Este lunes la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó los resultados del Plan Emergente de Devolución de Crédito Fiscal de 2017, así como el plan de trabajo 2018.

De acuerdo con las autoridades, hasta el 31 de enero se autorizaron Q890 millones a los contribuyentes. Esto con relación a la presa de crédito fiscal de los 2013, 2014 y 2015.

El intendente de fiscalización, Leonel Villamar, afirmó que se empezará a estudiar los casos de devolución fiscal de los ejercicios 2016 y 2017 y que para este análisis contrataron 20 auditores más y crearon una sección especial.

Presentan resultados del Plan Emergente de Devolución del Crédito Fiscal. Imagen: SAT Twitter
Presentan resultados del Plan Emergente de Devolución del Crédito Fiscal. Imagen: SAT Twitter

Empresarios esperan

La tardanza generalizada sigue perjudicando a la mayoría de las empresas, cuyos costos de operación se ven afectados con el consecuente deterioro en la competitividad.

Solo desde el 2013 a 2017 se tenían pendientes 2 mil 727 expedientes de devolución de crédito fiscal, los cuales representaban 3 mil 584 millones 541 mil 465 quetzales; un monto millonario que se dejaba de percibir en la economía guatemalteca. Solo para el sector exportador en general la presa superaba los 2 millardos de quetzales.

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A pesar de haber concluido los procesos de devolución del crédito fiscal de los ejercicios 2013 al 2015, todavía están pendientes dos años (2016 y 2017) más lo que haya transcurrido de este 2018. 

“Con el tema del crédito fiscal y la negligencia de la SAT, el efecto es dañino para las empresas porque se des-capitalizan. Les afectan su flujo de caja por lo que se incrementan sus costos y hay unas empresas que no pueden seguir operando porque ya es demasiado lo que les debe el gobierno”, explica Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES)

Señalamientos al crédito fiscal

El 25 de enero, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaron una estructura de tráfico de influencias que agilizaba la devolución del crédito fiscal a cambio de comisiones. 

Según las autoridades, formaron parte de ésta ex Superintendentes de Administración Tributaria, miembros del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Partido Patriota (PP). El caso fue denominado Traficantes de Influencias, y fue a partir de estas capturas que el tema de “crédito fiscal” volvió a acaparar la opinión pública.

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