Alrededor de $76 millones será lo que exigirá el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por el pago de fianzas a raíz del abandono del proyecto de la carretera CA-2 Occidente a cargo de la empresa brasileña Odebrecht,

El ministro del CIV, Aldo García, informó que se realizará una reunión con los representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas para establecer una ruta a seguir en este proyecto que “ha dejado estancada la rehabilitación de los principales tramos del occidente del país”.

“La fianza de cumplimiento es por 35 millones de dólares, más de 3 millones que se agregaron por los cambios, y la fianza de anticipo es por 38 millones de dólares. Mismas que se les dio un plazo para que fueran entregadas y no lo hicieron. Por ello tomamos la decisión de reclamar nuestros derechos”, explicó García.

En total son 140 kilómetros los que se le habían adjudicado a la empresa brasileña desde el gobierno anterior. Las autoridades buscarán liquidar el contrato y poder iniciar un nuevo proceso de licitación para comenzar con el mejoramiento de este tramo.

El CIV trabaja desde hace varios meses en una negociación con la firma. Esto con el fin de que acceda a que el Gobierno pueda intervenir en la reparación de la ruta, sin afectar el proceso penal en desarrollo.

Odebrecht: caso de corrupción

La brasileña Odebrecht cobró al Estado alrededor de $249,8 millones en anticipos por la ejecución de la carretera. Estos corresponden aproximadamente a un 75% del costo total de la obra. Sin embargo el avance solo representó el 30%. Posteriormente, el proyecto quedó abandonado.

El contrato, según investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se le otorgó a Odebrecht en 2012. Se llevaron a cabo negociaciones fraudulentas entre la empresa y exfuncionarios que ahora se les acusa de varios delitos. Entre ellos Alejandro Sinibaldi, exministro del CIV, quien exigió $17,9 millones en “comisiones ilícitas”, según la investigación. Manuel Baldizón, candidato a la presidencia en 2015, también ha sido señalado en el caso.

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