En mis artículos anteriores supuse  que estamos de acuerdo que para construir la república debemos basarnos en los principios republicanos declarados por los revolucionarios de la Ilustración: Libertad, igualdad y fraternidad.

Afirmé que el gobierno, que se establece con el propósito de proteger los derechos individuales de los ciudadanos, debe amparar y respetar la libertad de cada persona a determinar su propio proyecto de vida y al igual que la justicia y la igualdad que se basa en la igual dignidad de las personas. Por tanto el gobierno no debe distorsionar la información de oferta y demanda –establecida por el sistema de precios– porque si lo hace, la comunicación entre los individuos los lleva a tomar decisiones económicas equivocadas a partir la información falsa que recibieron. Tampoco debe entrometerse limitando la libertad de los negociantes, pues si lo hace, viola el principio de proteger y respetar los derechos de los ciudadanos –el principio de respetar y amparar a cada individuo el poder actuar de acuerdo a lo que es moralmente correcto, rectamente de acuerdo a su derecha razón, a su mejor juicio. Concluí que es esencial que si el Estado va a respetar y amparar los principios de libertad, igualdad y fraternidad, se debe establecer la separación total del Estado y de la economía, permitiendo a cada ciudadano vivir su proyecto de vida de acuerdo a su mejor juicio y por tanto se abstenga también de intervenir entre el libre intercambio entre negociantes.

También concluí que sin un sistema efectivo de justicia que proteja los derechos de cada uno por igual y sin una conducta fraternal de respeto mutuo entre ciudadanos es difícil ejercer la propia  libertad plena, por lo que el deber del Estado es proteger al ciudadano de los antisociales.

Lo que también debe evitarse es convertir al Estado en el principal violador de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Un Estado antisocial es aún peor que el delincuente común, pues los burócratas delincuentes violan los derechos de los demás amparados por leyes injustas e ilegítimas. La Ley justa y legítima, es aquella norma que un grupo mayoritario compele a un grupo minoritario a obedecer y que este grupo mayoritario está dispuesto a obligarse a obedecer también. Es la igualdad hecha legal. La justicia exige la igual dignidad de todas las personas, lo que implica que cada persona merece, como principio básico, ser tratada con igual consideración y respeto. Esto no sucede si el Estado concede algún privilegio sancionado por ley y si se da alguna iniciativa gubernamental que conceda ventajas especiales a algunos sin ofrecerlas a todos.

Cuando un grupo de bondadosos y bien intencionados ciudadanos pretende que el Estado amplíe  la protección que da a los derechos individuales de todo ciudadano a la protección a algunos ciudadanos de los infortunios que puedan padecer, entonces, convierten al Estado en el principal violador de los derechos de los ciudadanos. Para alcanzar este propósito buscan que se emitan leyes, que realmente son privilegios, que “legalizan” la expoliación.

La expoliación legal es quitar mediante la fuerza, amparados en la ley, a algunos lo que les pertenece, para dar a otros lo que no les pertenece. Es realizar mediante la ley, en provecho de algún ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que aquel ciudadano no podría realizar por sí mismo sin incurrir en un acto criminal. Constituye, no sólo una inequidad, sino que es fuente fecunda de iniquidades.

La expoliación legal se puede ejercitar de mil maneras –poniendo a funcionar todo aquel aparato de legislatura, magistratura, policía y prisión, al servicio del expoliador, tratando como criminal al expoliado que se defiende– por medio de: tarifas, proteccionismo, subvenciones, impuestos progresivos, instrucción gratuita, derecho al trabajo, derecho a la ganancia, derecho al salario, derecho a la asistencia, derecho a la renta básica, etc. Y el beneficiario alegará, invocando los “derechos adquiridos” (en realidad, privilegios adquiridos), que el Estado debe proteger su industria o su interés particular porque es bueno que el Estado lo enriquezca o eduque, porque siendo rico, gastará más, derramando así una lluvia de salarios sobre los obreros pobres.

Los proponentes de la expoliación legal ignoran –por desconocimiento o necedad– además del hecho que se viola los derechos de las víctimas, dos principios fundamentales de política económica: primero, que se debe contemplar los efectos de cada propuesta política, no sólo en algún interés especial en el corto plazo, sino que en el interés general en el largo plazo; y segundo, que la riqueza hay que crearla.

Por ejemplo, cuando se protege a una industria contra la competencia extranjera, se ignora el hecho de que toda importación se paga con toda exportación, y viceversa. Entre más exportemos, más tendremos que importar si queremos que nos paguen. Si importamos menos, sólo podremos tener menores exportaciones, porque los extranjeros no tendrán fondos con que comprar nuestros bienes. La razón de esto es muy sencilla. Si le vendo bienes a un importador Norteamericano, él me pagará en Dólares americanos. Pero yo no puedo usar estos Dólares para ir al cine, comprar víveres, pagar salarios, pagar el colegio, etc. Para estos propósitos necesito Quetzales. Por tanto, estos Dólares no me son de utilidad a menos que compre bienes Estadounidenses o que se los venda (a través de un banco) a un importador de bienes Norteamericanos. De tal manera que al proteger la industria de un connacional, encareciendo artificialmente el producto extranjero, empobrecería a los demás al impedirles conseguir bienes a un precio menor del que tienen que pagar en casa, o al impedirles conseguir algunos bienes del todo. O, si por otro lado, se privilegia subsidiando la industria de un connacional para que pueda exportar a precio competitivo, se les estarán quitando Quetzales a los demás para favorecer al susodicho y a los extranjeros que obtienen el bien a bajo precio. En ambos casos los demás ciudadanos ven disminuida su calidad de vida.

Otro ejemplo, cuando el Estado utiliza el dinero de un ciudadano que no tiene hijos para educar a los hijos de otro, disminuye la calidad de vida del primero. Viola su derecho de propiedad y de libertad al impedirle hacer uso de sus bienes según su mejor juicio ya que fue expoliado de éstos para usarlos con otro propósito distintos a los suyos.

Estos bien intencionados expoliadores no quieren que la ley sea solamente justa sino que también que sea filantrópica. No están conformes con que garantice a cada ciudadano el libre y pacífico ejercicio de sus facultades para conseguir su desarrollo físico e intelectual, sino que esparza directamente sobre la nación el bienestar y la instrucción. Pero estos dos propósitos se contradicen. No se puede proteger y al mismo tiempo violar los derechos del ciudadano. No se puede al mismo tiempo ser libre y no serlo.

No se puede pretender, por un lado, disfrutar de las ventajas que implica la pacífica colaboración en sociedad bajo el amparo de la división del trabajo y fomentar por otro, actuaciones que forzosamente han de desintegrar tal cooperación. El ciudadano y el Estado deben atenerse a aquellos principios –libertad, igualdad y fraternidad, o sea el respeto a la dignidad humana– que permiten el mantenimiento del régimen social o de lo contrario, soportar la inseguridad y la pobreza típicas de la vida arriesgada en perfecto conflicto de todos contra todos.

Es imperativo pues, si hemos de crear una república justa, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, con miras a evitar que el hombre sea tiranizado por sus semejantes de mayor fuerza, restringir la función de la Ley a hacer respetar a todas las personas, a todas las libertades y a todas las propiedades.

 

Continuará.

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo