La Comisión Extraordinaria se reunió para firmar el dictamen de reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, pero al no incluirse que la pena de prisión fuera inconmutable, varios diputados mostraron su desacuerdo.
Alejandra Carrillo propuso que el tema se incluyera en la propuesta final, pero solo obtuvo el respaldo de tres diputados: Raúl Romero, Enrique Alvarez y Walter Felix.
Al no lograr mayoría, los diputados abandonaron la reunión.
La propuesta establece que el financiamiento electoral anónimo y no registrado tenga una pena de prisión de 1 a 5 años conmutables. También establece una multa de Q20 mil a Q100 mil.
“Quien resulte responsable de consentir y recibir aportaciones, con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales e inhabilitación para optar a cargos públicos hasta por cinco años.
Quien resulte responsable de realizar aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado de Guatemala, hasta por un periodo de cinco años”, detalla la propuesta acordada.
El dictamen
El presidente de la comisión, Rodolfo Castañón, dejó claro que no habrá otra reunión y mañana (martes) buscará reunir las nueve firmas que necesita para entregar el dictamen favorable.
“Pasarán a firmar el dictamen y al mediodía se estará entregando a Dirección Legislativa”, explicó el diputado.
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Al no lograr mayoría, los diputados abandonaron la reunión.
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Quien resulte responsable de realizar aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado de Guatemala, hasta por un periodo de cinco años”, detalla la propuesta acordada.
El dictamen
El presidente de la comisión, Rodolfo Castañón, dejó claro que no habrá otra reunión y mañana (martes) buscará reunir las nueve firmas que necesita para entregar el dictamen favorable.
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