régimen disciplinario, los ascensos y traslados de jueces”.
Además, porque “la asignación de recursos (puede ser usado) como mecanismos para incidir en las resoluciones judiciales”.
El sistema de evaluación de desempeño de los jueces “no cumple con los parámetros de objetividad y transparencia que establecen los estándares internacionales. Lo anterior “da margen para que se apliquen las evaluaciones de manera discrecional”.
“El régimen disciplinario es selectivo y poco eficiente.”
En los últimos tres años, la Junta de Disciplina Judicial recibió 2 mil 304 denuncias contra jueces. De estas únicamente el 5% fueron tramitadas y resueltas. En tanto que el 82% fueron desestimadas desde el inicio, y el 13% se encuentran en trámite”.
“En la encuesta, el 26% de jueces señaló que han sido amenazados con medidas disciplinarias o administrativas por el modo en que han resuelto un asunto”.
Muchos traslados responden a decisiones administrativas de “represalias” por no resolver conforme las autoridades superiores del Organismo Judicial.
Acá puede consultar el informe ejecutivo de Impunity Watch: http://www.independenciajudicial.org/images/independencia_judicial/documentos/Resumen-Ejecutivo-Justicia-en-Riesgo.pdf
Independencia externa
“Varios jueces sufren amenazas y hostigamiento por sus resoluciones independientes, particularmente los jueces de los tribunales de Mayor Riesgo.
Los jueces que más padecen ello se encuentran en localidades donde operan grandes bandas del crimen organizado como Izabal, Petén, Santa Rosa, Jutiapa y Zacapa”.
Los juzgadores reconcen haber “recibido presiones indebidas por parte de diputados, alcaldes,
militares, empresarios y medios de comunicación. Además de otros actores locales con el propósito de influir en un determinado caso.
El 20% manifestó haber recibido llamadas de autoridades políticas de su localidad para resolver determinado caso”.
“En algunas áreas del país operan redes de corrupción en la cual se coluden abogados, jueces, fiscales y otros actores locales para cooptar la justicia”
“Los operadores de justicia manifestaron preocupación por las precarias condiciones de seguridad en las instalaciones judiciales. Lo cual pone en riesgo la vida y la integridad de los funcionarios”.
“Se observa con preocupación la falta de investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de delitos cometidos contra jueces.
De 54 denuncias planteada por los jueces en los últimos tres años en la Unidad de Delitos Contra Operadores de Justicia del Ministerio Público, solo dos casos han concluido en sentencia”.
“El 44.57% percibe que algunos jueces han recibido sobornos para resolver un caso de una manera determinada”.
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Piden retomar reformas constitucionales
Tras estos problemas, Impunity Watch exhorta a retomar las reformas consticionales que buscaban resolver estas dificultades.
“Del avance y consolidación de estas reformas depende en gran medida el éxito en la lucha contra la impunidad estructural en el sistema de justicia”.
También piden al Consejo de la Carrera Judicial velar por la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y la integración de esa instancia.
“Exhortamos al Consejo de la Carrera Judicial que abra un proceso amplio y transparente de discusión para la reglamentación de la ley y la integración de los otros órganos”.
Asimismo, “velar para que se adecuen a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
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Un informe de la entidad Impunity Watch resalta los problemas del sistema de justicia para operar con independencia.
Se evaluaron los obstáculos generados por dependencias estructurales, internas y externas, lo cual afecta la aplicación de la justicia.
El estudio se basó en entrevistas realizadas a 27 jueces, abogados y funcionarios de justicia.
También en grupos focales en regiones de Alta Verapaz, Guatemala, Quetzaltenango, Petén, Suchitepéquez, Sacatepéquez y Zacapa.
Asimismo en una encuesta realizada a 83 jueces y magistrados “con base en el cuestionario sobre independencia de jueces elaborado por la Red Europea de Consejos de Justicia”.
Y el informe se apoyó en estudios previos y otros instrumentos de la investigación realizada entre marzo y octubre de este año.
Esta es la actual Corte Suprema de Justicia. Deberían ser 13 magistrados, pero falta elegir al sustituto de Blanca Stalling, quien se encuentra encarcelada.
Los hallazgos
Impunity Watch evaluó la independencia judicial en tres aspectos: independencia estructural, interna y externa.
Independencia estructural
Se cuestiona la dependencia que mantiene el Organismo Judicial del Congres de la República que nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.
Se considera negativo que la CSJ se dedique a temas administrativos.
Esto “contribuye a mantener una organización jerárquica y autoritaria que limita la independencia
judicial y posibilita el control sobre las decisiones judiciales por medidas administrativas”.
El presupuesto asignado al Organismo Judicial (2% del Presupuesto de la nación) es insuficiente y ello lleva a una negociación con el Ejecutivo y Legislativo para obtener mayores recursos.
La inversión per cápita en justicia es de US$19, mientras que el promedio de la región es de US$30.
La falta de recursos impide contar con mayor personal, lo cual se traduce en sobrecarga de trabajo y causa “demoras en la administración de justicia en perjuicio de la población”.
Aunque se reconocen avances, “falta transparentar de mejor forma la ejecución del gasto público y publicar los nombramientos de jueces para que la ciudadanía pueda auditar estos procesos”
Que el Congreso nombre a los magistrados de la CSJ, se considera como un obstáculo para lograr la independencia judicial.
Independencia interna
Que la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Organismo Judicial tengan funciones administrativas es perjudicial para el sistema.
Ello porque se “abre la posibilidad para que las autoridades utilicen de manera arbitraria, el sistema de evaluación de desempeño, el régimen disciplinario, los ascensos y traslados de jueces”.
Además, porque “la asignación de recursos (puede ser usado) como mecanismos para incidir en las resoluciones judiciales”.
El sistema de evaluación de desempeño de los jueces “no cumple con los parámetros de objetividad y transparencia que establecen los estándares internacionales. Lo anterior “da margen para que se apliquen las evaluaciones de manera discrecional”.
“El régimen disciplinario es selectivo y poco eficiente.”
En los últimos tres años, la Junta de Disciplina Judicial recibió 2 mil 304 denuncias contra jueces. De estas únicamente el 5% fueron tramitadas y resueltas. En tanto que el 82% fueron desestimadas desde el inicio, y el 13% se encuentran en trámite”.
“En la encuesta, el 26% de jueces señaló que han sido amenazados con medidas disciplinarias o administrativas por el modo en que han resuelto un asunto”.
Muchos traslados responden a decisiones administrativas de “represalias” por no resolver conforme las autoridades superiores del Organismo Judicial.
Acá puede consultar el informe ejecutivo de Impunity Watch: http://www.independenciajudicial.org/images/independencia_judicial/documentos/Resumen-Ejecutivo-Justicia-en-Riesgo.pdf
Independencia externa
“Varios jueces sufren amenazas y hostigamiento por sus resoluciones independientes, particularmente los jueces de los tribunales de Mayor Riesgo.
Los jueces que más padecen ello se encuentran en localidades donde operan grandes bandas del crimen organizado como Izabal, Petén, Santa Rosa, Jutiapa y Zacapa”.
Los juzgadores reconcen haber “recibido presiones indebidas por parte de diputados, alcaldes,
militares, empresarios y medios de comunicación. Además de otros actores locales con el propósito de influir en un determinado caso.
El 20% manifestó haber recibido llamadas de autoridades políticas de su localidad para resolver determinado caso”.
“En algunas áreas del país operan redes de corrupción en la cual se coluden abogados, jueces, fiscales y otros actores locales para cooptar la justicia”
“Los operadores de justicia manifestaron preocupación por las precarias condiciones de seguridad en las instalaciones judiciales. Lo cual pone en riesgo la vida y la integridad de los funcionarios”.
“Se observa con preocupación la falta de investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de delitos cometidos contra jueces.
De 54 denuncias planteada por los jueces en los últimos tres años en la Unidad de Delitos Contra Operadores de Justicia del Ministerio Público, solo dos casos han concluido en sentencia”.
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También piden al Consejo de la Carrera Judicial velar por la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y la integración de esa instancia.
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