La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Guatemala sigue en retroceso por la falta de certeza jurídica y un ambiente desfavorable para los inversionistas, según Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Guatemalteco-Americana (Amcham).

Tras discutir el tema durante el foro “¿Abriendo o cerrando las puertas de la inversión?, el ejecutivo resaltó que mientras otras naciones crecen o mantienen altos montos de inversión, Guatemala sigue registrando un descenso, el cual se puede corroborar con los reportes del Banco de Guatemala (Banguat).

De acuerdo con el Banco Central, la Inversión Extranjera Directa tuvo su mejor año en 2014, pero luego de ese año sigue retrocediendo. En 2014 el monto de IED fue de US$1,388.7 millones, en tanto que en tres años más tarde se ubicó en US$1,146.7.

 

¿Por qué Guatemala no atrae más inversiones?

 

“La falta de reglas claras en Guatemala ha generado una drástica disminución de la inversión extranjera, afectando la economía local. Ahora los empresarios prefieren invertir sus capitales hacia otros países de Centroamérica en donde no existen mayores obstáculos para desarrollar sus proyectos”, subrayó Juan Pablo Carrasco.

Carrasco añadió que espacios como este foro sirven para reflexionar acerca de cómo mejorar el trabajo de los tres Organismos del Estado para lograr certeza jurídica, contrario a lo que sucede con el caso de la Mina San Rafael, que lleva 10 meses sin operar y el impacto en inversión y empleo es evidente.

Las inversiones migran a otras localidades

En la actualidad, países de la región reciben entre US$3 mil y US$6 mil millones en inversión, lo que representa miles de oportunidades de empleo. Guatemala en 2017 tan solo atrajo cerca de US$1,146.7 millones en inversión, situación que para el sector empresarial es “preocupante”.

Carrasco explicó que las pérdidas por la suspensión de trabajos en la Mina San Rafael, por ejemplo,  son incuantificables, pues solo en el tema de impuestos y regalías Guatemala a dejado de percibir más de mil millones de quetzales, eso sin mencionar las decenas de miles de empleos que se han perdido.

Añadió que cerca de 20 empresas del sector de energía y del sector de logística, entre otros sectores decidieron invertir en otros países, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Corte de Constitucionalidad para que agilicen el proceso de la Mina San Rafael y otros proyectos suspendidos.

En el foro participaron Mirian Sapiro, directora ejecutiva en la Oficina New York Sard Verbinnen & Co y Jim Nicholson, exsecretario de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos y Embajador en la Santa Sede.

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