*Esta nota fue publicada el 27 de septiembre del 2016.
Parte del éxito que prometía el nuevo servicio del Transurbano consistía en un novedoso sistema prepago que limitaría las extorsiones y la violencia contra pilotos y usuarios en las unidades y en las paradas.
Seis años después de inaugurarse, el proyecto se encuentra bajo la mira del Ministerio Público (MP).
Según las autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) fue ilegal que el Estado otorgará una suma millonaria a entidades con fines de lucro. Así lo dejaron ver en el informe que realizaron en octubre pasado a solicitud del MP.
Al revisar los convenios de aporte económico se evidencian los desembolsos por U$35 millones (Q270 millones) que las autoridades entregaron a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para el sistema prepago.
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Para manejar los recursos, la AEAU conformó cuatro empresas las cuales tienen como representantes a los mismos directivos de la Asociación.
Al contar con las entidades, el siguiente paso fue crear el instrumento legal que permitiera la entrega de los recursos.
Alvaro Colom, en Consejo de Ministros, aprobó el acuerdo gubernativo 103-2009 donde facultó al Ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knigth la entrega de Q270 millones.
Repúblicagt intentó, durante una semana, una entrevista con el exmandatario. Pero su secretaria no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico, pese a que ofreció consultarlo con Colom.
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Los convenios
El 26 de octubre de 2009. Fuentes Knigth y el presidente de la AEAU Rudy Leonel Maldonado, suscribieron el primer convenio de aporte económico por un monto de Q80 millones.
¿La base legal? el Decreto 72-2008, Ley de Presupuesto, el acuerdo gubernativo firmado en Consejo de Ministros y los acuerdos de la Contraloría General de Cuentas, según detalla el documento.
En 2010 y 2011 se firmaron dos convenios similares, solo que el Ministerio era presidido por Alfredo Del Cid Pinillos.
El primero fue por Q80 millones y el segundo aporte fue de Q30 millones. Los documentos destacan la misma base legal que el convenio anterior.
Nos comunicamos en varias ocasiones al celular del exfuncionario, pero no atendió las llamadas.
Aunque el Partido Patriota criticó las acciones impulsadas por Colom siguió sus pasos en el tema del Transurbano y entregó la última suma de Q80 millones, según consta en el convenio 06-2016, firmado por el entonces viceministro Marco Antonio Gutiérrez.
Consultamos al exfuncionario y se defendió al señalar que solo cumplió con la orden dada por el entonces Ministro de Finanzas Pavel Centeno. Asímismo, explicó que el aporte estaba incluido en el presupuesto del año anterior.
“El Congreso aprobó en el presupuesto el aporte a la AEAU para temas de inversión y nosotros cumplimos con el decreto aprobado. Nuestra función fue cumplir lo que el honorable Congreso ordenó“, declaró Gutiérrez.
Sin embargo, autoridades de Acción Ciudadana (AC), entidad que elaboró un informe para detallar las irregularidades en el proyecto de Transurbano, aseguró que los funcionarios son responsables del dinero.
“Ellos (funcionarios) deben ser responsables por sus actos. Nadie está obligado a cumplir una orden ilegal”, declaró Manfredo Marroquín de AC.
Ahora solo queda esperar que el Ministerio Público establezca si hay delito que perseguir en el proyecto de Transurbano.
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Seis años después de inaugurarse, el proyecto se encuentra bajo la mira del Ministerio Público (MP).
Según las autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) fue ilegal que el Estado otorgará una suma millonaria a entidades con fines de lucro. Así lo dejaron ver en el informe que realizaron en octubre pasado a solicitud del MP.
Al revisar los convenios de aporte económico se evidencian los desembolsos por U$35 millones (Q270 millones) que las autoridades entregaron a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para el sistema prepago.
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Al contar con las entidades, el siguiente paso fue crear el instrumento legal que permitiera la entrega de los recursos.
Alvaro Colom, en Consejo de Ministros, aprobó el acuerdo gubernativo 103-2009 donde facultó al Ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knigth la entrega de Q270 millones.
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El primero fue por Q80 millones y el segundo aporte fue de Q30 millones. Los documentos destacan la misma base legal que el convenio anterior.
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Consultamos al exfuncionario y se defendió al señalar que solo cumplió con la orden dada por el entonces Ministro de Finanzas Pavel Centeno. Asímismo, explicó que el aporte estaba incluido en el presupuesto del año anterior.
“El Congreso aprobó en el presupuesto el aporte a la AEAU para temas de inversión y nosotros cumplimos con el decreto aprobado. Nuestra función fue cumplir lo que el honorable Congreso ordenó“, declaró Gutiérrez.
Sin embargo, autoridades de Acción Ciudadana (AC), entidad que elaboró un informe para detallar las irregularidades en el proyecto de Transurbano, aseguró que los funcionarios son responsables del dinero.
“Ellos (funcionarios) deben ser responsables por sus actos. Nadie está obligado a cumplir una orden ilegal”, declaró Manfredo Marroquín de AC.
Ahora solo queda esperar que el Ministerio Público establezca si hay delito que perseguir en el proyecto de Transurbano.
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