Un espacio de oxigenación en un contexto de polarización social.
Guatemala ha atravesado un proceso complejo desde mediados de 2016. Luego de la gran ofensiva anticorrupción del año 2015, la primera etapa de depuración judicial de las élites y una fase de reformas institucionales, el año 2016 trajo consigo una fractura en el movimiento social de transformación. La unidad social sobre el proceso de cambio político empezó a fragmentarse. A partir del 2017, afloraron las pasiones ideológicas y la polarización. Los consensos empezaron a romperse una vez hubo que abordar una agenda más profunda de reforma política. Los eventos de agosto y septiembre generaron un ambiente de polarización y conflicto político, que solo contribuyeron a acrecentar la fractura social y la incertidumbre.
Todo ello, reabrió profundas divisiones sociales e ideológicas. Algunas, fomentadas por los mismos promotores de la impunidad, quienes entienden que los temores de antaño constituyen el mejor mecanismo para frenar el tren antiimpunidad. Mientras que la ausencia de liderazgos políticos se ha hecho más que evidente, en un contexto en donde ninguna voz sensata ha tenido la capacidad de tender puentes intersectoriales que permitan construir las bases para un eventual pacto político de país.
En ese contexto complejo, desde el segundo semestre 2017, Cancillería y el Congreso de la República revivieron un tema olvidado por muchos: el diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala con Belice. Problema añejo que data de hace más de dos siglos, pero que hasta el día de hoy sigue siendo el mayor interés de política internacional de Guatemala. Tras varios años de impasse y tácticas dilatorias
–particularmente de los beliceños–, ambos Estados han acordado someter a Consulta Popular la cuestión de si el diferendo debe llevarse ante la Corte Internacional de Justicia. Y esto ocurre sin ataduras. Belice recién modificó su legislación que requería un altísimo –e inalcanzable– porcentaje de participación en la consulta para darle carácter
vinculante a la misma.
Es decir, ahora más que nunca existen las condiciones propicias para poder llevar a buen término el diferendo. Y lo que es mejor, amparados en la evidencia histórica y legal, Guatemala parece estar en una posición de gana-gana. No se me ocurre ningún escenario en el que el país sufra una mayor merma de sus derechos territoriales, marítimos o insulares. En cambio, todo apunta a que Guatemala bien podría recuperar (o consolidar) sus derechos sobre zonas territoriales con alto potencial turístico, pesquero, petrolero o de vocación forestal.
Y lo que es mejor, el tema de Belice probablemente constituye una de las pocas manifestaciones de nacionalismo cívico entre la sociedad guatemalteca. En una sociedad dividida por pasiones ideológicas, posiciones políticas, interpretaciones históricas, condiciones socioeconómicas, denominaciones religiosas y hasta equipos de fútbol, el tema de Belice constituye de las pocas fuentes de unidad nacional. Ese es quizá uno de los valores silenciosos del diferendo: se genera la oportunidad para volver a encontrar un tema de unidad nacional –así como la lucha anticorrupción lo fue en el 2015– y generar un respiro o un pequeño détente en un entorno proclive a la polarización.
Por ello, las campañas de difusión e información relacionadas al referéndum no solo contribuyen a poner punto final a un tema pendiente de la agenda internacional de Guatemala, sino que además, puede fomentar mayor espíritu de nacionalismo cívico, tan ausente en nuestro entorno.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Un espacio de oxigenación en un contexto de polarización social.
Guatemala ha atravesado un proceso complejo desde mediados de 2016. Luego de la gran ofensiva anticorrupción del año 2015, la primera etapa de depuración judicial de las élites y una fase de reformas institucionales, el año 2016 trajo consigo una fractura en el movimiento social de transformación. La unidad social sobre el proceso de cambio político empezó a fragmentarse. A partir del 2017, afloraron las pasiones ideológicas y la polarización. Los consensos empezaron a romperse una vez hubo que abordar una agenda más profunda de reforma política. Los eventos de agosto y septiembre generaron un ambiente de polarización y conflicto político, que solo contribuyeron a acrecentar la fractura social y la incertidumbre.
Todo ello, reabrió profundas divisiones sociales e ideológicas. Algunas, fomentadas por los mismos promotores de la impunidad, quienes entienden que los temores de antaño constituyen el mejor mecanismo para frenar el tren antiimpunidad. Mientras que la ausencia de liderazgos políticos se ha hecho más que evidente, en un contexto en donde ninguna voz sensata ha tenido la capacidad de tender puentes intersectoriales que permitan construir las bases para un eventual pacto político de país.
En ese contexto complejo, desde el segundo semestre 2017, Cancillería y el Congreso de la República revivieron un tema olvidado por muchos: el diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala con Belice. Problema añejo que data de hace más de dos siglos, pero que hasta el día de hoy sigue siendo el mayor interés de política internacional de Guatemala. Tras varios años de impasse y tácticas dilatorias
–particularmente de los beliceños–, ambos Estados han acordado someter a Consulta Popular la cuestión de si el diferendo debe llevarse ante la Corte Internacional de Justicia. Y esto ocurre sin ataduras. Belice recién modificó su legislación que requería un altísimo –e inalcanzable– porcentaje de participación en la consulta para darle carácter
vinculante a la misma.
Es decir, ahora más que nunca existen las condiciones propicias para poder llevar a buen término el diferendo. Y lo que es mejor, amparados en la evidencia histórica y legal, Guatemala parece estar en una posición de gana-gana. No se me ocurre ningún escenario en el que el país sufra una mayor merma de sus derechos territoriales, marítimos o insulares. En cambio, todo apunta a que Guatemala bien podría recuperar (o consolidar) sus derechos sobre zonas territoriales con alto potencial turístico, pesquero, petrolero o de vocación forestal.
Y lo que es mejor, el tema de Belice probablemente constituye una de las pocas manifestaciones de nacionalismo cívico entre la sociedad guatemalteca. En una sociedad dividida por pasiones ideológicas, posiciones políticas, interpretaciones históricas, condiciones socioeconómicas, denominaciones religiosas y hasta equipos de fútbol, el tema de Belice constituye de las pocas fuentes de unidad nacional. Ese es quizá uno de los valores silenciosos del diferendo: se genera la oportunidad para volver a encontrar un tema de unidad nacional –así como la lucha anticorrupción lo fue en el 2015– y generar un respiro o un pequeño détente en un entorno proclive a la polarización.
Por ello, las campañas de difusión e información relacionadas al referéndum no solo contribuyen a poner punto final a un tema pendiente de la agenda internacional de Guatemala, sino que además, puede fomentar mayor espíritu de nacionalismo cívico, tan ausente en nuestro entorno.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo