Una persona fue capturada por su presunta vinculación a plazas fantasmas en el Registro de la Propiedad. Génesis Daniela Alvarado Choná fue sindicada por el delito de fraude y las autoridades creen que forma parte de dicha estructura cuya existencia se estableció con las pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) durante la primer fase presentada en el año 2016.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, Alvarado tuvo entre los años 2014 y 2015 varios contratos administrativos de Servicios Técnicos para la sede de esa institución en Cobán, Alta Verapaz, por los cuales devengó entre Q8 mil a Q10 mil. Su función era asesorar a los abogados y notarios.
El caso Botín Registro de la Propiedad
El MP y la CICIG, determinaron que desde la dirección del Registro General de la Propiedad a cargo de Anabella de León, supuestamente se autorizaron plazas fantasmas y pagos anómalos de servicios que significaron “un perjuicio en las finanzas”.
De acuerdo con el MP, se documentó al menos 16 plazas que significaron un desembolso de más de Q3 millones sin que fuese otorgado algún servicio por parte de las personas contratadas para diferentes agencias del Registro tanto en la ciudad capital como en los departamentos, quienes no asistían físicamente a las sedes para prestar los servicios en donde estaban asignados según los contratos administrativos.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, Alvarado tuvo entre los años 2014 y 2015 varios contratos administrativos de Servicios Técnicos para la sede de esa institución en Cobán, Alta Verapaz, por los cuales devengó entre Q8 mil a Q10 mil. Su función era asesorar a los abogados y notarios.
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El MP y la CICIG, determinaron que desde la dirección del Registro General de la Propiedad a cargo de Anabella de León, supuestamente se autorizaron plazas fantasmas y pagos anómalos de servicios que significaron “un perjuicio en las finanzas”.
De acuerdo con el MP, se documentó al menos 16 plazas que significaron un desembolso de más de Q3 millones sin que fuese otorgado algún servicio por parte de las personas contratadas para diferentes agencias del Registro tanto en la ciudad capital como en los departamentos, quienes no asistían físicamente a las sedes para prestar los servicios en donde estaban asignados según los contratos administrativos.
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