A la luz de la visita de la Embajadora Nikki Haley y del clarísimo jalón de orejas que le hizo a la Cicig para que deje sus shows mediáticos y haga su trabajo apegada a su mandato, sin saltarse las trancas, es inevitable recordar que la Cicig en muchos casos ha utilizado testigos falsos, ha sido como bien dijo Velásquez, “un tractor” que pasará por encima de quien sea. Esto nos hace pensar en los muchos que están presos porque se lo merecen, frente a los muchos que están presos injustamente.
Entre los desaciertos de la comisión están dos casos que me vienen en mente luego de leer algunos artículos sobre los mismos en redes sociales. Uno es el caso del empresario Max Quirin, quien Danilo Parrinello describe en sus artículos “Max Quirin: Historia de una infamia” publicados en el 2017 en El Periódico, como un empresario y un guatemalteco ejemplar. Su pecado: representar a CACIF en la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Ya había representado exitosamente al sector productivo ante Pronacom y en la Junta Monetaria.
Como otras entidades del Estado, y por razones más que obvias CACIF tiene un representante en la Junta Directiva de todas las instituciones empresariales de gobierno. Está presente en el IGSS como lo está en la JD del Puerto Santo Tomás de Castilla, por ejemplo. Es la JD la que toma las decisiones de la empresa, que funcionan generalmente con una gran autonomía del Ejecutivo, como si fuesen empresas normales. El 20 de mayo del 2015 fue arrestado el Sr Quirin, acusado de Fraude en la Administración Pública. Cabe mencionar que no es lo mismo ser Presidente de la JD que ser representante de CACIF, del Mineco o similar. El grado de autoridad e injerencia varía drásticamente. Es decir, no es que entra la plata y todos los miembros de las JD se la despotrican a su sabor y antojo. Eso es más bien aplicable a otras entidades, como aduanas, no a estas. Y que conste que no justifico la existencia misma de empresas estatales, que es de por sí, una aberración ya que se ha demostrado mil veces que empresa y estado no debieran mezclarse.
El debido proceso es pues en el Caso Quirin, como en muchos casos, un concepto foráneo porque francamente es como de extraterrestres. Primero se interpuso un amparo el 16 de febrero de 2016, resolviendo la primera instancia el 29 de julio de 2016 notificada hasta el 8 de noviembre. Presentaron apelación el 10 de noviembre del 2016 y se le dio trámite el 22 de noviembre, y les importó un pepino que el Artículo 66 de la Ley de Amparo establece que se debe señalar vista pública en un plazo de tres días y dictar sentencia en uno de cinco. El segundo amparo se interpuso el 1 de marzo de 2016 por haber dejado su puesto en el IGSS. La primera instancia se resolvió el 20 de octubre de 2016 pero se notificó hasta el 2 de noviembre. Se presentó una Aclaración el 3 de noviembre pues falsamente se resolvió en sentencia que se estaban interponiendo recursos para retardar el proceso. El Artículo 71 de la Ley de Amparo dice que se debe responder en 48 horas y también les importó un pepino. No ha podido apelar porque no se ha resuelto ni notificada la aclaración. Para más agravar la violación al debido proceso, la investigación debe durar no más de tres meses, y en este caso lleva más de dos años. Las 33 audiencias del debate oral iniciaron el 26 de octubre del 2016, y se diligenció un 70 por ciento de la prueba, apuntando a que lo tenían que absolver ya que los mismos peritos del MP le dieron la razón. Para obviamente corregirle la plana a la Cicig y al MP, el 15 de enero de 2017 uno de los Jueces que integra el Tribunal Noveno de Sentencia Penal se excusó aduciendo que había recibido presiones de la Magistrada Blanca Stalling.
El otro caso que me viene en mente es el del Coronel Juan Chiroy Sal y los soldados acusados de ejecución extrajudicial y en grado de tentativa por sucesos supuestamente ocurridos en octubre de 2012 en la llamada Cumbre de Alaska. En este caso, debía resolverse en no más de ocho meses, pero ya lleva casi cinco años en un sistema de justicia en el que no existe el debido proceso, en el que se viola los derechos humanos selectivamente, se usa la Ley como material para la quema del diablo y en el que la presunción de inocencia y la justicia “pronta y cumplida”, no valen nada. En la fase de investigación que concluyó el 10 de enero del 2013, el MP declaró y se concluyó que no aplicaban los delitos imputados. Cómo la gana es meter presos a los militares, se envió a juicio por incumplimiento de deberes. “Este delito, de acuerdo con el Código Procesal Penal, admite una medida sustitutiva de libertad, pero la señora juez no se la otorgó. El Ministerio Público no ha podido aportar nuevos elementos contra el señor Chiroy Sal (porque no los hay), motivo por el cual se le sigue juzgando por el delito de Incumplimiento de Deberes, sin embargo, continúa en prisión preventiva”, señala David Pineda, abogado del coronel.
Mientras que medida sustitutiva le fuera otorgada a Fuentes Knight por el caso del mega robo del Transurbano, lo dejan libre con una multa de Q500 mil, que por cierto, nadie se pregunta de dónde sacó tanto dinero este señor que no es empresario, y ha sido burócrata toda su vida. Juntar medio millón de Quetzales de un día al otro no es sencillo. Lo mismo con Anabella De León, acusada de creación de plazas fantasma y adquisición de bienes que el Registro de la Propiedad que dirigía no recibió, sale“molto facile” de prisión luego de pagar Q300 mil en enero del 2018. Ella arrestada por en el caso “Botín Registro de la Propiedad”. Les dieron arresto domiciliario con caución económica de Q100 mil a Jorge Luis Monterroso Toledo y Luis Fernando Leal Toledo. A María Eugenia Valdez Gómez y Jorge Estuardo Moreno de León, les dieron medida sustitutiva pagando Q300 mil cada uno, mientras que María Lorena Silva Rosales tendrá obligación de presentarse a la judicatura, y Rudy Villeda, tiene prohibido acercarse y tener comunicación con los sindicados y la Superintendencia de Administración Tributaria. Todos estos últimos por casos de defraudación fiscal y financiamientos ilícitos. Mientras que a Birete, el francés que declaró en falso a petición de la Cicig en los juicios de Erwin Sperisen cambiando su testimonio tantas veces que en el segundo juicio tuvieron que dejarlo fuera, goza de su libertad en su natal Francia luego de asesinar a dos personas y haber confesado sus crímenes en el caso Chez Pierre. Justicia selectiva, ¿usted qué piensa?
República es ajena a l opinión expresada en este artículo
A la luz de la visita de la Embajadora Nikki Haley y del clarísimo jalón de orejas que le hizo a la Cicig para que deje sus shows mediáticos y haga su trabajo apegada a su mandato, sin saltarse las trancas, es inevitable recordar que la Cicig en muchos casos ha utilizado testigos falsos, ha sido como bien dijo Velásquez, “un tractor” que pasará por encima de quien sea. Esto nos hace pensar en los muchos que están presos porque se lo merecen, frente a los muchos que están presos injustamente.
Entre los desaciertos de la comisión están dos casos que me vienen en mente luego de leer algunos artículos sobre los mismos en redes sociales. Uno es el caso del empresario Max Quirin, quien Danilo Parrinello describe en sus artículos “Max Quirin: Historia de una infamia” publicados en el 2017 en El Periódico, como un empresario y un guatemalteco ejemplar. Su pecado: representar a CACIF en la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Ya había representado exitosamente al sector productivo ante Pronacom y en la Junta Monetaria.
Como otras entidades del Estado, y por razones más que obvias CACIF tiene un representante en la Junta Directiva de todas las instituciones empresariales de gobierno. Está presente en el IGSS como lo está en la JD del Puerto Santo Tomás de Castilla, por ejemplo. Es la JD la que toma las decisiones de la empresa, que funcionan generalmente con una gran autonomía del Ejecutivo, como si fuesen empresas normales. El 20 de mayo del 2015 fue arrestado el Sr Quirin, acusado de Fraude en la Administración Pública. Cabe mencionar que no es lo mismo ser Presidente de la JD que ser representante de CACIF, del Mineco o similar. El grado de autoridad e injerencia varía drásticamente. Es decir, no es que entra la plata y todos los miembros de las JD se la despotrican a su sabor y antojo. Eso es más bien aplicable a otras entidades, como aduanas, no a estas. Y que conste que no justifico la existencia misma de empresas estatales, que es de por sí, una aberración ya que se ha demostrado mil veces que empresa y estado no debieran mezclarse.
El debido proceso es pues en el Caso Quirin, como en muchos casos, un concepto foráneo porque francamente es como de extraterrestres. Primero se interpuso un amparo el 16 de febrero de 2016, resolviendo la primera instancia el 29 de julio de 2016 notificada hasta el 8 de noviembre. Presentaron apelación el 10 de noviembre del 2016 y se le dio trámite el 22 de noviembre, y les importó un pepino que el Artículo 66 de la Ley de Amparo establece que se debe señalar vista pública en un plazo de tres días y dictar sentencia en uno de cinco. El segundo amparo se interpuso el 1 de marzo de 2016 por haber dejado su puesto en el IGSS. La primera instancia se resolvió el 20 de octubre de 2016 pero se notificó hasta el 2 de noviembre. Se presentó una Aclaración el 3 de noviembre pues falsamente se resolvió en sentencia que se estaban interponiendo recursos para retardar el proceso. El Artículo 71 de la Ley de Amparo dice que se debe responder en 48 horas y también les importó un pepino. No ha podido apelar porque no se ha resuelto ni notificada la aclaración. Para más agravar la violación al debido proceso, la investigación debe durar no más de tres meses, y en este caso lleva más de dos años. Las 33 audiencias del debate oral iniciaron el 26 de octubre del 2016, y se diligenció un 70 por ciento de la prueba, apuntando a que lo tenían que absolver ya que los mismos peritos del MP le dieron la razón. Para obviamente corregirle la plana a la Cicig y al MP, el 15 de enero de 2017 uno de los Jueces que integra el Tribunal Noveno de Sentencia Penal se excusó aduciendo que había recibido presiones de la Magistrada Blanca Stalling.
El otro caso que me viene en mente es el del Coronel Juan Chiroy Sal y los soldados acusados de ejecución extrajudicial y en grado de tentativa por sucesos supuestamente ocurridos en octubre de 2012 en la llamada Cumbre de Alaska. En este caso, debía resolverse en no más de ocho meses, pero ya lleva casi cinco años en un sistema de justicia en el que no existe el debido proceso, en el que se viola los derechos humanos selectivamente, se usa la Ley como material para la quema del diablo y en el que la presunción de inocencia y la justicia “pronta y cumplida”, no valen nada. En la fase de investigación que concluyó el 10 de enero del 2013, el MP declaró y se concluyó que no aplicaban los delitos imputados. Cómo la gana es meter presos a los militares, se envió a juicio por incumplimiento de deberes. “Este delito, de acuerdo con el Código Procesal Penal, admite una medida sustitutiva de libertad, pero la señora juez no se la otorgó. El Ministerio Público no ha podido aportar nuevos elementos contra el señor Chiroy Sal (porque no los hay), motivo por el cual se le sigue juzgando por el delito de Incumplimiento de Deberes, sin embargo, continúa en prisión preventiva”, señala David Pineda, abogado del coronel.
Mientras que medida sustitutiva le fuera otorgada a Fuentes Knight por el caso del mega robo del Transurbano, lo dejan libre con una multa de Q500 mil, que por cierto, nadie se pregunta de dónde sacó tanto dinero este señor que no es empresario, y ha sido burócrata toda su vida. Juntar medio millón de Quetzales de un día al otro no es sencillo. Lo mismo con Anabella De León, acusada de creación de plazas fantasma y adquisición de bienes que el Registro de la Propiedad que dirigía no recibió, sale“molto facile” de prisión luego de pagar Q300 mil en enero del 2018. Ella arrestada por en el caso “Botín Registro de la Propiedad”. Les dieron arresto domiciliario con caución económica de Q100 mil a Jorge Luis Monterroso Toledo y Luis Fernando Leal Toledo. A María Eugenia Valdez Gómez y Jorge Estuardo Moreno de León, les dieron medida sustitutiva pagando Q300 mil cada uno, mientras que María Lorena Silva Rosales tendrá obligación de presentarse a la judicatura, y Rudy Villeda, tiene prohibido acercarse y tener comunicación con los sindicados y la Superintendencia de Administración Tributaria. Todos estos últimos por casos de defraudación fiscal y financiamientos ilícitos. Mientras que a Birete, el francés que declaró en falso a petición de la Cicig en los juicios de Erwin Sperisen cambiando su testimonio tantas veces que en el segundo juicio tuvieron que dejarlo fuera, goza de su libertad en su natal Francia luego de asesinar a dos personas y haber confesado sus crímenes en el caso Chez Pierre. Justicia selectiva, ¿usted qué piensa?
República es ajena a l opinión expresada en este artículo