El pasado 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña declaró inconstitucional el contrato entre el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo (PRD, centro) y la minera canadiense First Quantum Minerals, que hasta ahora operaba la mina Cobre Panamá. 

• Esta decisión representa la victoria de los bloqueos que paralizaron el país por más de un mes. Los manifestantes se han vuelto a reunir, aunque solo para celebrar el fallo. 

• Con el fallo también queda sellada la derrota de Cortizo, cuyo partido aprobó el contrato en la Asamblea Nacional. Los manifestantes siempre se quejaron de que el contrato había sido aprobado con demasiada rapidez. 

  SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

• Panamá prohíbe la reelección inmediata, por lo que Cortizo no se verá afectado, pero su partido debe anticipar unos pésimos resultados en las próximas elecciones, programadas para el 5 de mayo.  

Los datos. La decisión de la CSJ, ampliamente apoyada por la población, podría dejar a la economía panameña en serios aprietos. La mina Cobre Panamá era responsable, hasta hace poco, de alrededor del 1% de la producción mundial de cobre, cosa que había nutrido las arcas públicas. 

• El Estado se tendrá que enfrentar a la pérdida de US$375M por concepto de regalías mineras. También peligran unos 40,000 empleos –tanto directos como indirectos– generados por la labor extractiva. 

• La mina representa el 4.8% del PIB panameño, así como el 75% de las exportaciones físicas del país. Los ingresos mineros eran de particular importancia en un año como este, en que Panamá ha perdido unos US$200M por la sequía en el Canal de Panamá. 

• Antes de que detonara esta crisis, se veía a la minería como una de las grandes promesas del país. Con la práctica desaparición de la industria, Panamá probablemente experimentará recortes en su crecimiento económico y calificación crediticia. 

Por qué importa. No se hizo esperar la reacción de First Quantum Minerals. Antes de que se publicara el fallo, la empresa, con sede en Toronto –pero con un participación minoritaria surcoreana– ya había dicho que Panamá se exponía a un arbitraje internacional por violentar el contrato minero, pues el contrato fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 406. 

• Muchos juristas panameños opinan que el país podría defenderse en un hipotético arbitraje, pues el contrato se anuló mediante un fallo de la CSJ, no un plebiscito ni una ley ordinaria. 

• Sea como fuere, First Quantum, que dice haber invertido US$10,000M en el país en los últimos 25 años, ha citado al Estado panameño en tribunales canadienses y estadounidenses. Panamá lleva las de perder; ante todo, la pregunta es cuánto deberá abonar. 

• Algunos proponen cifras estratosféricas y hablan de obligaciones de hasta US$100,000M. Esto es una posibilidad muy remota: Panamá probablemente terminará pagando de US$7,000M a US$15,000M, cantidades que no dejan de ser dolorosas para un país de su tamaño. 

Ecos regionales. En Panamá, el resentimiento hacia una casta política que se tiene por distante y corrupta ha terminado en una decisión que tendrá consecuencias nefastas para su economía. También ha quedado constatada la creciente importancia de los asuntos ecológicos en la política regional. 

• Hace unos meses, por ejemplo, Ecuador celebró un plebiscito para decidir si prohibir la extracción petrolera en el parque nacional Yasuní. La opción ecologista ganó con un 54.11% de los votos.  

• Colombia, por su parte, cuenta con un Gobierno hostil a todas las industrias extractivas. El presidente Gustavo Petro ha penalizado a la petrolera estatal, Ecopetrol, mediante una reforma fiscal poco acertada. Los ingresos de la empresa se desplomaron un 46.5% en el último trimestre. 

• A lo largo de Latinoamérica, se tiene poca conciencia de que la transición energética requiere de un boom minero. En efecto, la energía verde proviene de minerales, nutriéndose del cobre, níquel y litio.