Nos encontramos a pocos días de terminar el año y lo estamos acabando, en lo sociopolítico, casi peor de lo que comenzamos. La inestabilidad es notoria y la debilidad de las estructuras políticas es inversamente proporcional a la fuerza con que se ha arraigado a ellas el régimen de partidos que impera en donde debería existir una democracia, pero no la hay.

No obstante, las propuestas de “cambio” para democratizar la estructura electoral (que es parte de la democracia) son hasta ahora parches que buscan cubrir errores sobre lo que ya está, en lugar de acudir a los principios sobre los que se funda. Por eso, he dispuesto establecer en dos columnas (la última de 2017 y la primera de 2018) una propuesta para que nuestro sistema alcance la verdadera y funcional democracia.

Sí, en Guatemala no hay democracia. Partamos, para esclarecer, de los principios. Dice el Doctor Antonio García Trevijano: “es imposible que nos entendamos porque se utiliza la palabra democracia (en dos lados ideológicos) como si significara lo mismo cuando se habla de Democracia Formal, que es la forma de Gobierno, o cuando se habla de democracia material o democracia social. Como son dos cosas distintas (…) estoy en contra de este sistema (…) porque soy Demócrata Formal. Yo defiendo la democracia de principios como forma de gobierno. Y como esa democracia sólamente hay una: como reglas de juego.”

Para García Trevijano, en España, y para mí, en Guatemala, no hay democracia. No existen ni aquí ni allá reglas de juego democrático, sino de lo que el pensador español define como oligarquía de partidos. Con una diferencia fundamental: allá los partidos están determinados por posturas ideológicas y aquí por intereses personales o colectivos ajenos al bien común, que no es más que la plena realización de cada individuo.

Para eso, es importante más que una democracia electoral. Es necesaria, fundamentalmente, una democracia estructural. Es decir, que separe por completo las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En materia electoral, parece a simple vista sumamente imposible que separemos a los partidos, que hasta hoy son sujetos de derecho público, del poder legislativo.

No obstante, la forma de entenderlo es reducir la democracia a su  esencia: la democracia formal. Dice Friedrich A. Hayek, Premio Nobel de Economía: “Ha ocurrido aquello sobre lo que nos prevenían en el siglo pasado determinados autores: lo que sustancialmente o es más que un método general susceptible de arbitrar la toma de decisiones políticas consensuadas, se ha convertido en vehículo propiciador de fines esencialmente igualitarios.”

El politólogo Francis Fukuyama, por su parte, establece en su libro “Political Order and Political Decay” que los científicos sociales han encontrado correlación entre crecimiento económico  y democracias estables. Asimismo, dice que muchos de los países ricos e industrializados de hoy en día son democracias.

Sabiendo esto es posible afirmar que, si entendemos la democracia como la herramienta estructural para garantizar la representatividad política tal y como García Trevijano y Hayek la entienden, y con  la exposición de Francis Fukuyama, podemos afirmar que tal democracia es compatible con el crecimiento económico, es decir la producción de riqueza. Por tanto, no tiene sentido entender la democracia como condiciones de igualdad socieconómica sino como una de las herramientas para su alcance.

Así pues, en una República democrática formal, el poder está dividido de manera que limita al Gobierno en función del individuo, causando correlación entre crecimiento económico y democracia estable. Este principio de separación de poderes debe estar acompañado de lo que el Derecho Constitucional conoce como Checks & Balance, o sistema de pesos y contrapesos. La importancia de este principio radica en que limita al primer principio. A pesar de ser los poderes independientes, no tienen poder absoluto, pueden ser fiscalizados y sus acciones detenidas siempre y cuando atenten contra los ciudadanos. Es, pues, una forma de democracia. El gran problema es hoy que, al no existir representatividad, estos principios no funcionan como forma de democracia.

No obstante, partiendo de ellos y entendiendo que la representatividad electoral no es el único ámbito en el que la democracia funge, pero siendo el que nos compete, es posible proponer una reforma electoral democrática, republicana y basada en principio. Esa será propiamente cuestión de la siguiente columna.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo