El futuro de la lucha contra la corrupción dependerá de los eventos del presente trimestre.

En todo proceso de transformación política, se sobreviene una fase de conflicto político, caracterizado por una guerra de dos dimensiones. En primer término, el esfuerzo por los actores del statu quo de frenar los avances transformadores. Y dos, las disputas entre actores radicales, moderados y reaccionarios por reconducir el destino del proceso transformador. Esa fase del conflicto político tiende a ser la más prolongada, la que más efectos colaterales provoca, y en la que tarde o temprano se define el destino del proceso de cambio político.

En el marco de la transformación que ha vivido Guatemala durante los últimos tres años, de un sistema de corte patrimonialista a un modelo republicano bajo un verdadero Estado de Derecho, el período 2017-2018 fue quizá el que mayor nivel de conflicto político provocó. La contraofensiva restauradora, coordinada por la alianza Morales-Arzú, de la mano con un Congreso de la República enfrascado en aprobar “reformas regresivas”, y cierto nivel de fractura social en cuanto al respaldo de la lucha contra la corrupción, caracterizaron las dinámicas del proceso.

Pues resulta que en el segundo trimestre 2018, la convergencia de tiempos políticos, plazos institucionales y las perspectivas judiciales de corto plazo, parecen señalar que este período resultará clave para el desenlace del proceso transformador.

Veamos. La elección de Fiscal General constituye –sin duda– el parteaguas temporal más relevante del proceso. Porque de ello dependerá el compromiso de la fiscalía de continuar con la depuración del sistema. Pero además, resulta que para el siguiente trimestre, la expectativa es que la fiscalía y CICIG revelen nuevos casos judiciales de “alto-impacto”, que incluso podrían tener un efecto sobre actores relevantes en los organismos Ejecutivo y Legislativo. Esos potenciales casos se convierten en factores relevantes de cambio, puesto que por un lado pueden permitir romper los nudos gordianos pendientes del sistema. Pero al mismo tiempo, conforme las investigaciones avanzan, y se cierran los círculos sobre actores políticos y económicos relevantes, la sensación de sentirse cercados por la acción judicial provoca que dichos actores radicalicen su actuación.

Pero además, existe una asimetría de poder entre los bandos en contienda. Mientras el bando pro statu quo concentra el control sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con respaldo de actores relevantes a nivel local y acceso a fuentes de financiamiento; el bando en favor de la lucha contra la corrupción tiene a CICIG y Ministerio Público como actores de mayor grado de poder, con respaldo político de Naciones Unidas, el Gobierno de Estados Unidos y el grupo de los países donantes. En este bando convergen los respaldos de medios de comunicación, empresarios individuales, organizaciones sociales y la articulación de espacios como el Frente Ciudadano Contra la Corrupción; pero todos ellos, con bajos niveles de poder político real. En ese contexto, han sido las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad las que han permitido mantener el balance de poder efectivo entre los bandos en la contienda.

Con base en todo lo anterior, la expectativa de las siguientes semanas es la de un proceso en la que las investigaciones de MP-CICIG se enfrentarán a acciones restauradoras (como esfuerzos por limitar operativamente el trabajo de la Comisión, aprobar reformas legislativas regresivas, minar el trabajo de aliados de la lucha contra la corrupción) al mismo tiempo en que se disputa la designación del Fiscal General. El desenlace del proceso transformador dependerá entonces de la correlación de fuerzas emanadas del período abril-junio 2018.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo