A finales de la semana pasada la compañía naviera Maersk Line anunció que reducirá sus operaciones en nuestro país, debido a la falta de inversión en maquinaria y equipo por parte de la portuaria, lo cual genera mayor lentitud en los procesos de carga y descarga. Ello implica una disminución de 2 mil 700 contenedores por semana pero, más que eso, pérdidas millonarias y desempleo.
El caso de Maersk es uno de muchos. A inicios de esta semana ex trabajadores de la Mina San Rafael manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir una resolución final por la suspensión de operaciones. Según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al cierre de marzo de este año, se cuenta con 30,455 afiliados cotizantes menos que en diciembre de 2017. En otras palabras, esto significa que más de 30 mil personas que trabajaban en los sectores formales de agricultura, ganadería, manufactura, construcción, minería, electricidad y comercio, seguramente se encuentren desempleados.
Toda esta incertidumbre económica se comprueba en variosindicadores internacionales. Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Sostenible (IDS), cuyos resultados fueron dados a conocer hace algunos días. El IDS es una herramienta que identifica la sostenibilidad de los esfuerzos para el desarrollo, para que así estos permitan generar movilidad social. En el caso de Guatemala, este año tuvimos una caída con respecto a los resultados de 2016, pasando de la posición 46 de 93 países, a la 60. Otro ejemplo es el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), el cual indica que a abril de 2018, Guatemala alcanzó únicamente un 2.02 por ciento, lo que nos convierte en la economía con el menor dinamismo en toda la región centroamericana, provocado por un panorama político complejo y una pérdida de legitimidad institucional.
En ese sentido, vale la pena mencionar el dictamen de la Procuraduría General de la Nación publicado a inicios de abril. En él esta entidad no le otorgó el visto bueno al proyecto de acuerdo gubernativo que contiene el reglamento para la aplicación del convenio sobre el trabajo tiempo a parcial, el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recordemos que nuestro país tardó 23 años en cumplir con este compromiso internacional, un plazo totalmente irrazonable. Por aparte, me parece irónico cómo endiosamos al convenio 169 de la OIT, atribuyéndole facultades que van más allá, mientras que al 175, un acuerdo de la misma envergadura, lo ignoramos. Nuestras prioridades están mal. Difícilmente podemos hablar de más oportunidades, más empleos y más crecimiento si se presentan en nuestro camino obstáculos como estos.
Las anteriores son tan solo algunas de las alarmas de emergencia que, pareciera, estamos ignorando. Nuestra economía se desacelera de forma dramática y, con ello, cada vez más personas se quedan sin oportunidades de trabajo. Debemos de retomar la agenda de generación de empleo. Necesitamos generar 100 mil empleos más de los que ya se generan. Lo que menos necesitamos es que esa brecha crezca a 110,000 o 120,000 por año, que es el rumbo por donde vamos actualmente. Hoy la propuesta de Ley de Infraestructura ya prospera en el Congreso, lo cual es un paso en la dirección correcta. Esperemos que nuestros diputados la aprueben lo antes posible, para así poner en marcha un plan nacional de infraestructura vial que nos ayudará a conectar todos los rincones de nuestro país.
Sin embargo, ¿qué más vamos a hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo priorizamos la agenda de generación de empleo y dejamos atrás la polarización ideológica y los pleitos sin sentido? Estamos viviendo un proceso de deterioración institucional. Cada día que pasa, nuestra condición económica empeora. Miles de familias que se han quedado sin empleo porque pareciera que la prioridad es la destrucción de oportunidades, y no construirlas. Somos un avión que va en picada y aparentemente no nos importa. La crisis es real y está aquí. Es momento de pedir socorro, de gritar ¡mayday!
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
A finales de la semana pasada la compañía naviera Maersk Line anunció que reducirá sus operaciones en nuestro país, debido a la falta de inversión en maquinaria y equipo por parte de la portuaria, lo cual genera mayor lentitud en los procesos de carga y descarga. Ello implica una disminución de 2 mil 700 contenedores por semana pero, más que eso, pérdidas millonarias y desempleo.
El caso de Maersk es uno de muchos. A inicios de esta semana ex trabajadores de la Mina San Rafael manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir una resolución final por la suspensión de operaciones. Según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al cierre de marzo de este año, se cuenta con 30,455 afiliados cotizantes menos que en diciembre de 2017. En otras palabras, esto significa que más de 30 mil personas que trabajaban en los sectores formales de agricultura, ganadería, manufactura, construcción, minería, electricidad y comercio, seguramente se encuentren desempleados.
Toda esta incertidumbre económica se comprueba en variosindicadores internacionales. Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Sostenible (IDS), cuyos resultados fueron dados a conocer hace algunos días. El IDS es una herramienta que identifica la sostenibilidad de los esfuerzos para el desarrollo, para que así estos permitan generar movilidad social. En el caso de Guatemala, este año tuvimos una caída con respecto a los resultados de 2016, pasando de la posición 46 de 93 países, a la 60. Otro ejemplo es el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), el cual indica que a abril de 2018, Guatemala alcanzó únicamente un 2.02 por ciento, lo que nos convierte en la economía con el menor dinamismo en toda la región centroamericana, provocado por un panorama político complejo y una pérdida de legitimidad institucional.
En ese sentido, vale la pena mencionar el dictamen de la Procuraduría General de la Nación publicado a inicios de abril. En él esta entidad no le otorgó el visto bueno al proyecto de acuerdo gubernativo que contiene el reglamento para la aplicación del convenio sobre el trabajo tiempo a parcial, el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recordemos que nuestro país tardó 23 años en cumplir con este compromiso internacional, un plazo totalmente irrazonable. Por aparte, me parece irónico cómo endiosamos al convenio 169 de la OIT, atribuyéndole facultades que van más allá, mientras que al 175, un acuerdo de la misma envergadura, lo ignoramos. Nuestras prioridades están mal. Difícilmente podemos hablar de más oportunidades, más empleos y más crecimiento si se presentan en nuestro camino obstáculos como estos.
Las anteriores son tan solo algunas de las alarmas de emergencia que, pareciera, estamos ignorando. Nuestra economía se desacelera de forma dramática y, con ello, cada vez más personas se quedan sin oportunidades de trabajo. Debemos de retomar la agenda de generación de empleo. Necesitamos generar 100 mil empleos más de los que ya se generan. Lo que menos necesitamos es que esa brecha crezca a 110,000 o 120,000 por año, que es el rumbo por donde vamos actualmente. Hoy la propuesta de Ley de Infraestructura ya prospera en el Congreso, lo cual es un paso en la dirección correcta. Esperemos que nuestros diputados la aprueben lo antes posible, para así poner en marcha un plan nacional de infraestructura vial que nos ayudará a conectar todos los rincones de nuestro país.
Sin embargo, ¿qué más vamos a hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo priorizamos la agenda de generación de empleo y dejamos atrás la polarización ideológica y los pleitos sin sentido? Estamos viviendo un proceso de deterioración institucional. Cada día que pasa, nuestra condición económica empeora. Miles de familias que se han quedado sin empleo porque pareciera que la prioridad es la destrucción de oportunidades, y no construirlas. Somos un avión que va en picada y aparentemente no nos importa. La crisis es real y está aquí. Es momento de pedir socorro, de gritar ¡mayday!
República es ajena a la opinión expresada en este artículo