Ante un panorama político y económico complicado para el país este año, el 2018 debería anunciarse más promisorio en materia económica para Guatemala.
Sin embargo, a menos de un mes que culmine este año complicado a nivel político y con altibajos en la inversión, derivado de la débil certeza jurídica que impera en el país, los pronósticos no parecen ser los más positivos.
Tras una conversación con el gerente financiero de una de las 600 empresas proveedores de minera San Rafael, me compartía que tras 182 días del cese de operaciones de esta compañía se estima que el efecto inmediato para estas empresas conexas ha sido la pérdida de alrededor de 2 mil 500 empleos, aunado a unos Q116 millones por concepto de impuestos que se han dejado de percibir.
Esta situación parece no preocupar lo suficiente a las cortes dado que aún no se emite un fallo favorable. En este sentido, pareciera no importar los efectos colaterales que estas decisiones pueden generar al país dado que no existe por el momento una actividad productiva y las condiciones para garantizar que los puestos de trabajo que se perderán, serán restituidos.
En este sentido, la meta para el 2018 debiera centralizarse en promover un marco institucional sólido y estable que permita lanzar las señales correctas para recuperar las inversiones que el país ya ha desaprovechado. Mientras no se trabaje en una institucionalidad fuerte no podremos aprovechar las oportunidades que presentan el desarrollo de la industria minera y los efectos de segundo orden que genera en otras actividades productivas.
De hecho, la característica común de aquellos países desarrollados que impulsaron la industria minera fue la existencia de un marco institucional estable y sólido.
Por lo tanto, los recursos naturales son una condición necesaria más no suficiente para impulsar las inversiones de esta industria. Para que la minería y cualquier actividad productiva se desarrolle, es imperativo contar con una institucionalidad fuerte para garantizar las inversiones.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Ante un panorama político y económico complicado para el país este año, el 2018 debería anunciarse más promisorio en materia económica para Guatemala.
Sin embargo, a menos de un mes que culmine este año complicado a nivel político y con altibajos en la inversión, derivado de la débil certeza jurídica que impera en el país, los pronósticos no parecen ser los más positivos.
Tras una conversación con el gerente financiero de una de las 600 empresas proveedores de minera San Rafael, me compartía que tras 182 días del cese de operaciones de esta compañía se estima que el efecto inmediato para estas empresas conexas ha sido la pérdida de alrededor de 2 mil 500 empleos, aunado a unos Q116 millones por concepto de impuestos que se han dejado de percibir.
Esta situación parece no preocupar lo suficiente a las cortes dado que aún no se emite un fallo favorable. En este sentido, pareciera no importar los efectos colaterales que estas decisiones pueden generar al país dado que no existe por el momento una actividad productiva y las condiciones para garantizar que los puestos de trabajo que se perderán, serán restituidos.
En este sentido, la meta para el 2018 debiera centralizarse en promover un marco institucional sólido y estable que permita lanzar las señales correctas para recuperar las inversiones que el país ya ha desaprovechado. Mientras no se trabaje en una institucionalidad fuerte no podremos aprovechar las oportunidades que presentan el desarrollo de la industria minera y los efectos de segundo orden que genera en otras actividades productivas.
De hecho, la característica común de aquellos países desarrollados que impulsaron la industria minera fue la existencia de un marco institucional estable y sólido.
Por lo tanto, los recursos naturales son una condición necesaria más no suficiente para impulsar las inversiones de esta industria. Para que la minería y cualquier actividad productiva se desarrolle, es imperativo contar con una institucionalidad fuerte para garantizar las inversiones.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo