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Los seis ilícitos que halló el MP y la CICIG en la Industria Militar

Edgar Quiñónez
04 de mayo, 2018

Derivado de una investigación por medio de la cual se reveló un supuesto esquema de intermediación utilizado por empleados de la Industria Militar entre 2008 al 2011, para sustraer fondos del Estado mediante la figura de comisión por concepto de ventas, este viernes se capturó a cuatro militares en situación de retiro.

Los ilícitos habrían causado un daño patrimonial estimado hasta el momento en Q23 millones, que el Estado pagó a un particular por ventas realizadas entre instituciones del gobierno, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Los sindicados

  1. General Jorge Arturo Vega Chávez, militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  2. Coronel José Alfredo Cotzojay Chajón, militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  3. Byron Manuel Santos Galindo, militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  4. Rolando Enrique Hernández González, quien se desempeñaba como asesor de procesos de Seguridad en la Gerencia de Seguridad Integral de Puerto Quetzal. Capturado. Asociación ilícita y peculado.
  5. Carlos Geovani Mejía Girón, agregado militar en Brasil. No fue localizado por encontrarse fuera del país. Asociación Ilícita, peculado y cohecho pasivo.

Cómo realizaron las operaciones, según la acusación

Según las pesquisas del Ministerio Público y la CICIG, el presunto grupo criminal estaba integrado por los coroneles José Alfredo Cotzojay Chajón, Jorge Arturo Vega Chávez, Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, quienes para cometer varios ilícitos contrataron al Mayor retirado Rolando Enrique Hernández González, como “representante de ventas” de la Industria Militar.

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El Mayor Hernández González recibió en el período comprendido entre 2008 al 2011, Q23.402.238.00, proveniente de comisiones establecidas en ventas de la Industria Militar, las cuales habrían sido ilegales.

Esta cantidad de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado, como la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.

En la emisión y autorización de los cheques participaron Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, en su calidad de jefes del Departamento Financiero de la Industria Militar, quienes en conjunto con los otros señalados cometieron varias conductas ilícitas para sustraer el dinero del erario de la institución castrense, de acuerdo con la acusación.

  1. Se creó la figura de “representante de ventas” (para Hernández González), incumpliendo con el principio de sujeción a la ley, duplicando funciones innecesarias por existir puestos que ya realizaban las funciones pactadas para el representante de ventas. En este caso en la Industria Militar ya existía el puesto de jefe de Sección de Ventas por Mayor.
  2. Las comisiones pagadas entre el 5 y 25% al representante de ventas (Hernández González) fueron excesivas e inoperantes, las cuales fueron pactadas de manera antojadiza, sin ningún sustento técnico ni jurídico.
  3. No se acreditó que el representante de ventas tuviera las capacidades, conocimientos y experiencia en el ramo comercial.
  4. En varios contratos no se prestaron los servicios del representante de ventas, pero sí le fueron pagadas comisiones por ventas no realizadas.
  5. Recibió el pago de comisiones por ventas realizadas a instituciones públicas a las que contractualmente le estaba prohibido vender, como la SAT y el Organismo Judicial entre otros.
  6. Recibió más dinero como pago de comisiones del que realmente le correspondía, de acuerdo con el porcentaje establecido en los contratos.

Asimismo, del resultado de las investigaciones realizadas, se estableció que los empresarios que tuvieron relación comercial con la Industria Militar durante ese período, debían pagar al jefe de esta institución y al jefe del Departamento Financiero, sumas importantes de dinero, para obtener contratos o trabajos.

Se estableció, preliminarmente, que recibieron mediante cheques, la cantidad de Q919,330.83, como cobro por la adjudicación de esos contratos.

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Los ilícitos habrían causado un daño patrimonial estimado hasta el momento en Q23 millones, que el Estado pagó a un particular por ventas realizadas entre instituciones del gobierno, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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  1. General Jorge Arturo Vega Chávez, militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  2. Coronel José Alfredo Cotzojay Chajón, militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  3. Byron Manuel Santos Galindo, militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  4. Rolando Enrique Hernández González, quien se desempeñaba como asesor de procesos de Seguridad en la Gerencia de Seguridad Integral de Puerto Quetzal. Capturado. Asociación ilícita y peculado.
  5. Carlos Geovani Mejía Girón, agregado militar en Brasil. No fue localizado por encontrarse fuera del país. Asociación Ilícita, peculado y cohecho pasivo.

Cómo realizaron las operaciones, según la acusación

Según las pesquisas del Ministerio Público y la CICIG, el presunto grupo criminal estaba integrado por los coroneles José Alfredo Cotzojay Chajón, Jorge Arturo Vega Chávez, Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, quienes para cometer varios ilícitos contrataron al Mayor retirado Rolando Enrique Hernández González, como “representante de ventas” de la Industria Militar.

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El Mayor Hernández González recibió en el período comprendido entre 2008 al 2011, Q23.402.238.00, proveniente de comisiones establecidas en ventas de la Industria Militar, las cuales habrían sido ilegales.

Esta cantidad de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado, como la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.

En la emisión y autorización de los cheques participaron Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, en su calidad de jefes del Departamento Financiero de la Industria Militar, quienes en conjunto con los otros señalados cometieron varias conductas ilícitas para sustraer el dinero del erario de la institución castrense, de acuerdo con la acusación.

  1. Se creó la figura de “representante de ventas” (para Hernández González), incumpliendo con el principio de sujeción a la ley, duplicando funciones innecesarias por existir puestos que ya realizaban las funciones pactadas para el representante de ventas. En este caso en la Industria Militar ya existía el puesto de jefe de Sección de Ventas por Mayor.
  2. Las comisiones pagadas entre el 5 y 25% al representante de ventas (Hernández González) fueron excesivas e inoperantes, las cuales fueron pactadas de manera antojadiza, sin ningún sustento técnico ni jurídico.
  3. No se acreditó que el representante de ventas tuviera las capacidades, conocimientos y experiencia en el ramo comercial.
  4. En varios contratos no se prestaron los servicios del representante de ventas, pero sí le fueron pagadas comisiones por ventas no realizadas.
  5. Recibió el pago de comisiones por ventas realizadas a instituciones públicas a las que contractualmente le estaba prohibido vender, como la SAT y el Organismo Judicial entre otros.
  6. Recibió más dinero como pago de comisiones del que realmente le correspondía, de acuerdo con el porcentaje establecido en los contratos.

Asimismo, del resultado de las investigaciones realizadas, se estableció que los empresarios que tuvieron relación comercial con la Industria Militar durante ese período, debían pagar al jefe de esta institución y al jefe del Departamento Financiero, sumas importantes de dinero, para obtener contratos o trabajos.

Se estableció, preliminarmente, que recibieron mediante cheques, la cantidad de Q919,330.83, como cobro por la adjudicación de esos contratos.

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