Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio una conferencia de prensa informando que finalizaron el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Esto se llevó a cabo siguiendo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba a dicho Ministerio a hacerlo. Hubo muchas opiniones respecto a que la Corte se extralimitó en sus funciones pues da lineamientos de cómo debía hacerse la consulta, cuando esto le corresponde al Ejecutivo, específicamente al MEM. De cualquier forma, se procedió de acuerdo a lo indicado, involucrando a todos los actores que la Corte determinó, y se culminó con el proceso de manera exitosa.

Es importante resaltar los acuerdos alcanzados (según publicaciones en diferentes medios):

1. Construir relaciones en un ambiente de armonía.
2. Medidas de mitigación ambiental por parte de la empresa.
3. Monitoreo por parte del MEM para asegurar el cumplimiento de los acuerdos.
4. Respeto a los acuerdos previamente establecidos entre la empresa y las comunidades.
5. Se conformará una mesa técnica de seguimiento para la construcción del plan de desarrollo sostenible.

¿Son acuerdos inalcanzables, imposibles de llevarlos a cabo? No, para nada. ¿Se justificó el cierre de la empresa porque el gobierno incumplió con su compromiso de llevar a cabo este proceso? Nuevamente, la respuesta es no.

Es un avance importante pues se demuestra, una vez más, que las comunidades sí están en disposición de dialogar, de construir juntos un modelo de desarrollo que beneficie a todos, y que las empresas están totalmente conscientes que están cambiando la vida de esas comunidades y que es su responsabilidad involucrarlas para que el futuro de tantas familias sea muchísimo mejor de como las encontraron.

De pronto se preguntarán si esto es trascendente para todos los guatemaltecos. Definitivamente sí. La conflictividad social en la que vivimos cada vez es peor. Inicia con las sentencias de las cortes cuando ceden a presiones de oenegés cuyo único interés es el dinero. Consiguen financiamiento internacional para oponerse a cualquier proyecto de inversión y desarrollo, ejercen influencias mediáticas a nivel nacional, miedo a las comunidades y logran que las cortes suspendan la actividad de las empresas. Esto genera pérdidas millonarias para el país en empleos, impuestos no generados para el mismo gobierno y, lo peor de todo, la pérdida de interés de empresas locales e internacionales en invertir en Guatemala y generar más de los tan necesitados empleos.
Por supuesto, ya surgieron algunos comentarios que condenan este proceso, que dicen que no importa pues la hidroeléctrica se tiene que ir, que se debió haber consultado a muchas más comunidades y no solo a las 11 con las que se entabló el diálogo, etc. Es obvio que están “pataleando”, como decimos en buen chapín. Perdieron la batalla, sus financistas deben estarles reclamando, se les acabó el discurso. El nombre del juego es dinero, siempre. Utilizan la ideología como bandera pero el fin último es “bañarse” en dinero.

La conflictividad continúa. Minera San Rafael sigue cerrada por orden de las cortes, y por la misma razón que Oxec: el Estado no hizo la consulta de acuerdo al convenio 169 así que hay que cerrar la empresa hasta que el mismo Estado haga la consulta. ¿Dónde está la lógica en esto? No la hay: solo hay ideología en las cortes y dinero internacional para los demandantes.

Peor aún, la misma Corte de Constitucionalidad, en la sentencia para Oxec, establece claramente que el procedimiento allí descrito aplicará para todos los casos futuros. ¿Por qué entonces sigue cerrada la mina? ¿Por qué la misma CC no emite la sentencia diciendo que se seguirá lo que ellos mismos ya dijeron que se haga? ¿Otra vez ideología en las cortes y dinero internacional para los demandantes?

Ya se demostró lo que muchos hemos venido diciendo desde hace varios años: las comunidades quieren vivir mejor, quieren tener trabajo, están dispuestos a dialogar, quieren ser tomados en cuenta en la forma en que se implementarán los proyectos de desarrollo para beneficio de todos, quieren entender de qué se trata el proyecto, si les afectará positiva o negativamente, etc. También se demostró que los empresarios no son “monstruos de cuatro cabezas” que llegan a generar pobreza y destrucción y que están cerrados al diálogo.

Por sobre todo, quedó demostrado que las personas que habitan en las comunidades del área de influencia del proyecto, y los empresarios, están dispuestos a dialogar. Son los “oenegeros” y sus ansias incontenibles de dinero y poder, lo que ha impedido que esto se haga. Les “meten miedo” a los pobladores, les mienten, los manipulan, no les dan absolutamente nada y los dejan en la miseria. ¿Es a esto a lo que le llaman “defensa de los pueblos indígenas”? Peor aún, ¿se lo creen los financistas internacionales? Patético, triste, inhumano, infame.
Ojalá sea el inicio de un mejor futuro para nuestra muy golpeada Guate y para tanta gente que necesita empleo y una mejor forma de vida.

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo