Jimmy Morales ganó las elecciones de 2015 con una sola misión: no ser corrupto ni ladrón.

Su presidencia inició con pocas expectativas respecto a la capacidad que tendría para cumplir sus promesas de campaña; dicho y hecho, los temas que había planteado como prioritarios para su gobierno fueron, poco a poco, topándose con la burocracia, la falta de capacidad de buena parte de su gabinete, la mezquindad de su bancada de tránsfugas y la usual ineficiencia de un aparato estatal, que tenía varios años de estar siendo desmantelado y saqueado. Eso enterraría las buenas intenciones y comenzaría un rápido proceso de deterioro que llevaría al gobierno a la situación de parálisis en la que se encuentra hoy.

Durante los primeros meses de su gobierno, Morales parecía determinado a enviar algunos buenos mensajes relacionados a su principal promesa de campaña, apoyar la lucha contra la corrupción. En febrero de 2016, el Ejecutivo solicitó al Congreso la colocación de bonos del tesoro por Q.1 mil 633 millones, con lo cuales haría un aporte extraordinario al Ministerio Público, a punta de endeudamiento, de Q 409.7 millones y otros Q 195 millones para el Organismo Judicial.

Sin embargo, esta luna de miel con el proceso de lucha anticorrupción duraría muy poco. En septiembre del 2016 el hijo del Presidente fue mencionado por un testigo en el caso denominado “Botín Registro de la Propiedad”, esto desencadenaría una investigación que llevó ante la justicia no solo al hijo del Presidente sino también a su más cercano consejero, su hermano.

Este evento fue el parteaguas entre el Presidente y la dupla Ministerio Público/CICIG, pero se confunden quienes piensan que sin el caso del Registro de la Propiedad, el Presidente seguiría siendo un aliado de la lucha contra la corrupción. Principalmente porque la crisis más importante de este gobierno la provocó el mismo presidente Morales, al momento de gestionar su campaña política, en un acto que sin lugar a dudas le traerá serias consecuencias.

Y es que el candidato Jimmy Morales mintió descaradamente a sus votantes. Mintió porque al mismo tiempo que aseguraba no ser corrupto, ni ladrón, fraguaba la manera de inyectar recursos a su campaña política sin registrarlos, un acto ilegal que le permitiría, según él, esconder no solo el origen de los recursos sino también el costo real de la operación política que lo llevaría al poder. En esta acción fraudulenta está el pecado original de su gobierno.

Después de que este caso estallara en agosto del 2017, el gobierno entró en una espiral autodestructiva que les llevaría a intentar sacar del país a Iván Velásquez, en una operación que fue frustrada por la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos y a polemizar con los funcionarios que se sentían identificados con la lucha anticorrupción. El resultado de este golpe fallido contra CICIG, fue la parálisis total del Presidente Morales, el inicio de lo que parece ser una obsesión por detener la lucha anticorrupción y una actitud completamente hostil con sus críticos.

Sin embargo, los pecados del Presidente no terminan allí, Morales también ha abusado de su posición recurriendo a las viejas prácticas corruptas de la administración pública. De momento, se sabe que colocó a muchos de sus amigos en puestos claves del gobierno, sin que estos tuvieran la experiencia y conocimientos necesarios; además, la prensa le descubrió recibiendo un sobresueldo de Q 50 mil mensuales provenientes del Ejército y utilizando el presupuesto de la SAAS para comprar artículos personales de lujo, esto siendo el Presidente mejor pagado de América Latina. En ambas situaciones fue obligado a devolverlo, sin mayores repercusiones y sin aceptar claramente su responsabilidad.

A estas alturas está más que claro que el momento de darle el beneficio de la duda a Jimmy Morales como Presidente quedó muy en el pasado. Morales no es un aliado de la lucha contra la corrupción y más bien se ha convertido en un enemigo de este importante proceso.

Quienes todavía le defienden y se oponen a que enfrente la justicia, pretenden obligar a quienes le criticamos a que nos hagamos de la vista gorda ante un gobierno que fue incapaz de mantener la única promesa de campaña que tenía alguna posibilidad de cumplir: no ser corrupto, ni ladrón. ¿Deberíamos dejarlo pasar?

 

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