La reciente contienda electoral en Honduras ha traído un clima de inestabilidad política que ya se venía granjeando desde hacía algún tiempo, pues la falta de certeza del Tribunal Electoral hondureño, la convulsión social, el contexto de represión política de las fuerzas de seguridad y la negligencia de las autoridades de turno han puesto en evidencia que el modelo económico y político ya no aguanta más. Todos estos elementos no pueden ser disociados de la teoría Caordica, en la que se mezcla el caos y el orden para que funcione el sistema. Es una forma de autodepurarse, autogobernanrse o simplemente, como una válvula de escape que genera estos escenarios.
Honduras tiene una de las tazas de homicidios de las más altas del mundo, y se conocen grandes problemas de corrupción, al igual que Guatemala está en un proceso de acomodamiento y recambio generacional de elites políticas, económicas y sociales. La pugna por el poder entre Juan Orlando Hernández y el líder opositor, Salvador Narsalla, va más allá de una pugna electoral. Más bien representa el desmembramiento y daño a la institucionalidad del Estado, debido a la pérdida de credibilidad en sus organismos. Las consecuencias no intencionadas de la inestabilidad política repercutirán en alrededor de 60 mil hondureños que podrían perder el estatus de Protección Temporal (TPS) y se convertirían en deportables. A esto hay que sumarle que Honduras tiene alrededor de 2 millones de desempleados, además de una taza de homicidios que podría cerrar en el 2017 con una proyección de aproximadamente 51 muertes por cada 100 mil habitantes y un problema de pandillas incontenible, por lo que esta crisis afecta de forma directa a Estados Unidos porque se multiplicarían la cantidad de migrantes hacia aquel país.
Sin embargo, siempre hay que tomar a Honduras como referencia, pues las tendencias y las lecturas de sus escenarios pueden servir como un estudio de caso para el análisis de riesgo, por ejemplo, en junio de 2009 se dio el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Mientras que nosotros atravesábamos una de las crisis políticas más grandes –una que le dio la vuelta al mundo– la cual iniciaría en mayo de 2009 con la muerte del abogado Rodrigo Rosemberg, y puso al borde del precipicio a la administración del entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom.
Las historias se repiten y los contextos se transforman, según la coyuntura. Sin embargo, lo es cierto es que el 2018 no tiene buena pinta para Guatemala, porque hemos entrado en un sistema de confrontación continua y polarización disfrazada de ideología, que en verdad esconde intereses intocables de poderes obscuros. En realidad, los escenarios para el 2018 son dramáticos y espero que recuerden esta columna porque estamos a punto de vivir momentos muy convulsos y difíciles.
Empecemos por un tema fundamental que marcará el rumbo del 2018, como la elección de la Junta Directiva del Congreso, que no se eligió a finales de 2017 para pasar las fiestas en calma. El problema es que no hay que engañarnos, esta tensa calma es una bomba de tiempo que esta por estallar. El otro punto de agenda es que el próximo año se elegirá al sustituto de Thelma Aldana, es decir a un nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público, lo cual es el presagio de una contienda a muerte entre la clase política y sus aliados, y la sociedad civil. Por si fuera poco, el próximo año también se elegirá al nuevo Contralor General de Cuentas, personaje vital para la fiscalización de los fondos públicos.
Por si esto fuera poco tenemos que sumarle a esto los conatos de reactivación de la plaza por diferentes motivos como lo fue las crisis del presidente Morales con el bono militar, con el juicio de su hermano e hijo, así como los antejuicios. Por otra parte, el 14 y 15 de septiembre el Congreso enfrentó la furia ciudadana tras lo que la prensa nombró un “Pacto de corruptos”, lo cual es un factor de arrastre que nos permiten avizorar claramente brotes de violencia, como los sucedidos en Honduras.
La crisis política que arrastra este gobierno desde el 27 de agosto, al declarar non grato a Iván Velásquez, Comisionado de la Cicig, no hizo nada más que avivar la llama de la fragmentación, como si se estuviera preparando el escenario para un estallido social. Además, el presidente sigue en términos antagónicos diciendo que va a revisar el mandato de Cicig, cuando no hay nada qué revisar y, de hecho, no hay avance desde su discurso en la ONU. ¡Esto es alarmante! Que suenen las sirenas porque esto se va a descontrolar.
Por si fuera poco, a esto tenemos que sumarle que, si bien la tasa de homicidios en Guatemala viene a la baja, con una proyección para finales del 2017 de 24 por cada 100 mil habitantes, esto no se refleja en la percepción ciudadana sobre violencia e inseguridad, y hay varios procesos penales pendientes como La Línea, Cooptación del Estado, Cooperacha, Lago de Atitlán, entre muchos otros que se encuentran pendientes de resolverse.
Siguiendo las aristas del entramado político, sabemos que venimos arrastrando el fracaso de las reformas constitucionales, y del mal llamado proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no es más que un maquillaje para acallar el clamor popular de una población harta de la clase política perversa, mezquina y sin vergüenza.
Pero la verdadera guinda del pastel es que en 2019 afrontaremos, si no hay una reforma a la Ley Electoral, una campaña electoral que pondrá en jaque a todo el sistema político, con un proceso electoral debilitado y al borde de la violencia. También en 2019, se elegirán a los nuevos magistrados de la Corte de Apelaciones y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, electos por el Congreso.
En suma, afrontamos la vergüenza de no haber podido aprobar el presupuesto 2018, y esperar ser certificados por Estados Unidos para recibir los fondos del Plan Alianza para la Prosperidad, por haber puesto en riesgo el tema del combate a la corrupción en el país con el intento de sacar a Iván Velásquez.
Algo es innegable, y es que la presencia norteamericana en Guatemala es cada vez más grande, aunque silenciosa, tenemos en nuestro territorio un contingente de 300 marinos haciendo actividades humanitarias y de combate al narcotráfico y en las fronteras con el Comando Sur, que a la vez están en guardia, como si esperaran que algo fuera a suceder. El embajador de Estados Unidos, el eñor Arreaga, seguramente también está a la espera de activarse diplomáticamente, según lo que pase en el Congreso y en el contexto político, porque nos están vigilando. Como decía Nye, el poder blando consiste en tres elementos específicos, el cultural, el ideológico y por último el diplomático.
En conclusión, no entender los elementos de Nye nos hace vulnerables, mientras que trabajar con ellos, nos hará avanzar en un nuevo orden de renovación de la clase política y de un modelo económico más justo.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La reciente contienda electoral en Honduras ha traído un clima de inestabilidad política que ya se venía granjeando desde hacía algún tiempo, pues la falta de certeza del Tribunal Electoral hondureño, la convulsión social, el contexto de represión política de las fuerzas de seguridad y la negligencia de las autoridades de turno han puesto en evidencia que el modelo económico y político ya no aguanta más. Todos estos elementos no pueden ser disociados de la teoría Caordica, en la que se mezcla el caos y el orden para que funcione el sistema. Es una forma de autodepurarse, autogobernanrse o simplemente, como una válvula de escape que genera estos escenarios.
Honduras tiene una de las tazas de homicidios de las más altas del mundo, y se conocen grandes problemas de corrupción, al igual que Guatemala está en un proceso de acomodamiento y recambio generacional de elites políticas, económicas y sociales. La pugna por el poder entre Juan Orlando Hernández y el líder opositor, Salvador Narsalla, va más allá de una pugna electoral. Más bien representa el desmembramiento y daño a la institucionalidad del Estado, debido a la pérdida de credibilidad en sus organismos. Las consecuencias no intencionadas de la inestabilidad política repercutirán en alrededor de 60 mil hondureños que podrían perder el estatus de Protección Temporal (TPS) y se convertirían en deportables. A esto hay que sumarle que Honduras tiene alrededor de 2 millones de desempleados, además de una taza de homicidios que podría cerrar en el 2017 con una proyección de aproximadamente 51 muertes por cada 100 mil habitantes y un problema de pandillas incontenible, por lo que esta crisis afecta de forma directa a Estados Unidos porque se multiplicarían la cantidad de migrantes hacia aquel país.
Sin embargo, siempre hay que tomar a Honduras como referencia, pues las tendencias y las lecturas de sus escenarios pueden servir como un estudio de caso para el análisis de riesgo, por ejemplo, en junio de 2009 se dio el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Mientras que nosotros atravesábamos una de las crisis políticas más grandes –una que le dio la vuelta al mundo– la cual iniciaría en mayo de 2009 con la muerte del abogado Rodrigo Rosemberg, y puso al borde del precipicio a la administración del entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom.
Las historias se repiten y los contextos se transforman, según la coyuntura. Sin embargo, lo es cierto es que el 2018 no tiene buena pinta para Guatemala, porque hemos entrado en un sistema de confrontación continua y polarización disfrazada de ideología, que en verdad esconde intereses intocables de poderes obscuros. En realidad, los escenarios para el 2018 son dramáticos y espero que recuerden esta columna porque estamos a punto de vivir momentos muy convulsos y difíciles.
Empecemos por un tema fundamental que marcará el rumbo del 2018, como la elección de la Junta Directiva del Congreso, que no se eligió a finales de 2017 para pasar las fiestas en calma. El problema es que no hay que engañarnos, esta tensa calma es una bomba de tiempo que esta por estallar. El otro punto de agenda es que el próximo año se elegirá al sustituto de Thelma Aldana, es decir a un nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público, lo cual es el presagio de una contienda a muerte entre la clase política y sus aliados, y la sociedad civil. Por si fuera poco, el próximo año también se elegirá al nuevo Contralor General de Cuentas, personaje vital para la fiscalización de los fondos públicos.
Por si esto fuera poco tenemos que sumarle a esto los conatos de reactivación de la plaza por diferentes motivos como lo fue las crisis del presidente Morales con el bono militar, con el juicio de su hermano e hijo, así como los antejuicios. Por otra parte, el 14 y 15 de septiembre el Congreso enfrentó la furia ciudadana tras lo que la prensa nombró un “Pacto de corruptos”, lo cual es un factor de arrastre que nos permiten avizorar claramente brotes de violencia, como los sucedidos en Honduras.
La crisis política que arrastra este gobierno desde el 27 de agosto, al declarar non grato a Iván Velásquez, Comisionado de la Cicig, no hizo nada más que avivar la llama de la fragmentación, como si se estuviera preparando el escenario para un estallido social. Además, el presidente sigue en términos antagónicos diciendo que va a revisar el mandato de Cicig, cuando no hay nada qué revisar y, de hecho, no hay avance desde su discurso en la ONU. ¡Esto es alarmante! Que suenen las sirenas porque esto se va a descontrolar.
Por si fuera poco, a esto tenemos que sumarle que, si bien la tasa de homicidios en Guatemala viene a la baja, con una proyección para finales del 2017 de 24 por cada 100 mil habitantes, esto no se refleja en la percepción ciudadana sobre violencia e inseguridad, y hay varios procesos penales pendientes como La Línea, Cooptación del Estado, Cooperacha, Lago de Atitlán, entre muchos otros que se encuentran pendientes de resolverse.
Siguiendo las aristas del entramado político, sabemos que venimos arrastrando el fracaso de las reformas constitucionales, y del mal llamado proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no es más que un maquillaje para acallar el clamor popular de una población harta de la clase política perversa, mezquina y sin vergüenza.
Pero la verdadera guinda del pastel es que en 2019 afrontaremos, si no hay una reforma a la Ley Electoral, una campaña electoral que pondrá en jaque a todo el sistema político, con un proceso electoral debilitado y al borde de la violencia. También en 2019, se elegirán a los nuevos magistrados de la Corte de Apelaciones y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, electos por el Congreso.
En suma, afrontamos la vergüenza de no haber podido aprobar el presupuesto 2018, y esperar ser certificados por Estados Unidos para recibir los fondos del Plan Alianza para la Prosperidad, por haber puesto en riesgo el tema del combate a la corrupción en el país con el intento de sacar a Iván Velásquez.
Algo es innegable, y es que la presencia norteamericana en Guatemala es cada vez más grande, aunque silenciosa, tenemos en nuestro territorio un contingente de 300 marinos haciendo actividades humanitarias y de combate al narcotráfico y en las fronteras con el Comando Sur, que a la vez están en guardia, como si esperaran que algo fuera a suceder. El embajador de Estados Unidos, el eñor Arreaga, seguramente también está a la espera de activarse diplomáticamente, según lo que pase en el Congreso y en el contexto político, porque nos están vigilando. Como decía Nye, el poder blando consiste en tres elementos específicos, el cultural, el ideológico y por último el diplomático.
En conclusión, no entender los elementos de Nye nos hace vulnerables, mientras que trabajar con ellos, nos hará avanzar en un nuevo orden de renovación de la clase política y de un modelo económico más justo.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo