Este año Chile debe analizar si renueva la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sebastián Piñera, presidente electo que asumirá el cargo el 11 de marzo, podría denunciar el Convenio a solicitud de diversos sectores.
La posible decisión del próximo mandatario chileno preocupa a ciertos pueblos indígenas que consideran que estarían desprotegidos sin el Convenio.
El Convenio 169 establece una serie de obligaciones que deben cumplir los Estados suscritos en favor de los pueblos indígenas, pero podría llegar a su fin en Chile en 2019.
La razones del Presidente electo
Según Andrés Molina, diputado electo por Evópoli en La Araucanía y ex intendente de esa región, Piñera como presidente electo “no estaría conforme con su aplicación”, dice Molina.
La postura del mandatario es apoyada por la Multigremial de La Araucanía y el propio Molina en orden a revisar su continuidad.
“Cuando se suscribió el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así.
Ha dejado una sensación de no participación entre lo propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados”, señaló Molina.
Agregó que apoya una eventual salida del convenio, pues “este retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por mientras la gente se nos muere”.
Según el diputado electo, los privados que quieren invertir en La Araucanía sí considerarían la opinión del pueblo mapuche “mediante el contacto directo y a través de los propios proyectos de evaluación ambiental, donde está considerada la participación”.
Opiniones adversas
Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala que “la idea de desahuciar el convenio es un retroceso tremendo”.
“No porque las consultas indígenas se hayan implementado mal: por el incumplimiento de los estándares que el propio convenio establece, significa que tengamos que retirarnos”, indicó.
Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación indígena, explica que el retiro de un convenio internacional como el 169 “es una atribución exclusiva del Presidente, el que luego recoge la opinión de ambas cámaras.
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Pero en mi opinión salirse del convenio, o “denunciar” el convenio, que es el término jurídico correcto para tratados internacionales, no tiene sentido.
Según señala el propio convenio, si un miembro no hace uso de su derecho a “denuncia” quedará obligado durante un nuevo período de 10 años.
Con información de La Tercera
Este año Chile debe analizar si renueva la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sebastián Piñera, presidente electo que asumirá el cargo el 11 de marzo, podría denunciar el Convenio a solicitud de diversos sectores.
La posible decisión del próximo mandatario chileno preocupa a ciertos pueblos indígenas que consideran que estarían desprotegidos sin el Convenio.
El Convenio 169 establece una serie de obligaciones que deben cumplir los Estados suscritos en favor de los pueblos indígenas, pero podría llegar a su fin en Chile en 2019.
La razones del Presidente electo
Según Andrés Molina, diputado electo por Evópoli en La Araucanía y ex intendente de esa región, Piñera como presidente electo “no estaría conforme con su aplicación”, dice Molina.
La postura del mandatario es apoyada por la Multigremial de La Araucanía y el propio Molina en orden a revisar su continuidad.
“Cuando se suscribió el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así.
Ha dejado una sensación de no participación entre lo propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados”, señaló Molina.
Agregó que apoya una eventual salida del convenio, pues “este retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por mientras la gente se nos muere”.
Según el diputado electo, los privados que quieren invertir en La Araucanía sí considerarían la opinión del pueblo mapuche “mediante el contacto directo y a través de los propios proyectos de evaluación ambiental, donde está considerada la participación”.
Opiniones adversas
Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala que “la idea de desahuciar el convenio es un retroceso tremendo”.
“No porque las consultas indígenas se hayan implementado mal: por el incumplimiento de los estándares que el propio convenio establece, significa que tengamos que retirarnos”, indicó.
Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación indígena, explica que el retiro de un convenio internacional como el 169 “es una atribución exclusiva del Presidente, el que luego recoge la opinión de ambas cámaras.
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Pero en mi opinión salirse del convenio, o “denunciar” el convenio, que es el término jurídico correcto para tratados internacionales, no tiene sentido.
Según señala el propio convenio, si un miembro no hace uso de su derecho a “denuncia” quedará obligado durante un nuevo período de 10 años.
Con información de La Tercera