Un modelo teórico frente al dilema de la cooptación.

El primer Artículo de la Constitución Política de la República establece que la razón de ser del Estado de Guatemala es “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. El texto constitucional parte de la premisa que nuestro sistema es moderno, y que aspira a coordinar las relaciones sociales para promover el bienestar del colectivo. Sin embargo, el Estado guatemalteco aún mantiene rasgos pre-modernos, sobre todo, en el funcionamiento operativo del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, la obra gris, la tercerización de negocios de licencias y pasaportes, el deporte federado y los consejos de desarrollo han sido durante las últimas dos décadas las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto político no es más que la disputa entre partidos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. En esta carrera, el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a las fuentes de enriquecimiento.

Este modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores –sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etcétera– han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante.

En este sistema, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de un privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica del Estado patrimonial es su burocracia. Salvo varias excepciones, los funcionarios no se eligen por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía política. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de servicio, sino la búsqueda de riqueza vía el abuso de poder.

Por todo lo anterior, más que hablar de un Estado cooptado por una mafia gobernante, lo que tenemos en Guatemala es un sistema político con un diseño institucional pre-moderno y que genera una serie de incentivos perversos, como es ver en la acción pública una fuente de riqueza. Por esa razón es que hemos visto como partidos de derecha como de izquierda pasan por el poder, y todos operan bajo el mismo modelo de incentivos patrimonialistas.

De aceptar como válida la reflexión anterior, debemos entonces reconocer que el combate al sistema patrimonial no se limita exclusivamente a la depuración judicial de las élites que actuaron de forma ilícita en su participación dentro del sistema. Un combate profundo al patrimonialismo requiere de una agenda de modernización institucional, de un proceso sustantivo de reforma legal, de una renovación de élites y liderazgos, y sobre todo, de una revalorización ética de la política.

 

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