El diputado Leocadio Juracán, del partido Convergencia, presentó el jueves en la Corte Suprema de Justicia un amparo para dejar sin efecto 90 licencias de explotación y exploración minera otorgadas por el Estado de Guatemala.

Juracán argumenta que estas licencias no cumplieron con el Convenio 169, el cual  establece que debe realizarse una consulta previa a los pueblos indígenas.

República realizó una entrevista exclusiva con el diputado. A continuación sus respuestas más relevantes:

El diputado señaló de “cómplices de la impunidad” a quienes no se pronuncian contra las “ilegalidades que se han cometido” por parte de las mineras.

A esta pregunta: ¿Está usted consciente de que si se llegaran a detener estos proyectos muchas personas, indígenas entre ellas, quedarían sin trabajo? Por ejemplo, solo la Mina San Rafael da más de 1,600 empleos directos. ¿Qué solución ofrece a estas personas que quedarían sin trabajo?

Juracán respondió que deberíamos “imitar el modelo de Costa Rica que no ha permitido las actividades de minería” y señaló que hay otros métodos para emplear personas más allá de la minería, como el turismo y la agricultura.

Aseguró que la minería “no está generando el trabajo ni cumpliendo a la demanda laboral que requiere el país”.

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A esta pregunta: “Al día de hoy se cumplen 82 días sin un pronunciamiento de la CC sobre el caso San Rafael y el Estado dejado de percibir más de Q800 millones en regalías. ¿Qué opinión le merece este caso? ¿Considera que, aún así, el Estado no percibe nada y está siendo saqueado? 

El diputado respondió que si eso “realmente fuera la cantidad con la que se beneficia el Estado” que debería “multiplicarla por 99, ya que eso es lo que gana la empresa”.

Además sugirió que las mineras deberían pagar al menos “el 50% o 60% de regalís al Estado”.

A esta repregunta: “Pero diputado, según datos obtenidos por República, el 53% de los ingresos se quedan para el Estado. Es decir, de cada Q100, Q53 se quedan en Guatemala…”

Juracán respondió que esa era “una cuestión cuestionable” y que si eso fuera cierto “no debería haber pobreza en esas regiones”.

 

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