El miércoles 7 de marzo la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que para fallar de mejor manera en el caso de la Minera San Rafael necesitaba información adicional.

Por ello pidió a los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Cultura, así como a las universidades San Carlos y del Valle, remitir, revisar o elaborar documentación en estos tres aspectos:

  1. Licencias de explotación minera entregadas a la empresa
  2. Estudio de Impacto Ambiental y seguimiento a su cumplimiento
  3. Análisis de la presencia del pueblo Xinca en el área

Para cumplir con esta demanda de la Corte, los magistrados concedieron diferentes plazos a las entidades dependiendo del estudio requerido.

El tiempo más largo es de 15 días hábiles a partir la notificación de la CC, pero este martes se cumplen cinco días de la resolución y hasta el 12 de marzo, ninguna de las instituciones había sido notificada.

Confirman que no han sido notificados

En el Ministerio de Cultura se confirmó que todavía no reciben la solicitud de la Corte de Constitucionalidad, aunque están a la espera que ello ocurra.

Al Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), tampoco ha llegado la notificación.

Édgar Esquit, director de esa entidad, comentó que la semana pasada lo llamaron para avisarle de la solicitud, pero subrayó que todavía no llega la petición formal de los magistrados para conocer los términos del estudio requerido.

Eso sí, dijo que el IDEI ya cuentan con algunas investigaciones relacionadas con el pueblo Xinca que podrían agilizar la petición de las autoridades.

Asimismo, Victoria Eugenia Rosales, Secretaria General de la Universidad del Valle de Guatemala, respondió que tampoco han recibido la notificación de la CC.

Silencio en la CC

Se contactó al portavoz de la Corte de Constitucionalidad, Santiago Palomo, para conocer el estado de las notificaciones. Escuchó el requerimiento y ofreció averiguar del tema, pero ya no respondió a la solicitud de información.

Mientras tanto, en la Minera San Rafael indicaron que tampoco han recibido la notificación de la resolución dada a conocer de manera pública el miércoles 7 de marzo.

El Ministro de Energía y Minas, Luis Chang, dijo que esperaban ser notificados el lunes y subrayó que su trabajo es reforzar la seguridad jurídica en estos temas.

Empresa ya despidió a 500 empleados

En tanto la Corte se toma el tiempo para resolver el amparo, la empresa ya despidió casi a la mitad del número de empleados.

La compañía sostuvo el trabajo de todos los trabajadores durante seis meses del año pasado aunque no operó, pero en lo que va de 2018 ya cesó a 500 empleados debido a la incertidumbre que genera la actuación de la Corte de Constitucionalidad.

Según el Ministerio de Trabajo, los trabajadores despedidos recibieron todas sus prestaciones, pero lo lamentable es que se sigan cerrando fuentes de empleo, porque también se perdieron unos 3,500 empleos indirectos, reportan los proveedores de la minera.

Aparte de lo anterior, el municipio de San Rafael Las Flores y otros municipios cercanos, así como el Estado, no han recibido regalías porque la mina está paralizada desde inicios de julio de 2017.

El Banco de Guatemala considera que el cierre de la mina tiene un efecto negativo en el crecimiento económico del país, además, las cámaras empresariales subrayan que se envían mensajes negativos para el inversionista extranjero.

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