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Las prisiones, ¿un problema endémico?

Warren Orbaugh
16 de enero, 2018

El sistema penitenciario de Guatemala está prácticamente colapsado. El hacinamiento carcelario desde hace tiempo es una situación de verdadera infamia. Los estallidos de violencia y agresiones indiscriminadas están a la orden del día. Las víctimas de estos disturbios violentos no son sólo los privados de libertad, sino que funcionarios penitenciarios y de seguridad, así como visitantes que han perdido la vida por estar allí en el momento menos indicado. Las fugas de peligrosos criminales mediante “ordenes de liberación” falsas parece que se vuelven algo cotidiano. Y la aglomeración de reos trasciende los eventos violentos afectando cualquier acto cotidiano como tener un espacio para dormir, un lugar para satisfacer las necesidades fisiológicas, un área para estudiar, acudir a una cita con el médico, etc., todas rutinas cotidianas que se vuelven, no sólo difíciles sino que hasta arriesgadas. Y como guinda que corona el postre, las cárceles se han convertido en cuarteles generales de delincuentes que planean y dirigen extorsiones a ciudadanos mediante sus allegados que se encuentran en libertad.

Suponemos que las prisiones son esenciales para mantener a la sociedad segura. Un ladrón encarcelado no puede robar en tu casa. Un asaltante puede dudarlo si considera que asaltarte implicará ir a la cárcel. Sin la amenaza de la cárcel, los antisociales depredarían a los débiles, como hacen cuando el Estado es muy débil y poco convincente para aplicar un sistema apropiado de justicia.

Parecería que la seguridad se consigue metiendo más delincuentes o supuestos transgresores de la ley a la cárcel. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, más no necesariamente es mejor. Más prisiones no necesariamente son una mejor solución para alcanzar la seguridad ciudadana. A los primeros que encarcela una sociedad cuyos integrantes razonan bien, es a los criminales más peligrosos, a  asesinos y violadores. Sin embargo, entre más gente encarcela el Estado, menos peligroso suele ser el prisionero adicional. Se llega a un punto en que los costos de mantener a alguien en la cárcel superan los beneficios. Las prisiones son caras. Se deben construir cárceles, se debe contratar guardias, se debe alimentar a los encarcelados. El dinero que se gasta en prisiones no se puede gastar en otras cosas que puedan reducir el crimen, como el reclutamiento de más policías. El confinado no puede trabajar, mantener a su familia, ni pagar impuestos.

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Una sentencia de diez años cuesta diez veces más que una de un año y no es diez veces más efectiva en disuadir el crimen. Los criminales no piensan diez años al futuro. La encarcelación masiva destruye familias y reduce considerablemente las oportunidades de conseguir empleo para un ex convicto. La práctica, usual ahora, de encarcelar a un acusado a quien no se le ha demostrado ser culpable de delito alguno, como medida preventiva hasta que se le juzgue, contribuye de forma directa al problema del hacinamiento. Aparte de eso, contribuye a desvirtuar la justicia castigando a quien puede ser inocente, a veces con daños irreparables como el caso del doctor Erwin Raúl Castañeda quien falleció en espera de ser juzgado.

El sistema penitenciario debería usarse inteligentemente. Existe mucha evidencia de cómo hacerlo. La prisión se debería reservar para los peores criminales. A los menos peligrosos debiera cambiárseles el tipo de castigo por tratamiento para drogadictos financiados por ellos mismos, por servicio comunal y por otras penas de tipo pecuniarias que no les impidan trabajar, cuidar a sus familias y volver a la normalidad. A los acusados se les pueden dar medidas sustitutivas y/o colocar brazaletes con GPS para monitorear en donde se encuentran –una especie de prisión sin paredes.  Un estudio argentino sobre el tema encontró que los prisioneros de bajo riesgo que fueron obligados a llevar un brazalete electrónico que permite la localización a distancia en lugar de ser encarcelados eran menos propensos a reincidir en conductas criminales, probablemente porque convivían entre gente normal en lugar de permanecer sin oficio en una jaula con sociópatas.

Ahora que estamos en el proceso de la lucha contra la corrupción, convendría atender el problema penitenciario que está corrompiendo el sistema de justicia.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

Las prisiones, ¿un problema endémico?

Warren Orbaugh
16 de enero, 2018

El sistema penitenciario de Guatemala está prácticamente colapsado. El hacinamiento carcelario desde hace tiempo es una situación de verdadera infamia. Los estallidos de violencia y agresiones indiscriminadas están a la orden del día. Las víctimas de estos disturbios violentos no son sólo los privados de libertad, sino que funcionarios penitenciarios y de seguridad, así como visitantes que han perdido la vida por estar allí en el momento menos indicado. Las fugas de peligrosos criminales mediante “ordenes de liberación” falsas parece que se vuelven algo cotidiano. Y la aglomeración de reos trasciende los eventos violentos afectando cualquier acto cotidiano como tener un espacio para dormir, un lugar para satisfacer las necesidades fisiológicas, un área para estudiar, acudir a una cita con el médico, etc., todas rutinas cotidianas que se vuelven, no sólo difíciles sino que hasta arriesgadas. Y como guinda que corona el postre, las cárceles se han convertido en cuarteles generales de delincuentes que planean y dirigen extorsiones a ciudadanos mediante sus allegados que se encuentran en libertad.

Suponemos que las prisiones son esenciales para mantener a la sociedad segura. Un ladrón encarcelado no puede robar en tu casa. Un asaltante puede dudarlo si considera que asaltarte implicará ir a la cárcel. Sin la amenaza de la cárcel, los antisociales depredarían a los débiles, como hacen cuando el Estado es muy débil y poco convincente para aplicar un sistema apropiado de justicia.

Parecería que la seguridad se consigue metiendo más delincuentes o supuestos transgresores de la ley a la cárcel. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, más no necesariamente es mejor. Más prisiones no necesariamente son una mejor solución para alcanzar la seguridad ciudadana. A los primeros que encarcela una sociedad cuyos integrantes razonan bien, es a los criminales más peligrosos, a  asesinos y violadores. Sin embargo, entre más gente encarcela el Estado, menos peligroso suele ser el prisionero adicional. Se llega a un punto en que los costos de mantener a alguien en la cárcel superan los beneficios. Las prisiones son caras. Se deben construir cárceles, se debe contratar guardias, se debe alimentar a los encarcelados. El dinero que se gasta en prisiones no se puede gastar en otras cosas que puedan reducir el crimen, como el reclutamiento de más policías. El confinado no puede trabajar, mantener a su familia, ni pagar impuestos.

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Una sentencia de diez años cuesta diez veces más que una de un año y no es diez veces más efectiva en disuadir el crimen. Los criminales no piensan diez años al futuro. La encarcelación masiva destruye familias y reduce considerablemente las oportunidades de conseguir empleo para un ex convicto. La práctica, usual ahora, de encarcelar a un acusado a quien no se le ha demostrado ser culpable de delito alguno, como medida preventiva hasta que se le juzgue, contribuye de forma directa al problema del hacinamiento. Aparte de eso, contribuye a desvirtuar la justicia castigando a quien puede ser inocente, a veces con daños irreparables como el caso del doctor Erwin Raúl Castañeda quien falleció en espera de ser juzgado.

El sistema penitenciario debería usarse inteligentemente. Existe mucha evidencia de cómo hacerlo. La prisión se debería reservar para los peores criminales. A los menos peligrosos debiera cambiárseles el tipo de castigo por tratamiento para drogadictos financiados por ellos mismos, por servicio comunal y por otras penas de tipo pecuniarias que no les impidan trabajar, cuidar a sus familias y volver a la normalidad. A los acusados se les pueden dar medidas sustitutivas y/o colocar brazaletes con GPS para monitorear en donde se encuentran –una especie de prisión sin paredes.  Un estudio argentino sobre el tema encontró que los prisioneros de bajo riesgo que fueron obligados a llevar un brazalete electrónico que permite la localización a distancia en lugar de ser encarcelados eran menos propensos a reincidir en conductas criminales, probablemente porque convivían entre gente normal en lugar de permanecer sin oficio en una jaula con sociópatas.

Ahora que estamos en el proceso de la lucha contra la corrupción, convendría atender el problema penitenciario que está corrompiendo el sistema de justicia.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo