Necesitamos propuestas concretas para seguir reduciendo la corrupción.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, tuve la oportunidad de participar en un panel titulado de la Protesta a la Propuesta, organizado por el Instituto Republicano Internacional (IRI), en el cual se debatió sobre qué pasos siguen en la lucha contra la corrupción que se está realizando en Guatemala.

Lo primero fue reconocer lo mucho que hemos avanzado como país en este tema.  La corrupción era como un cáncer que estaba allí, que la gran mayoría sabíamos y sabemos que existe, que pocos hablaban de él y que como sociedad nos cuesta mucho avanzar en casos que realmente logren condenas y justicia en materia de corrupción.  Esto empezó a cambiar, en parte gracias al trabajo de instituciones como el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes comenzaron a hacerle frente a los casos de corrupción y a llevar a muchas personas que parecían intocables, ante la justicia.

Sin embargo, nos falta comprender mejor por qué los casos no avanzan y qué nos falta como país para seguir fortaleciendo el sistema de justicia criminal.  Un análisis de la Coalición por la Seguridad Ciudadana para el año 2015, establece que la eficiencia de los juzgados de primera instancia del Organismo Judicial es de tan solo el 20 por ciento.  Esto nos permite comenzar a entender dónde están los cuellos de botella en el sistema y reconocer que hay muy poca cantidad de jueces en el país, lo que hace imposible que los casos avancen.

Según el Índice Global de Impunidad 2017, Guatemala cuenta con  cinco jueces por cada cien mil habitantes, mientras que el estándar internacional muestra que en promedio los países tienen 16 jueces por cada cien mil habitantes.  Con esta poca cantidad de juzgadores, ¿cómo esperamos que exista justicia en un país?.  Tenemos que ser más serios en las propuestas que lanzamos y buscar elevar los ingresos del presupuesto del Organismo Judicial, para dotarle al sistema de mayor independencia, a la vez que se introducen mejores mecanismos para evaluar el desempeño de los jueces con base en la meritocracia.

Otra de las propuestas que se comentaron fue cómo llevar una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos al Congreso, que cuente con los mínimos puntos de acuerdo para fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, reducir las barreras a la participación de movimientos sociales en la política y eliminar las listas cerradas para la elección de diputados al Congreso.  Este será el tema más importante de discusión en el país durante los próximos dos meses, si como sociedad queremos aplicar estos cambios para el próximo proceso electoral.  @jczapata_s

 

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