La Comisión Extraordinaria aún no reúne las firmas para el dictamen de la iniciativa que busca reformar el delito de financiamiento electoral ilícito.

De los 16 integrantes, ocho firmaron pero otros cinco diputados razonaron su voto en contra. Para dictaminar se necesita de la mitad más uno. Aún falta de firmar Arturo Martínez, Nineth Montenegro y Luis Hernández, estos últimos se sumaron a la comisión a última hora.

El dictamen

La propuesta establece que el financiamiento electoral anónimo y no registrado tenga una pena de prisión de 1 a 5 años conmutables. También establece una multa de Q20 mil a Q100 mil.

“Quien resulte responsable de consentir y recibir aportaciones, con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales e inhabilitación para optar a cargos públicos hasta por cinco años.

Quien resulte responsable de realizar aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado de Guatemala, hasta por un periodo de cinco años”, detalla la propuesta acordada.

 

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