La semana pasada los diputados optaron por no conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 2018, por lo que al gobierno le tocará operar el año que viene con el presupuesto de 2017. Las opiniones al respecto son encontradas pero, más allá de lamentar o aplaudir, debemos analizar qué toca ahora.
La propuesta de presupuesto para 2018, sin lugar a dudas, no era perfecta y podría mejorarse en varios aspectos. Desde el inicio fue criticada por los supuestos macroeconómicos demasiado optimistas, la falta de controles y las proyecciones de ingresos tributarios que no corresponden con la situación de nuestro país. Como el Congreso decidió mantener vigente el presupuesto del 2017, ahora el gobierno debe hacer una serie de ajustes y transferencias para poder adaptar este presupuesto a las fuentes de financiamiento y a las necesidades de gasto del año entrante.
Esto significa que el Ejecutivo dependerá del Congreso para aprobar endeudamiento, transferencias o ampliaciones presupuestarias, lo que generará un ambiente de incertidumbre. Será un proceso engorroso y complicado, que seguramente implicará roces y desgastes políticos, por lo que ojalá se maneje con la madurez política necesaria para atender las necesidades urgentes del país. Por ejemplo, ya varias entidades se han pronunciado sobre las dificultades que esto les implicará. Dos de ellas son el MP y la PNC, quiénes dieron a conocer que, debido a la falta de recursos, no podrán habilitar 15 fiscalías en el interior del país ni continuar con la construcción de dos cárceles. Otro programa que se verá afectado es el proyecto de recuperación vial del Micivi, que tanto nos urge ya que, según datos oficiales, al menos 84% de la red vial de nuestro país ha expirado.
A pesar de los pesares, me parece que debemos resaltar las enseñanzas de este proceso para que así, en un año, no estemos en la situación en la que nos encontramos ahora. En ese sentido, un punto muy importante es reconocer el valor de la iniciativa de Presupuesto Abierto, un esfuerzo técnico y planificado que pretende encontrar terreno común sobre cómo priorizar el gasto, hacer más transparentes los procesos de formulación de estimaciones y asignación de recursos. Por segundo año consecutivo, esta iniciativa involucró a sociedad civil, sector privado y centros de pensamiento, en la discusión del presupuesto. Este es un mecanismo muy positivo que ojalá pueda ser institucionalizado, a pesar del fracaso en la aprobación final. Es una buena señal de participación, apertura de la información y transparencia, entre ciudadanos, expertos y funcionarios públicos.
Difícilmente podremos exigir los cambios que necesita nuestro país, si no nos involucramos en las discusiones importantes, como lo es el proyecto de ingresos y egresos de nuestra nación. De por sí, debido a las asignaciones fijas de la Constitución y otras leyes, nuestro presupuesto es sumamente rígido, por ello es casi imposible implementar nuevos programas. De hecho, en los últimos años, la prioridad en el gasto público ha sido el rubro de funcionamiento y no el de inversión. Pero debemos seguir de cerca estos procesos para revisar estos gastos y evaluar qué salidas hay.
En Guatemala urge una mayor y mejor inversión de los recursos públicos para cubrir la infinidad de necesidades que tenemos y, sobretodo, para estimular el desarrollo incluyente. La lista es larguísima pero, para empezar, necesitamos invertir más y mejor en educación (sin que se desperdicien oportunidades por mejorar la meritocracia y rendimiento), en salud (retomar el primer nivel de atención y mejorar los procesos de compras para dejar de “sangrar” las arcas), en infraestructura (cuyo modelo de contratación no es el idóneo, además del fraccionamiento absurdo que ocurre en mantenimiento) y en justicia para todos (cobertura en todo el país y para todos los ciudadanos, inversión en automatización del proceso de justicia).
No alcanza para cubrir todas las necesidades, razón de más para que tengamos alto cuidado en cómo se invierten los recursos que tenemos a nuestra disposición año con año. Por ahora, nos toca velar porque el gobierno logre presentar una buena propuesta de readecuación en las primeras semanas de enero, para que haya el menor daño posible y, más importante aún, poner sobre la mesa la necesidad de reformas técnicas e integrales en materia fiscal.
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La semana pasada los diputados optaron por no conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 2018, por lo que al gobierno le tocará operar el año que viene con el presupuesto de 2017. Las opiniones al respecto son encontradas pero, más allá de lamentar o aplaudir, debemos analizar qué toca ahora.
La propuesta de presupuesto para 2018, sin lugar a dudas, no era perfecta y podría mejorarse en varios aspectos. Desde el inicio fue criticada por los supuestos macroeconómicos demasiado optimistas, la falta de controles y las proyecciones de ingresos tributarios que no corresponden con la situación de nuestro país. Como el Congreso decidió mantener vigente el presupuesto del 2017, ahora el gobierno debe hacer una serie de ajustes y transferencias para poder adaptar este presupuesto a las fuentes de financiamiento y a las necesidades de gasto del año entrante.
Esto significa que el Ejecutivo dependerá del Congreso para aprobar endeudamiento, transferencias o ampliaciones presupuestarias, lo que generará un ambiente de incertidumbre. Será un proceso engorroso y complicado, que seguramente implicará roces y desgastes políticos, por lo que ojalá se maneje con la madurez política necesaria para atender las necesidades urgentes del país. Por ejemplo, ya varias entidades se han pronunciado sobre las dificultades que esto les implicará. Dos de ellas son el MP y la PNC, quiénes dieron a conocer que, debido a la falta de recursos, no podrán habilitar 15 fiscalías en el interior del país ni continuar con la construcción de dos cárceles. Otro programa que se verá afectado es el proyecto de recuperación vial del Micivi, que tanto nos urge ya que, según datos oficiales, al menos 84% de la red vial de nuestro país ha expirado.
A pesar de los pesares, me parece que debemos resaltar las enseñanzas de este proceso para que así, en un año, no estemos en la situación en la que nos encontramos ahora. En ese sentido, un punto muy importante es reconocer el valor de la iniciativa de Presupuesto Abierto, un esfuerzo técnico y planificado que pretende encontrar terreno común sobre cómo priorizar el gasto, hacer más transparentes los procesos de formulación de estimaciones y asignación de recursos. Por segundo año consecutivo, esta iniciativa involucró a sociedad civil, sector privado y centros de pensamiento, en la discusión del presupuesto. Este es un mecanismo muy positivo que ojalá pueda ser institucionalizado, a pesar del fracaso en la aprobación final. Es una buena señal de participación, apertura de la información y transparencia, entre ciudadanos, expertos y funcionarios públicos.
Difícilmente podremos exigir los cambios que necesita nuestro país, si no nos involucramos en las discusiones importantes, como lo es el proyecto de ingresos y egresos de nuestra nación. De por sí, debido a las asignaciones fijas de la Constitución y otras leyes, nuestro presupuesto es sumamente rígido, por ello es casi imposible implementar nuevos programas. De hecho, en los últimos años, la prioridad en el gasto público ha sido el rubro de funcionamiento y no el de inversión. Pero debemos seguir de cerca estos procesos para revisar estos gastos y evaluar qué salidas hay.
En Guatemala urge una mayor y mejor inversión de los recursos públicos para cubrir la infinidad de necesidades que tenemos y, sobretodo, para estimular el desarrollo incluyente. La lista es larguísima pero, para empezar, necesitamos invertir más y mejor en educación (sin que se desperdicien oportunidades por mejorar la meritocracia y rendimiento), en salud (retomar el primer nivel de atención y mejorar los procesos de compras para dejar de “sangrar” las arcas), en infraestructura (cuyo modelo de contratación no es el idóneo, además del fraccionamiento absurdo que ocurre en mantenimiento) y en justicia para todos (cobertura en todo el país y para todos los ciudadanos, inversión en automatización del proceso de justicia).
No alcanza para cubrir todas las necesidades, razón de más para que tengamos alto cuidado en cómo se invierten los recursos que tenemos a nuestra disposición año con año. Por ahora, nos toca velar porque el gobierno logre presentar una buena propuesta de readecuación en las primeras semanas de enero, para que haya el menor daño posible y, más importante aún, poner sobre la mesa la necesidad de reformas técnicas e integrales en materia fiscal.
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