El proceso electoral se encuentra a quince días de terminar su segunda fase, que es la campaña electoral, como lo indica la literal b) del artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo que da inicio a la tercera fase -literal c)- que comprende el evento electoral propiamente dicho, el cómputo y calificación de los votos, así como la declaratoria de triunfadores en los comicios.

Incluso antes de la publicación del decreto de convocatoria e inscripción de candidatos que marca el inicio del proceso electoral, el ambiente electoral estaba enrarecido y con el tiempo no sólo no se disipó, sino que en momentos fue alejándose cada vez más de lo diáfano que debiese ser.

Toda contienda electoral genera controversia, es consustancial.  Pugnas entre candidatos, señalamientos de todo tipo, así como la tristemente célebre “campaña negra” no son ajenas a los procesos electorales en Guatemala.  Incluso, las diferencias entre los partidos políticos para con el Tribunal Supremo Electoral son comunes; la interpretación restrictiva de las normas que suelen hacer los órganos de control versus la extensiva que quisieran que se aplicasen los partidos políticos, suele ser el principal motivo de pugna.

Sin embargo, este proceso electoral -incluso antes de su inicio- ha tenido más ataques, más descalificación entre los partidos políticos y más interpretaciones restrictivas -como erróneas- por parte del TSE, como nunca, antes, se había visto.  La sombra de la injerencia de poderes fácticos en las decisiones del TSE y de tribunales es innegable, pero sin pruebas fehacientes; procesos de compra de software y equipos para el día de la elección que tuvieron que ser revertidos; contradictorias decisiones sobre apertura o no a la prensa de las reuniones entre el TSE y fiscales de partidos; y por supuesto, lo más controversial: las erráticas resoluciones sobre la inscripción o no de candidatos, así como la exclusión posterior de algunos ya inscritos.

Nunca, antes, se había visto tal politización ¿manipulación? del proceso electoral.  

Ya se ha abordado lo controversial de las decisiones de la no inscripción de candidatos a nivel presidencial como Jordán Rodas; la exclusión de Roberto Arzú, luego de que el pleno de magistrados del TSE revirtiera la resolución de inscripción del Director General del Registro de Ciudadanos, pero la resolución del TSE de cancelar las inscripciones de Carlos Pineda y más de 1200 candidatos del partido Prosperidad Ciudadana luego de un antojadizo y tardío amparo provisional, ha sido sin lugar a duda, la más controversial.

Si a ello sumamos otras igual de cuestionables decisiones, como la inscripción de Esduin Javier (3 quiebres) como candidato a diputado, la inscripción (y posterior exclusión) de Armando Ubico, la exclusión de Aldo Dávila como candidato sin siquiera estar ligado a proceso penal, son otras tantas más decisiones que ensombrecen el proceso electoral.

A tal punto son cuestionables, que la pureza del proceso electoral se ha puesto entredicho, habida cuenta de las anteriores erráticas decisiones de compras y demás.  Cada vez el panorama se torna más oscuro y, para todo esto, los ciudadanos -los votantes- más y más ajenos a todo ello.  El desencanto de los pueblos con la democracia liberal pasa por la falta de satisfactores (no) provistos, gobierno tras gobierno, pero también pasa ¡cómo no! por la desconfianza en los procesos electorales propiamente dichos.  Una cosa es que los votantes elijan malos gobernantes y se sufran las consecuencias por 4 oscuros años, y otra es que los votantes sean metidos por la fuerza al oscuro túnel de unas elecciones percibidas como manipuladas.

Sin embargo, hay luz al final del túnel.

El proceso electoral cuenta con 24,427 Juntas Receptoras de Votos (JRVs), cuyos integrantes tendrán a su cargo la recepción de los ciudadanos que emiten el voto, así como su conteo; ello representa una fuerza de al menos 100 mil ciudadanos que garantizan el sufragio de los guatemaltecos.  

Es ahí, a pesar de todos los pesares, donde radica la fuerza y la pureza del proceso electoral guatemalteco.  Es imposible que una fuerza política o poder fáctico, por poderoso que sea, controle la mayoría de esos más de 100 mil ciudadanos voluntarios.

En el pasado, se intentó prohibir el uso de celulares -para tomar imágenes y transmitirlas- por parte de los fiscales de mesa; ahora todos podrán, de forma independiente -orgánica- guardar testimonio de lo transcurrido en el conteo de votos, lo que hace aún más difícil la manipulación.  

Se ha cuestionado, también, la transmisión de datos y se ha dicho que ahí podría darse alguna alteración, pero con la copia del acta y las imágenes tomadas por los fiscales y por los miembros de las JRVs, es virtualmente imposible un fraude.

¿Que el fraude fue cometido antes, desde la exclusión de candidatos?  Esa es una narrativa propalada por los excluidos, por supuesto.  Lo anterior presupone dos cosas que simplemente no son así:

1. Que los únicos buenos candidatos son los que no participan
2. Que los votantes son ignorantes y fácilmente manipulados

Hablar de fraude es irresponsable. 

Este ha sido, por mucho, el proceso electoral más accidentado que ha habido en la era democrática que inició en 1984 con la elección de los constituyentes.  Atrás quedaron aquellos magistrados garantes de transparencia, personificados en Arturo Herbruger y Gonzalo Menéndez de la Riva, por mencionar dos, pero el sistema que persiste, el de las Jutas Receptoras de Votos, integradas por decenas de miles de ciudadanos voluntarios, es la garantía de lo que lo que ocurrirá el 25 de junio y 20 de agosto próximos será tan transparente como lo puede ser un proceso en el que participa y vigila tanta gente.

La alta participación ciudadana es también, un garante de que el resultado sea la expresión de la mayoría de los votantes; una baja participación deja a manos de pocos la decisión de quienes gobernarán por los próximos 4 años.