Era de esperar.

Porque ningún monopolio improvisado de la coacción puede resultar limpio al final de cuentas.

La CICIG es un engendro producto de mentes culturalmente muy limitadas y de intensiones demasiado retorcidas. A resulta de lo cual, al concentrar en sí misma el muy efectivo recurso de la denuncia penal, ha terminado por congelar la vida cívica del país y sembrado por doquier un mensaje de odio oportunista y de incertidumbre legal a un tiempo, que se hace obvio en la paralización de las inversiones y el crecimiento del desempleo.

Encima, en manos de extranjeros que jamás habían puesto pie en Guatemala y mucho menos preocupados por el futuro de nuestros hijos y nietos. Peor aún, arribados con prejuicios muy arrogantes sobre la realidad chapina producto de su mayúscula ignorancia y la de las autoridades internacionales que los escogieron.

Y por todo eso, desde el momento que fue puesta a discusión pública en el 2007, lamenté tanto esa iniciativa y hasta apoyé públicamente la demanda interpuesta por tres distinguidos juristas para declarar inconstitucional su aprobación: Humberto Grazioso Bonetto, José Luis González Dubón y Carlos Humberto Rivera Carrillo, en los días en que la CICIG todavía no pasaba de ser a mis ojos un mero proyecto insensato.

Reitero, ninguno de los privilegios otorgados a un monopolio estatal que no sean de los constitucionalmente especificados ha sido recomendable. Tal prevención ha quedado profundamente enraizada en nuestra naturaleza animal tan predatoria.

Y todo se vuelve peor aún cuando se concentran en las manos de extranjeros prejuiciosos y despectivos hacia la población local, y contaminados por la contienda ideológica de nuestros días.

Forrados, eso sí, de privilegios e inmunidades como ningún otro funcionario público que hubiere nacido aquí o en cualquier otro rincón del planeta: inmunidad de por vida, salarios suculentos, acceso indiscriminado a escuchas telefónicas de los ciudadanos, mal uso de testigos “protegidos”, muchos de ellos, por demás, falsos y, sin embargo, mal llamados “eficaces”; fabricación indiscriminada y embustera de pruebas, reclusión indefinida hasta por años de cualquier acusado sin juicio previo condenatorio a las que se les niega el derecho constitucional a la presunción de inocencia, sin pruebas, como sucede en algunos de los “peladeros” de la prensa escrita. Peor aún, sin obligación efectiva alguna a rendir cuentas ante las autoridades guatemaltecas que, ni siquiera a ese mínimo que es el Ministerio Público para todos los demás y que, a la inversa, han reducido a mera herramienta de un “dictador” extranjero e improvisado.

Dotados de una caja de resonancia mundial y al mismo tiempo de acceso ilimitado a todos los medios de comunicación guatemaltecos al tiempo en que ellos mismos se mueven entre las sombras, arrogantes, ingratos a la hospitalidad que los guatemaltecos les han brindado, arbitrarios y hasta crueles.

Así lo fueron por siglos los traficantes holandeses de esclavos, los colonialistas belgas en el Congo, los asaltantes vikingos por todo el Mar del Norte y el Mediterráneo, los asesinos en masa nazis tan favorecidos por los suecos que hicieron fortunas con el hierro y el níquel comercializados en favor de Hitler, o no menos esos suizos indignos de la tierra de Guillermo Tell que hasta intentaron quedarse con los depósitos bancarios de los judíos masacrados en Auschwitz y Bergen Belsen.

Aquí en este mundo, amigos de lo ajeno, todos nos conocemos.

Por lo tanto, esa descabellada iniciativa llamada CICIG, maquinada por Edgar Gutiérrez –colega mío en estas mismas páginas–, ex-miembro confeso del PGT y quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores de Alfonso Portillo, a su turno el único Presidente de la República que ha confesado haber dado muerte a tiros a dos jóvenes desarmados y quien, por añadidura, asimismo el único mandatario nacional retenido en prisión en los Estados Unidos por lavado de dinero, fue  “legitimada” por otro personaje no menos singular, el Vice-Presidente de Oscar Berger, Eduardo Stein. Y por eso creo que el grave error de la CICIG es de la responsabilidad histórica primaria de esas cuatro figuras.

Pero ha resultado que Iván Velázquez, por su parte, tampoco tiene nada de ingenuo, ni mucho menos de escrupuloso: al fin y al cabo, también ha sido propuesto como compañero de fórmula por el candidato terrorista a la presidencia de Colombia Gustavo Petro, dirigente hasta hace muy poco de la terrorista organización colombiana “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

También por eso he llegado penosamente a la conclusión de que estamos aquí ante un caso más de colusión entre esos rufianes colombianos sigilosamente agazapados en el M-19 y las FARC, entre los que veo a Iván, y hacia quien, para mi gran sorpresa, han expresado últimamente su aprobación algunos miembros notables del sector productivo de Guatemala. Dios los cría y ellos se juntan…

Y también de todo ello concluyo que gracias a esos tan frívolos “ciudadanos”, incluidos los repentinos “compañeros de ruta” del sector productivo del país, aunados, además, a algunas cancillerías europeas impertinentes, y entrometidas en todo lo guatemalteco, han concluido por sumergirnos a todos en ese golpe de estado técnico a la Constitución de esta República, con esa su tan notoria, repito, instrumentalización de la Corte de Constitucionalidad. Y, a través de ellos, de la no menos inconstitucional subordinación simultanea de la Corte Suprema de Justicia.

¿Y no fue precisamente para ayudar a Guatemala en el sector “justicia” el pretexto para montar esta monstruosidad corrupta que ha resultado ser la CICIG?

¡Despierten, guatemaltecos!

(Continuará)

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo