Cuando en abril del 2016 el Ejecutivo presentó un amparo contra el Decreto 13-2016 que hace reformas al Código Penal para castigar hasta con tres años de cárcel a los funcionarios y personas que manejen fondos públicos y que no asistan a las citaciones del Congreso. En el caso del amparo de la Mina San Rafael, si bien la Ley dicta que deben presentar su dictamen en un tiempo mucho menor, llevan a la fecha 114 días sin siquiera conocer el caso. El cese de operaciones de la mina ha causado el despido de 250 de sus trabajadores. A estos sumamos los despidos de negocios proveedores de la mina que ascienden a 3500 trabajadores. Eso significa un total aproximado de 3750 familias sin ingresos, asumiendo y esperando que más de algún padre o madre de familia haya encontrado ya otro empleo.

Gracias al fallo anterior de la CC, la mina no opera desde hace 217 días. Hay mucho malestar en San Rafael las Flores por la situación, si bien no contra la empresa a la que ven como fuente de prosperidad para su ciudad, su región y sobre todo, para sus familias. Los ciudadanos de esa localidad pidieron al Alcalde que intervenga, y según me contaron ha tratado de hacerlo de forma más privada, no públicamente, pero por ejemplo, le preocupa que ha iniciado el ciclo escolar sin las regalías de la mina. Algunos maestros, admirables diría, están dando clases gratis y otros cobrando un sueldo reducido para no dañar a la niñez de la zona.

Para mientras, los supuestos defensores de la naturaleza tienen bloqueo permanente en el km 80 de Casillas. Esto ha obligado a la mina a llevar combustible por vía aérea porque no pueden pasar, y a usar el mismo medio para extracción de basura. Si realmente les importara la ecología, y entendieran algo del tema sabrían que el combustible y la extracción de basura son esenciales para mantener la operación sin daños ecológicos. Pero obvio, eso es la última de sus preocupaciones. Se han dedicado a extorsionar a los pobladores de San Rafael, especialmente a los que aún trabajan en la mina. El cura sigue incitando a la violencia desde el púlpito diciendo que si “hay que morir pues hay que morir”. La Iglesia está dividida una parte apoya a la mina pero la Arquidiócesis que ya conoce el caso, apoya al curita guerrillero, si no es así ¿por qué no lo han removido?

Económicamente, el paro de la mina ha implicado para le economía del país una perdida de más de mil cien millones de quetzales. La última semana de enero le pagaron al Estado el .5% que se traduce en 6.2 millones de lo operado en ese semestre (medio mes de medio año). La Municipalidad de San Rafael debió recibir regalías voluntarias de 30 millones de quetzales que ahora no percibirán, tampoco el Estado recibirá ese mismo monto en regalías voluntarias.

No han exportado nada desde julio o agosto, así que no han pagado impuestos de exportación e ISR dejando el Estado de recibir solo en regalías e impuestos más de 130 millones de quetzales. Parte de los más de mil millones de quetzales que no han entrado al estado. De esos son más de 900 millones de Quetzales que no le han entrado a proveedores que se traducen en impuestos y salarios adicionales.

Mientras tanto, cn DC se preguntan porque la CC de Guatemala suspendió a la Mina y a que se debe la tardanza en emitir sus dictámenes cuando la Ley indica que debe hacerlo en pocos días luego de conocer el caso. El Senador Dean Heller de Nevada pregunto en Agosto 24 del 2017 al Secretario Rex Tillerson que estaba sucediendo con la mina, expresando preocupación ante el deterioro de las relaciones entre el empresariado estadounidense y los gobiernos en el Hemisferio. También el Representante Mark Amodei, de Nevada, escribió a Wilbur Ross, Secretario de Comercio de los Estados Unidos, manifestó su preocupación por comprender que esta situación representa no sólo un daño para una empresa estadounidense, sino también a la economía de Guatemala con las correspondientes implicaciones.

Como lo dije antes, no se necesita ser un neurocirujano para entender que cerrar esta mina es un daño para el país, y los únicos que ganan con esto son los terroristas delincuentes que mantienen el bloqueo en Casillas. Es por ende inaudito que la CC se permita, por un puñado de delincuentes sin bases solidas, justificar el daño a la comunidad, al departamento, a la región y al país. 

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