La Bancada Semilla pierde la oportunidad de hacer una propuesta integral
Otra cosa hubiese sido si la propuesta hubiese sido integral y le entrara a desmantelar el diseño corporativista de muchas de las instituciones del estado
El 24 de octubre, hace apenas un par de días, la Bancada Semilla presentó una propuesta de ley (todavía no se denomina iniciativa, pues aún no la ha conocido el pleno) a la que Dirección Legislativa le ha asignado el número 6156. Dicha propuesta se denomina “Ley para la libertad de empresas” (sic) y según el jefe de bancada, Samuel Pérez Álvarez es “para sacar a CACIF de las +50 juntas directivas del Estado en las que están cobrando Q4 millones al año por dietas” (sic). Cuando la conozca el pleno, la remitirá a una o más comisiones para que sea analizada y dictaminada; tiene un tortuoso camino, pues dicha propuesta pretende modificar 25 leyes orgánicas de distintos ámbitos y materias, por lo que no es difícil pensar que el pleno la remitirá a varias -muchas- comisiones que dictaminarán conjuntamente o, en su defecto, emitirán sendos dictámenes, lo que de entrada casi que garantiza su fracaso.
Pero el éxito de la propuesta no parece ser el objetivo de la Bancada Semilla; no podría serlo, por la razón operativa antes indicada, pero además por otros elementos que se deben abordar respecto de la 6156.
Desde el título “Ley para la libertad de empresas” empieza mal; “libertad de empresas” hace referencia a un derecho -libertad- pero se lo asigna a una cosa -empresa- algo que es imposible. En nuestra legislación, puntualmente el artículo 655 del Código de Comercio define lo que es una empresa mercantil así: “Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios”. El segundo párrafo dice: “La empresa mercantil será reputada como un bien mueble”. Es decir, una cosa. Las cosas no tienen derechos.
El título de la propuesta es erróneo, pero confundir “empresa” y “sociedad” o “persona jurídica” es algo que hasta abogados hacen, así que de parte del economista y diputado es casi excusable.
Entrando al fondo de la iniciativa, como se apuntó, pretende modificar 25 órganos colegiados de un número similar de entidades. En la exposición de motivos de la propuesta, además, se apunta que quienes participan por parte de las “élites económicas empresariales” obtienen en concepto de dietas un monto anual superior a 6 millones de quetzales, un monto que, comparado con el ridículamente inflado presupuesto que pretende aprobarse para el 2023 de más de 113 mil millones de quetzales, resulta ínfimo.
Pero si se sigue la lógica de ese argumento en la exposición de motivos, también debiese reducirse o eliminarse la participación de personas o entes ajenos al poder público en esos órganos colegiados. Porque esa es otra de las razones que ha esgrimido la Bancada Semilla del porqué de su propuesta: arrancar del entramado legal estatal el corporativismo que le aqueja.
En efecto, el diseño institucional de buen número de entidades estatales es corporativista y es algo que debe ser corregido para que las instituciones públicas respondan solamente a intereses difusos y no a particulares o gremiales. Pero la propuesta de Semilla no parte de esa premisa, pues no propone limpiar a las juntas directivas y a los órganos colegiados de la participación de la Universidad de San Carlos, ni de los varios colegios profesionales que las integran. Se limita a vedar la participación de solamente un grupo, no pretende erradicar el corporativismo. Embuste puro y duro.
Pero ¿si la intención, entonces, era sacar de todo órgano de decisión a “CACIF” o al sector privado organizado, por qué no lo hace en las más de 58 sillas que se dice que ocupa y solo lo hace con 25? Entonces, ni siquiera es una propuesta integral, sino parcial y deficiente.
De los cuerpos legales que regulan esas 25 juntas directivas o consejos, en 7 se menciona específicamente a CACIF; en 7 se menciona a las cámaras de industria, comercio y del agro por nombre, además de que en otras 3 se incluye a la Asociación Bancaria de Guatemala. En las demás se habla de asociaciones empresariales, asociaciones de comerciantes, de usuarios, del sector privado, o términos similares que no se refieren a una organización en específico y por supuesto no excluyen a ninguna organización distinta a CACIF o alguna de sus cámaras.
Hay casos en los que la Bancada Semilla confunde las cosas; por ejemplo, la conformación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que nada tiene que ver con CACIF o sus cámaras. Ese ente técnico se integra con 3 miembros designados por el ejecutivo de tres ternas conformadas por los rectores de las universidades del país, el Ministerio de Energía y Minas y por los agentes del mercado mayorista. Es esta última terna la que Semilla pretende quitar. La inquina y el odio de esa bancada hacia cualquier cosa que suene a empresa privada es patente.
Otro ejemplo muy relevante, es el de la integración de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En la ley orgánica del IGSS se menciona a “asociaciones o sindicatos patronales registrados” lo que de ninguna forma excluye a otras entidades del sector privado, siempre y cuando sean formales (registradas) como podría ser la estructura recientemente creada -pero de poca membrecía- el Consejo Nacional Empresarial (CNE).
Llama la atención que esa bancada progresista pretenda modificar una estructura creada en el “primer gobierno de la revolución” durante la presidencia de Juan José Arévalo que, cosas del destino, es padre de uno de los miembros de esa bancada, Bernardo Arévalo.
Pero, sin duda, el punto más complicado para la pretensión semillera es la integración de la Junta Monetaria que se encuentra regulada en el artículo 132 constitucional. La Junta Monetaria está integrada, entre otros, por “Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura” (literal c). La redacción de ese artículo constitucional no excluye a asociación alguna ni hace referencia a una en particular, por lo que el mecanismo de elección pretendido en la propuesta de ley 6156 es innecesario.
La Bancada Semilla ha mantenido un discurso -político- en contra del sector privado organizado aunado a una agenda -política, también- de ataque a CACIF puntualmente. Contrasta con la retórica que algunas personas afines a esa bancada, que a modo de burla señalan que ese ente coordinador y sus cámaras ya no tienen el poder que tuvieron y que ahora sin simples “mandaderos”; que el poder de políticos y otros grupos los ha rebasado.
De cualquier forma, la propuesta de ley está destinada a fracasar y esa bancada lo sabe; les sirvió como un “stunt” publicitario solamente. Otra cosa hubiese sido si la propuesta hubiese sido integral y le entrara a desmantelar el diseño corporativista de muchas de las instituciones del estado. Pero no, solo querían aparentar, querían show. Definitivamente, una oportunidad perdida para que esa bancada mostrase que piensa en país, y no solo en función de a quienes considera sus enemigos. Así es la progresía.
La Bancada Semilla pierde la oportunidad de hacer una propuesta integral
Otra cosa hubiese sido si la propuesta hubiese sido integral y le entrara a desmantelar el diseño corporativista de muchas de las instituciones del estado
El 24 de octubre, hace apenas un par de días, la Bancada Semilla presentó una propuesta de ley (todavía no se denomina iniciativa, pues aún no la ha conocido el pleno) a la que Dirección Legislativa le ha asignado el número 6156. Dicha propuesta se denomina “Ley para la libertad de empresas” (sic) y según el jefe de bancada, Samuel Pérez Álvarez es “para sacar a CACIF de las +50 juntas directivas del Estado en las que están cobrando Q4 millones al año por dietas” (sic). Cuando la conozca el pleno, la remitirá a una o más comisiones para que sea analizada y dictaminada; tiene un tortuoso camino, pues dicha propuesta pretende modificar 25 leyes orgánicas de distintos ámbitos y materias, por lo que no es difícil pensar que el pleno la remitirá a varias -muchas- comisiones que dictaminarán conjuntamente o, en su defecto, emitirán sendos dictámenes, lo que de entrada casi que garantiza su fracaso.
Pero el éxito de la propuesta no parece ser el objetivo de la Bancada Semilla; no podría serlo, por la razón operativa antes indicada, pero además por otros elementos que se deben abordar respecto de la 6156.
Desde el título “Ley para la libertad de empresas” empieza mal; “libertad de empresas” hace referencia a un derecho -libertad- pero se lo asigna a una cosa -empresa- algo que es imposible. En nuestra legislación, puntualmente el artículo 655 del Código de Comercio define lo que es una empresa mercantil así: “Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios”. El segundo párrafo dice: “La empresa mercantil será reputada como un bien mueble”. Es decir, una cosa. Las cosas no tienen derechos.
El título de la propuesta es erróneo, pero confundir “empresa” y “sociedad” o “persona jurídica” es algo que hasta abogados hacen, así que de parte del economista y diputado es casi excusable.
Entrando al fondo de la iniciativa, como se apuntó, pretende modificar 25 órganos colegiados de un número similar de entidades. En la exposición de motivos de la propuesta, además, se apunta que quienes participan por parte de las “élites económicas empresariales” obtienen en concepto de dietas un monto anual superior a 6 millones de quetzales, un monto que, comparado con el ridículamente inflado presupuesto que pretende aprobarse para el 2023 de más de 113 mil millones de quetzales, resulta ínfimo.
Pero si se sigue la lógica de ese argumento en la exposición de motivos, también debiese reducirse o eliminarse la participación de personas o entes ajenos al poder público en esos órganos colegiados. Porque esa es otra de las razones que ha esgrimido la Bancada Semilla del porqué de su propuesta: arrancar del entramado legal estatal el corporativismo que le aqueja.
En efecto, el diseño institucional de buen número de entidades estatales es corporativista y es algo que debe ser corregido para que las instituciones públicas respondan solamente a intereses difusos y no a particulares o gremiales. Pero la propuesta de Semilla no parte de esa premisa, pues no propone limpiar a las juntas directivas y a los órganos colegiados de la participación de la Universidad de San Carlos, ni de los varios colegios profesionales que las integran. Se limita a vedar la participación de solamente un grupo, no pretende erradicar el corporativismo. Embuste puro y duro.
Pero ¿si la intención, entonces, era sacar de todo órgano de decisión a “CACIF” o al sector privado organizado, por qué no lo hace en las más de 58 sillas que se dice que ocupa y solo lo hace con 25? Entonces, ni siquiera es una propuesta integral, sino parcial y deficiente.
De los cuerpos legales que regulan esas 25 juntas directivas o consejos, en 7 se menciona específicamente a CACIF; en 7 se menciona a las cámaras de industria, comercio y del agro por nombre, además de que en otras 3 se incluye a la Asociación Bancaria de Guatemala. En las demás se habla de asociaciones empresariales, asociaciones de comerciantes, de usuarios, del sector privado, o términos similares que no se refieren a una organización en específico y por supuesto no excluyen a ninguna organización distinta a CACIF o alguna de sus cámaras.
Hay casos en los que la Bancada Semilla confunde las cosas; por ejemplo, la conformación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que nada tiene que ver con CACIF o sus cámaras. Ese ente técnico se integra con 3 miembros designados por el ejecutivo de tres ternas conformadas por los rectores de las universidades del país, el Ministerio de Energía y Minas y por los agentes del mercado mayorista. Es esta última terna la que Semilla pretende quitar. La inquina y el odio de esa bancada hacia cualquier cosa que suene a empresa privada es patente.
Otro ejemplo muy relevante, es el de la integración de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En la ley orgánica del IGSS se menciona a “asociaciones o sindicatos patronales registrados” lo que de ninguna forma excluye a otras entidades del sector privado, siempre y cuando sean formales (registradas) como podría ser la estructura recientemente creada -pero de poca membrecía- el Consejo Nacional Empresarial (CNE).
Llama la atención que esa bancada progresista pretenda modificar una estructura creada en el “primer gobierno de la revolución” durante la presidencia de Juan José Arévalo que, cosas del destino, es padre de uno de los miembros de esa bancada, Bernardo Arévalo.
Pero, sin duda, el punto más complicado para la pretensión semillera es la integración de la Junta Monetaria que se encuentra regulada en el artículo 132 constitucional. La Junta Monetaria está integrada, entre otros, por “Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura” (literal c). La redacción de ese artículo constitucional no excluye a asociación alguna ni hace referencia a una en particular, por lo que el mecanismo de elección pretendido en la propuesta de ley 6156 es innecesario.
La Bancada Semilla ha mantenido un discurso -político- en contra del sector privado organizado aunado a una agenda -política, también- de ataque a CACIF puntualmente. Contrasta con la retórica que algunas personas afines a esa bancada, que a modo de burla señalan que ese ente coordinador y sus cámaras ya no tienen el poder que tuvieron y que ahora sin simples “mandaderos”; que el poder de políticos y otros grupos los ha rebasado.
De cualquier forma, la propuesta de ley está destinada a fracasar y esa bancada lo sabe; les sirvió como un “stunt” publicitario solamente. Otra cosa hubiese sido si la propuesta hubiese sido integral y le entrara a desmantelar el diseño corporativista de muchas de las instituciones del estado. Pero no, solo querían aparentar, querían show. Definitivamente, una oportunidad perdida para que esa bancada mostrase que piensa en país, y no solo en función de a quienes considera sus enemigos. Así es la progresía.