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Socialismo por decreto regulatorio

Redacción República
14 de febrero, 2018

El planteamiento de que el socialismo puede ser la consecuencia natural de un exceso de regulaciones gubernamentales podría ser exagerado, pero no demasiado.

Por definición, el socialismo se refiere a sistemas económicos y sociales caracterizados por el control social de los medios de producción. Paralelamente, las regulaciones se definen como un mecanismo de dirección con fuerza de ley dictado por una autoridad superior. Así, regulaciones gubernamentales excesivas pueden verse como el engranaje para un efectivo control gubernamental socialista de los medios de producción.

Desde esa perspectiva, el incremento de regulaciones federales en Estados Unidos año tras año no solamente es impactante, sino también lamentable. Anualmente el Instituto de Competitividad Empresarial publica un estudio sobre el tamaño, alcance y costo de las regulaciones federales, y cómo afectan a los consumidores americanos, negocios y la economía de EEUU.

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El informe, acertadamente titulado “Diez Mil Mandamientos”, alerta sobre el impacto de las regulaciones federales. Las regulaciones reciben poca atención específica en los debates políticos, porque, a diferencia de los impuestos, sus costos no son presupuestados y a menudo son indirectos y no aparecen en la contabilidad. Pero consideremos que el Registro Federal 2015 -publicación diaria de las reglas del gobierno federal- terminó el año con 80,260 páginas. Equivalente a más de 400 libros de tamaño promedio.

Aunque los costos regulatorios exactos no puedan conocerse completamente, el informe de los “Diez Mil Mandamientos” utiliza información gubernamental y privada para ofrecernos un resumen completo de los costos del Estado regulatorio.

El informe de 2016 destaca que los costos de las regulaciones federales sobrepasaron $1,885 billones (en español) durante 2015. Esa cifra es incomprensible para muchos de nosotros; entonces permítanme presentarla en contexto. Si las regulaciones federales de EEUU fueran un país, sería la novena mayor economía mundial, por encima de Rusia. Si asumimos que el costo de las regulaciones federales se transfiere directamente a los hogares, cada hogar de EEUU paga anualmente un impuesto regulatorio oculto de $14,842. Este impuesto escondido representa el 28% del presupuesto de gastos promedio por hogar.

De la misma manera que esos costos regulatorios permanecen esencialmente ocultos a la vista pública en nuestro sistema de presupuestos federales, tampoco se contabilizan en nuestro presupuesto personal hogareño. Pero inevitablemente el costo del cumplimiento de las regulaciones de negocios se expresa en los precios que los consumidores pagan, los salarios que los trabajadores reciben, y menores niveles de prosperidad. Pagamos la factura, pero la falta de transparencia sobre los costos reales de las regulaciones podría explicar nuestra indiferencia y voraz apetito por intervenciones gubernamentales paternalistas.

El paternalismo personifica la doble convicción socialista de que la mayoría de las personas toman malas decisiones cuando se les permite hacerlo por ellas mismas, y de que los negociantes, avariciosos, arriesgan al público ingenuo recortando gastos para hacer dinero extra. Si, comerciar requiere un interés propio que estimula y recompensa conductas egoístas. Pero eso no implica que hacer negocios presuponga dañar o explotar clientes. En un sistema de libre empresa las ganancias nacen de crear valores superiores para los clientes, no de explotarlos.

La política regulatoria impone el juicio de un pequeño grupo de “sabios” sobre un proceso de mercado de intercambios voluntarios que reflejan necesidades y preferencias de la población. En una economía de libre mercado cada intercambio voluntario dirige los recursos hacia donde su utilización suponga mayor valor. Entonces, cada regulación que obstaculiza intercambios voluntarios reduce la efectividad del uso de recursos e incrementa costos.

Los mercados no provocan crecientes burocracias ni ineficiencias; las regulaciones gubernamentales sí. Mercados competitivos impulsan innovación, satisfacción de consumidores y precios decrecientes. Después de todo, en los negocios no se triunfa dañando o maltratando a los clientes. Esto no es sugerir que las regulaciones sean innecesarias siempre. Políticas que buscan proteger a menores y a aquellos incapaces de hacer juicios sensatos son claramente defendibles, pero las que aspiran a proteger a las personas de ellas mismas socavan conceptos fundamentales de responsabilidad personal.

Aceptar responsabilidad por nuestras propias vidas es un logro moral e intelectual. Una celebración de nuestras libertades individuales. Filosóficamente, las regulaciones gubernamentales definen los límites entre la libertad y la coacción socialista.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

Socialismo por decreto regulatorio

Redacción República
14 de febrero, 2018

El planteamiento de que el socialismo puede ser la consecuencia natural de un exceso de regulaciones gubernamentales podría ser exagerado, pero no demasiado.

Por definición, el socialismo se refiere a sistemas económicos y sociales caracterizados por el control social de los medios de producción. Paralelamente, las regulaciones se definen como un mecanismo de dirección con fuerza de ley dictado por una autoridad superior. Así, regulaciones gubernamentales excesivas pueden verse como el engranaje para un efectivo control gubernamental socialista de los medios de producción.

Desde esa perspectiva, el incremento de regulaciones federales en Estados Unidos año tras año no solamente es impactante, sino también lamentable. Anualmente el Instituto de Competitividad Empresarial publica un estudio sobre el tamaño, alcance y costo de las regulaciones federales, y cómo afectan a los consumidores americanos, negocios y la economía de EEUU.

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El informe, acertadamente titulado “Diez Mil Mandamientos”, alerta sobre el impacto de las regulaciones federales. Las regulaciones reciben poca atención específica en los debates políticos, porque, a diferencia de los impuestos, sus costos no son presupuestados y a menudo son indirectos y no aparecen en la contabilidad. Pero consideremos que el Registro Federal 2015 -publicación diaria de las reglas del gobierno federal- terminó el año con 80,260 páginas. Equivalente a más de 400 libros de tamaño promedio.

Aunque los costos regulatorios exactos no puedan conocerse completamente, el informe de los “Diez Mil Mandamientos” utiliza información gubernamental y privada para ofrecernos un resumen completo de los costos del Estado regulatorio.

El informe de 2016 destaca que los costos de las regulaciones federales sobrepasaron $1,885 billones (en español) durante 2015. Esa cifra es incomprensible para muchos de nosotros; entonces permítanme presentarla en contexto. Si las regulaciones federales de EEUU fueran un país, sería la novena mayor economía mundial, por encima de Rusia. Si asumimos que el costo de las regulaciones federales se transfiere directamente a los hogares, cada hogar de EEUU paga anualmente un impuesto regulatorio oculto de $14,842. Este impuesto escondido representa el 28% del presupuesto de gastos promedio por hogar.

De la misma manera que esos costos regulatorios permanecen esencialmente ocultos a la vista pública en nuestro sistema de presupuestos federales, tampoco se contabilizan en nuestro presupuesto personal hogareño. Pero inevitablemente el costo del cumplimiento de las regulaciones de negocios se expresa en los precios que los consumidores pagan, los salarios que los trabajadores reciben, y menores niveles de prosperidad. Pagamos la factura, pero la falta de transparencia sobre los costos reales de las regulaciones podría explicar nuestra indiferencia y voraz apetito por intervenciones gubernamentales paternalistas.

El paternalismo personifica la doble convicción socialista de que la mayoría de las personas toman malas decisiones cuando se les permite hacerlo por ellas mismas, y de que los negociantes, avariciosos, arriesgan al público ingenuo recortando gastos para hacer dinero extra. Si, comerciar requiere un interés propio que estimula y recompensa conductas egoístas. Pero eso no implica que hacer negocios presuponga dañar o explotar clientes. En un sistema de libre empresa las ganancias nacen de crear valores superiores para los clientes, no de explotarlos.

La política regulatoria impone el juicio de un pequeño grupo de “sabios” sobre un proceso de mercado de intercambios voluntarios que reflejan necesidades y preferencias de la población. En una economía de libre mercado cada intercambio voluntario dirige los recursos hacia donde su utilización suponga mayor valor. Entonces, cada regulación que obstaculiza intercambios voluntarios reduce la efectividad del uso de recursos e incrementa costos.

Los mercados no provocan crecientes burocracias ni ineficiencias; las regulaciones gubernamentales sí. Mercados competitivos impulsan innovación, satisfacción de consumidores y precios decrecientes. Después de todo, en los negocios no se triunfa dañando o maltratando a los clientes. Esto no es sugerir que las regulaciones sean innecesarias siempre. Políticas que buscan proteger a menores y a aquellos incapaces de hacer juicios sensatos son claramente defendibles, pero las que aspiran a proteger a las personas de ellas mismas socavan conceptos fundamentales de responsabilidad personal.

Aceptar responsabilidad por nuestras propias vidas es un logro moral e intelectual. Una celebración de nuestras libertades individuales. Filosóficamente, las regulaciones gubernamentales definen los límites entre la libertad y la coacción socialista.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo