Las sospechas de actos de corrupción continúan ensombreciendo las gestión de los fondos para la paz en Colombia.
Según el diario El País, las sospechas acerca del uso de los recursos para el posconflicto en el “Fondo Colombia en Paz”, que se nutre de aportaciones internacionales, han sacudido esta semana los programas de implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
Los señalamientos por supuestas irregularidades en la asignación de contratos, se encuentra ahora bajo el escrutinio de la Fiscalía de Colombia, que ya ha abrió una investigación, en la cual también participan autoridades de la Contraloría de ese país.
El presidente Juan Manuel Santos prometió actuar “con toda contundencia y diligencia”. Y este viernes el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró tras una reunión con embajadores y la comunidad internacional de donantes, que el Gobierno no tendrá contemplaciones una vez la justicia depure responsabilidades.
Donantes reclaman
Al parecer, las sospechas surgieron tras revelarse una carta remitida por los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza al Ministerio de Hacienda. En el documento los diplomáticos hacían evidente sus inquietudes relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de los cerca de US$200 millones que destinaron a la construcción de la paz en el país andino con una entrega al Fondo Colombia Sostenible, que depende de Colombia en Paz.
Sus peticiones destaparon las fallas, descritas en una misiva que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, envió el jueves al presidente Santos.
“Las averiguaciones realizadas dejan al descubierto procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión”, explico el fiscal, que habla de la posible existencia de una trama corrupta.
“De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos indebidos”.
En tanto las autoridades de la Contraloría requirieron también a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Lucía Ospina, información acerca de las cantidades de dinero recibidas por el organismo y el monto de las donaciones no reembolsables procedentes de la cooperación internacional.
“Gloria Lucía Ospina, es la directora ejecutiva del Fondo Colombia en Paz y es la responsable de gestionar 853.000 millones de pesos que en dólares son alrededor de US$300 millones, de los que US$721 millones ya comprometidos”.
Gloria Lucía Ospina entregó a la Contraloría un informe en el que detalla que a medida que se presentaban necesidades de pagos, se realizaba ingresos de caja por cuenta de desembolsos realizados desde la presidencia, autorizados por el supervisor del contrato fiduciario.
La asignación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el informe, han sido para: inmuebles y adecuaciones, tecnologías de la información y comunicación, gestión, servicios generales, gastos operativos y seguridad.
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Donantes reclaman
Al parecer, las sospechas surgieron tras revelarse una carta remitida por los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza al Ministerio de Hacienda. En el documento los diplomáticos hacían evidente sus inquietudes relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de los cerca de US$200 millones que destinaron a la construcción de la paz en el país andino con una entrega al Fondo Colombia Sostenible, que depende de Colombia en Paz.
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“De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos indebidos”.
En tanto las autoridades de la Contraloría requirieron también a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Lucía Ospina, información acerca de las cantidades de dinero recibidas por el organismo y el monto de las donaciones no reembolsables procedentes de la cooperación internacional.
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Gloria Lucía Ospina entregó a la Contraloría un informe en el que detalla que a medida que se presentaban necesidades de pagos, se realizaba ingresos de caja por cuenta de desembolsos realizados desde la presidencia, autorizados por el supervisor del contrato fiduciario.
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