Cuando vemos las tragedias que les ocurren a otros, generalmente decimos “pobre” pero no hacemos nada al respecto. En el caso de tragedias políticas, peor aún, es como si aconteciera en otra dimensión, no en la propia. Las tragedias que estamos viendo en Guatemala, y me refiero a las muy actuales, son terribles todas, y con eso no hablo tampoco de quienes se sabe que las deben. Me refiero más bien a los casos eminentemente políticos, a las vendettas judiciales que están sucediendo. Creo importante estar enterados, aunque no tengamos parientes militares. Quienes vivimos el conflicto armado y sabemos el riesgo que corrimos de caer en el comunismo, agradecemos los sacrificios del Ejército de Guatemala, un ente que esta ahí para rescatar a las víctimas de tragedias naturales, para defender nuestras fronteras, para luchar contra el narco, para hacer escritorios y bachar carreteras, para lo que le ordene el Comandante y Jefe del Ejército, que es el Presidente Constitucional de la República.

Hoy en especial me voy a referir al caso CREOMPAZ, sobre supuestas desapariciones. Supuestas porque es difícil comprobar y así como se puede hacer hipótesis de desaparición se pueden hacer de emigración, si alguien no se fue al Norte o algo similar, como miles de Guatemaltecos lo hicieran durante la guerra. Según parece, las desapariciones ocurrieron en dos lugares distintos de Alta Verapaz, y el sólo hecho de haber estado destacado en la zona les hace responsables, aunque no existan pruebas que liguen a los implicados. Es decir, están acusados sin pruebas, sólo el hecho de haber estado destacados en el área.

La Ley de Reconciliación Nacional establece amnistía para todos los participantes del conflicto armado interno, la Constitución garantiza el derecho a no ser juzgado por delitos no tipificados por ley anterior, y la ley no tiene efecto retroactivo. Los militares van juzgados por tribunales militares, no civiles, y para acusar a alguien, ese alguien debe haberse encontrado presente en el lugar y tiempo del supuesto crimen.

El tiempo pasa, algunos tienen ya más de 730 días en prisión, sin ser juzgados. El proceso está perdido en el espacio sideral de la Corte de Constitucionalidad que ya sabemos la tendencia clarísima que tienen.

Resulta preocupante que esto suceda porque hoy son los militares por supuestos crímenes “de guerra” aunque ésta no haya sido convencional sino de baja intensidad y por ende carente de reglas de enfrentamiento, mañana puede ser alguien más por el motivo que se les antoje, inclusive, por emitir una opinión como esta. La agarran contra los empresarios, a llevar a la quiebra a los cafetaleros y a los cardamomeros por el tema de las facturas, a los inversionistas de minas e hidroeléctricas cuidadosamente seleccionados, a los productores de palma africana, y como ellos, tantos otros. Destruir la economía del país, dejarnos indefensos anulando al Ejército, acabar con nuestro Estado de Derecho.

Esta cultura del terror psicológico en que nos tiene el Organismo Judicial es realmente burdo. Ahora están atacando a quienes se sabe quisiéramos un Fiscal General que sea apolítico, que llegue sin agenda ideológica, y que aplique la Ley al pie de la letra, con ecuanimidad y lo mismo para quienes dirigen las cortes en todos los niveles. Pero entonces la gran mayoría de ciudadanos somos corruptos, porque viendo redes y hablando con la gente en la capital y en el interior, eso es lo que la gran mayoría quiere aunque no saben que eso se llama certeza jurídica y respeto al debido proceso. Pero la historia reciente demuestra que es peligroso tener un fiscalizador o justiciero sin nadie que lo supervise. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si eso es ser corrupto, creo que tienen la definición incorrecta de corrupto.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo