El Estado de Guatemala podría enfrentar una nueva demanda si la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el caso de la Minera San Rafael, afecta los derechos cedidos por el país a la compañía de capital extranjero.
Las autoridades sucribieron acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que protege las inversiones de las empresas de esa nación, por lo que al irrespetar las licencias mineras se expone al Estado a una indemización o el pago de daños causados a los inversionistas de la Minera San Rafael.
Aparte de ello, se envía un mensaje negativo a los inversionistas porque se debilita el estado de derecho al incumplir los compromisos suscritos y cancelar las licencias otorgadas por el Estado.
Parte de estas consideraciones fueron presentadas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por medio de un recurso “amicus curiae“, el cual permite que una persona ajena al caso pueda opinar acerca del proceso, considerando la importancia del tema.
La opinión entregada a los funcionarios proviene de Don Wallace, un abogado estadounidense experto en derecho internacional, sobre todo en temas de litigios relacionados con el comercio.
Los abogados Ignacio Grazioso y Juan Pablo Rodríguez presentaron el recurso en la Corte de Constitucionalidad.
Minera lleva diez meses cerrada
La minera San Rafael lleva diez meses cerrada tras una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia, que consideró necesario realizar la consulta indígena según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y determinó seguir un proceso similar al de la hidroeléctrica Oxec.
Ahora el caso sigue entrampado en la Corte de Constitucionalidad que realizó la vista pública a finales de octubre de 2017 y luego de cinco meses, determinó pedir estudios técnicos para fallar.
Esa informacíón ya está en poder de los magistrados, pero se ignora cuándo resolverán. La decisión de la Corte fue cuestionada por la empresa que hasta la fecha ha despedido a 500 empleados, sin embargo, ha sostenido el pago de otros 500 trabajadores que todavía permanecen en la compañía.
Incluso, la minera entregó regalías a la municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, pese a no estar operando.
El Estado de Guatemala podría enfrentar una nueva demanda si la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el caso de la Minera San Rafael, afecta los derechos cedidos por el país a la compañía de capital extranjero.
Las autoridades sucribieron acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que protege las inversiones de las empresas de esa nación, por lo que al irrespetar las licencias mineras se expone al Estado a una indemización o el pago de daños causados a los inversionistas de la Minera San Rafael.
Aparte de ello, se envía un mensaje negativo a los inversionistas porque se debilita el estado de derecho al incumplir los compromisos suscritos y cancelar las licencias otorgadas por el Estado.
Parte de estas consideraciones fueron presentadas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por medio de un recurso “amicus curiae“, el cual permite que una persona ajena al caso pueda opinar acerca del proceso, considerando la importancia del tema.
La opinión entregada a los funcionarios proviene de Don Wallace, un abogado estadounidense experto en derecho internacional, sobre todo en temas de litigios relacionados con el comercio.
Los abogados Ignacio Grazioso y Juan Pablo Rodríguez presentaron el recurso en la Corte de Constitucionalidad.
Minera lleva diez meses cerrada
La minera San Rafael lleva diez meses cerrada tras una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia, que consideró necesario realizar la consulta indígena según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y determinó seguir un proceso similar al de la hidroeléctrica Oxec.
Ahora el caso sigue entrampado en la Corte de Constitucionalidad que realizó la vista pública a finales de octubre de 2017 y luego de cinco meses, determinó pedir estudios técnicos para fallar.
Esa informacíón ya está en poder de los magistrados, pero se ignora cuándo resolverán. La decisión de la Corte fue cuestionada por la empresa que hasta la fecha ha despedido a 500 empleados, sin embargo, ha sostenido el pago de otros 500 trabajadores que todavía permanecen en la compañía.
Incluso, la minera entregó regalías a la municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, pese a no estar operando.