El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se llevaron este día un chasco, ya que pretendían capturar a tres personas y lejos de ello descubrieron que hubo fuga de información.
La intención de las autoridades era realizar tres allanamientos y tres detenciones autorizadas por el juez suplente Gustavo Peinado, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.
“Del total de las siete personas con órdenes de captura en la investigación sobre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tres personas viven en el extranjero de manera permanente y circunstancialmente una de ellas se encuentra en el exterior”, indica un comunicado del MP.
De los implicados que viven en Guatemala, el MP y la CICIG buscaban apresar a:
- Henry Silva Madrid Romero, sindicado por los delitos asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de influencias.
- Carlos Humberto González Castellanos, sindicado de los delitos de peculado, asociación ilícita y fraude.
- Juan Carlos Fernández Valle, sindicado del delito de lavado de dinero u otros activos.
¿Quién dio la voz de alerta?
En los tres domicilios no se encontraron a los sujetos sindicados, y por lo tanto no se pudo ejecutar ninguna de las capturas planificadas. Como consta en las actas de procedimiento realizadas esta mañana, los sujetos sindicados ya habían sido alertados de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el día jueves 12 de abril.
Incluso, en uno de los domicilios allanados ya se encontraba el abogado, representante de uno de los sindicados aguardando el operativo policial”, indica el MP en el comunicado.
“Se desconoce el paradero de los sujetos sindicados, y por ende se ha visto impedido el efectivo cumplimiento de la orden judicial de captura”, concluye el MP.
Por ahora solo se sabe de la fuga de información mediante llamadas teléfonicas que recibieron los sindicados, pero desconoce quién les avisó que serían capturados, si fue personal del Juzgado que autorizó las capturas, de la Policía o del propio Ministerio Público.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se llevaron este día un chasco, ya que pretendían capturar a tres personas y lejos de ello descubrieron que hubo fuga de información.
La intención de las autoridades era realizar tres allanamientos y tres detenciones autorizadas por el juez suplente Gustavo Peinado, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.
“Del total de las siete personas con órdenes de captura en la investigación sobre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tres personas viven en el extranjero de manera permanente y circunstancialmente una de ellas se encuentra en el exterior”, indica un comunicado del MP.
De los implicados que viven en Guatemala, el MP y la CICIG buscaban apresar a:
- Henry Silva Madrid Romero, sindicado por los delitos asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de influencias.
- Carlos Humberto González Castellanos, sindicado de los delitos de peculado, asociación ilícita y fraude.
- Juan Carlos Fernández Valle, sindicado del delito de lavado de dinero u otros activos.
¿Quién dio la voz de alerta?
En los tres domicilios no se encontraron a los sujetos sindicados, y por lo tanto no se pudo ejecutar ninguna de las capturas planificadas. Como consta en las actas de procedimiento realizadas esta mañana, los sujetos sindicados ya habían sido alertados de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el día jueves 12 de abril.
Incluso, en uno de los domicilios allanados ya se encontraba el abogado, representante de uno de los sindicados aguardando el operativo policial”, indica el MP en el comunicado.
“Se desconoce el paradero de los sujetos sindicados, y por ende se ha visto impedido el efectivo cumplimiento de la orden judicial de captura”, concluye el MP.
Por ahora solo se sabe de la fuga de información mediante llamadas teléfonicas que recibieron los sindicados, pero desconoce quién les avisó que serían capturados, si fue personal del Juzgado que autorizó las capturas, de la Policía o del propio Ministerio Público.