Orlando Blanco no puede salir del país

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El diputado Orlando Blanco no puede salir del país luego de que se decretara arraigo en su contra por la acusación de financiamiento electoral ilícito contra el congresista.

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Electorales, solicitó la medida contra el legislador al Juzgado de Asuntos Urgentes que resolvió a favor de las autoridades.

El arraigo permite asegurar la presencia del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en el país para responder por la acusación en su contra.

El congresista habría cometido el delito en el proceso electoral pasado, cuando fungió como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización política.

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En proceso de investigación

Este miércoles los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron quitar la inmunidad al parlamentario Blanco, quien ahora puede ser investigado por el Ministerio Público.

El 24 de agosto del 2017, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dieron a conocer la investigación sobre “Financiamiento Electoral Ilícito, Campaña Política 2015”, que involucra a los partidos UNE  y Líder.

La UNE “incumplió con sus obligaciones de reportar al Tribunal Supremo Electoral aportes dinerarios destinados al pago de transporte aéreo, prestado por la empresa Helicópteros de Guatemala, S.A.”, indica el MP.

Los servicios aéreos fueron prestados a distintos candidatos, entre ellos Francisco Echeverría, Sandra Julieta Torres Casanova, Carlos Barreda, Mario Vicente López Rodas y Orlando Joaquín Blanco Lapola, por la suma de dos Q2 millones 216 mil, 850.00.”, agregan las autoridades.

La UNE reportó Q1 millón, 652 mil, 484.65 como “aportes no dinerarios” de BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A., para transporte aéreo.

A raíz de la información, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), una auditoría para las entidades que aparecían en la contratación de vuelos para la UNE, añade el MP.

Se solicitó a la SAT una auditoría para las entidades que aparecían en la contratación de vuelos ejecutados por el partido político en mención.

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