La jueza Rocío Albany Murillo Martínez perdió su inmunidad el 8 de enero de este año y hoy recibió otra mala noticia.
Tras solicitud de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, un juzgado accedió a decretar arraigo contra la profesional del derecho.
Con ello se asegura que Murillo permanezca en el país mientras se desarrolla el proceso en su contra.
El caso Hogar Seguro
Rocío Murillo es Jueza de Primera Instancia de San José Pinula. El Ministerio Público (MP) la vincula en la tragedia ocurrida el 7 de marzo de 2017 en la que perdieron la vida 41 menores.
Las autoridades la acusan de los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia.
La señalan de no actuar a tiempo para proteger la vida de las menores que denunciaron ser víctimas de abusos.
Tras quedar desamparadas por las autoridades que pudieron ayudarlas, las niñas y adolescentes intentaron fugarse y como castigo las encerraron.
Como protesta le prendieron fuego a unas colchonetas. Pero el fuego se propagó de inmediato y ellas no pudieron salir y la mayoría falleció.
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Otros implicados
En este caso también figuran otros implicados como exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social y empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Nación.
Asimismo, agentes de la Policía Nacional Civil, asignados al Hogar Seguro ubicado en San José Pinula.
Entre los delitos por los cuales serán juzgados figuran homicidio, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
La jueza Rocío Albany Murillo Martínez perdió su inmunidad el 8 de enero de este año y hoy recibió otra mala noticia.
Tras solicitud de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, un juzgado accedió a decretar arraigo contra la profesional del derecho.
Con ello se asegura que Murillo permanezca en el país mientras se desarrolla el proceso en su contra.
El caso Hogar Seguro
Rocío Murillo es Jueza de Primera Instancia de San José Pinula. El Ministerio Público (MP) la vincula en la tragedia ocurrida el 7 de marzo de 2017 en la que perdieron la vida 41 menores.
Las autoridades la acusan de los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia.
La señalan de no actuar a tiempo para proteger la vida de las menores que denunciaron ser víctimas de abusos.
Tras quedar desamparadas por las autoridades que pudieron ayudarlas, las niñas y adolescentes intentaron fugarse y como castigo las encerraron.
Como protesta le prendieron fuego a unas colchonetas. Pero el fuego se propagó de inmediato y ellas no pudieron salir y la mayoría falleció.
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Entre los delitos por los cuales serán juzgados figuran homicidio, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.