Ocho organizaciones participaron en las audiencias públicas promovidas por la Comisión Extraordinaria, encargada de analizar el delito de financiamiento electoral ilícito. La mayoría de planteamientos coincidió en que el segundo párrafo que habla de las personas que aportan de forma anónima y quienes reciben el aporte y no lo incluyen en los libros contables deben tener penas de prisión menores a quienes financian con dinero ilícito.

Como está redactado el artículo 407 N las penas de prisión de 4 a 12 años son para las tres conductas. Fue por ello, que la Corte de Constitucionalidad exhortó al Congreso a modificar el segundo párrafo. Durante las audiencias públicas fueron varias las voces que coincidieron en que las penas deben ser menores.

Nuestra recomendación es que dicho ajuste legislativo establezca una pena para las conductas del primer párrafo y otra proporcionalmente menor para el segundo párrafo”, detalló el representante de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo ATAL.

En la misma línea se pronunciaron las organizaciones ASIES y la Fundación Mirna Mack, quienes recomendaron que la pena máxima debería de ser ocho años. “Nuestra propuesta es que no exista la sanción máxima a la que hace relación el primer año, que es de doce años “, dijo Andy Javalois, analista jurídica de la Fundación.

La postura de CACIF

Al sector privado no le corresponde hacer un planteamiento específico, pero si manifestar opinión, afirmó Jose Pivaral, quien representó a CACIF en la audiencia. Mediante un comunicado señalaron que corresponde primero introducir los criterios de proporcionalidad y racionalidad con relación a la pena.


Luego de escuchar las propuestas, ahora le corresponde a los diputados analizarlas. Se espera que el primer borrador de la reforma al delito este listo después de la Semana Santa. La comisión tiene 45 días, así lo decidió el pleno cuando acordó crear la sala extraordinaria.

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