A poco menos de 20 días de que se celebre el balotaje, éste continúa bajo asedio. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente al partido Movimiento Semilla en el sentido de que no pude ser suspendida su personalidad jurídica durante el proceso electoral -como pretende la FECI y el juez séptimo del ramo penal- esa misma Corte evitó amparar provisionalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que no hubiese interferencia con su labor por parte del Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y varias carteras del ejecutivo.
La CC resolvió no amparar al TSE aduciendo que aquel amparo provisional otorgado a Semilla era protección suficiente ante la posibilidad de que no se llevase a cabo la segunda vuelta electoral. En aquel momento pareció una resolución adecuada, pero hoy vemos cómo la rendija que omitió cerrar esa corte permite que se cuelen, aún, intenciones de interferencia y posible no realización del balotaje.
Es un hecho notorio que algunas facciones políticas no quedaron conformes con el resultado del 25 de junio; es normal, pero de eso a instrumentalizar instituciones públicas para intentar revertir el resultado de la voluntad popular, hay un buen trecho.
Inicialmente los ataques fueron dirigidos hacia el partido Movimiento Semilla y sus dirigentes, pero luego del amparo provisional de la CC, los intentos de sabotaje han sido enfocados en otros frentes.
La FECI y otras 3 fiscalías ha solicitado información al TSE respecto a quiénes integraron las juntas receptoras de votos, además de requerir copia certificada de las actas que se levantaron el día de la elección que dan cuenta de los resultados.
Ambas solicitudes tienen, aparentemente, la intención de revisar mediante procedimiento penal los resultados del 25 de junio. Algo que simplemente no tiene pies ni cabeza. Los mecanismos de revisión de votos fueron activados por casi una decena de partidos que plantearon su inconformidad y, mediante nulidades y amparos, se llevó a cabo el proceso de revisión del que todos fuimos testigos.
Algunos pocos quedaron inconformes todavía y pedían que se hiciera un recuento de votos, pero ello no es dable de acuerdo con nuestra legislación electoral, más allá de que la CC “facultó” a las juntas a hacerlo si lo consideraban necesario. Ninguna lo consideró así. Los inconformes buscaron otras formas de revertir el resultado electoral.
Ahora, con las solicitudes de información dentro de las “investigaciones” que llevan a cabo las fiscalías, lo que está en riesgo es el voluntariado de integrantes de mesas y de digitadores para la segunda vuelta. La presidenta del TSE, Irma Palencia, ha dado declaraciones en ese sentido.
Por otro lado, también se conoce que fiscalías investigan la compra de un software para la tabulación y transmisión de datos. Sin restar importancia a la necesidad de conocer si hubo algún hecho indebido, llama la atención que el MP haya admitido que investiga a los magistrados por dicha adquisición, ya que gozan de antejuicio y no se les puede investigar sin que previamente se les retire la inmunidad.
Aunque no se espera mucho de la visita, está en Guatemala el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien preparará un informe al Consejo Permanente de dicha instancia multilateral, debido a la preocupación que han causado estas acciones del ente investigador. La óptica desde fuera -y desde dentro, también- es que el gobierno quiere impedir que haya una segunda vuelta electoral en un ambiente libre. Algunos otros, entre individuos y organizaciones, emiten comunicados y toman acciones judiciales para impedir el balotaje abiertamente.
La UNE, uno de los partidos que van al balotaje, parece estar haciendo lo propio para deslegitimar el proceso electoral. El martes recién pasado se llevó a cabo el acto de entrega de credenciales a los diputados electos; los diputados de ese partido no asistieron, dando a entender su descontento con las autoridades electorales sin justificación alguna. Un hecho que no pasó desapercibido y que habla mucho, eso sí, de la inclinación antidemocrática y desprecio a las instituciones.
A pesar de todo, de los ataques y del socavamiento de las instituciones y de la confianza en el proceso electoral, habrá segunda vuelta el 20 de agosto y el próximo presidente tomará posesión el 14 de enero de 2024. Se dice fácil, pero no es poca cosa en un país que tiene larga historia de golpes de estado. La democracia está en peligro, pero son precisamente las instituciones republicanas -a pesar de quienes temporalmente las puedan intentar instrumentalizar- las que la salvan. Eso tampoco es poca cosa. Parafraseando a Thomas Jefferson, cabe decir que el precio de la institucionalidad es su eterna vigilancia.
Hasta ahora y a pesar de todo, la CC y el TSE han funcionado; no podemos dar por sentado que las instituciones siempre funcionarán adecuadamente, por eso es por lo que cuando lo hacen, es justo -también- congratularse.
A poco menos de 20 días de que se celebre el balotaje, éste continúa bajo asedio. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente al partido Movimiento Semilla en el sentido de que no pude ser suspendida su personalidad jurídica durante el proceso electoral -como pretende la FECI y el juez séptimo del ramo penal- esa misma Corte evitó amparar provisionalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que no hubiese interferencia con su labor por parte del Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y varias carteras del ejecutivo.
La CC resolvió no amparar al TSE aduciendo que aquel amparo provisional otorgado a Semilla era protección suficiente ante la posibilidad de que no se llevase a cabo la segunda vuelta electoral. En aquel momento pareció una resolución adecuada, pero hoy vemos cómo la rendija que omitió cerrar esa corte permite que se cuelen, aún, intenciones de interferencia y posible no realización del balotaje.
Es un hecho notorio que algunas facciones políticas no quedaron conformes con el resultado del 25 de junio; es normal, pero de eso a instrumentalizar instituciones públicas para intentar revertir el resultado de la voluntad popular, hay un buen trecho.
Inicialmente los ataques fueron dirigidos hacia el partido Movimiento Semilla y sus dirigentes, pero luego del amparo provisional de la CC, los intentos de sabotaje han sido enfocados en otros frentes.
La FECI y otras 3 fiscalías ha solicitado información al TSE respecto a quiénes integraron las juntas receptoras de votos, además de requerir copia certificada de las actas que se levantaron el día de la elección que dan cuenta de los resultados.
Ambas solicitudes tienen, aparentemente, la intención de revisar mediante procedimiento penal los resultados del 25 de junio. Algo que simplemente no tiene pies ni cabeza. Los mecanismos de revisión de votos fueron activados por casi una decena de partidos que plantearon su inconformidad y, mediante nulidades y amparos, se llevó a cabo el proceso de revisión del que todos fuimos testigos.
Algunos pocos quedaron inconformes todavía y pedían que se hiciera un recuento de votos, pero ello no es dable de acuerdo con nuestra legislación electoral, más allá de que la CC “facultó” a las juntas a hacerlo si lo consideraban necesario. Ninguna lo consideró así. Los inconformes buscaron otras formas de revertir el resultado electoral.
Ahora, con las solicitudes de información dentro de las “investigaciones” que llevan a cabo las fiscalías, lo que está en riesgo es el voluntariado de integrantes de mesas y de digitadores para la segunda vuelta. La presidenta del TSE, Irma Palencia, ha dado declaraciones en ese sentido.
Por otro lado, también se conoce que fiscalías investigan la compra de un software para la tabulación y transmisión de datos. Sin restar importancia a la necesidad de conocer si hubo algún hecho indebido, llama la atención que el MP haya admitido que investiga a los magistrados por dicha adquisición, ya que gozan de antejuicio y no se les puede investigar sin que previamente se les retire la inmunidad.
Aunque no se espera mucho de la visita, está en Guatemala el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien preparará un informe al Consejo Permanente de dicha instancia multilateral, debido a la preocupación que han causado estas acciones del ente investigador. La óptica desde fuera -y desde dentro, también- es que el gobierno quiere impedir que haya una segunda vuelta electoral en un ambiente libre. Algunos otros, entre individuos y organizaciones, emiten comunicados y toman acciones judiciales para impedir el balotaje abiertamente.
La UNE, uno de los partidos que van al balotaje, parece estar haciendo lo propio para deslegitimar el proceso electoral. El martes recién pasado se llevó a cabo el acto de entrega de credenciales a los diputados electos; los diputados de ese partido no asistieron, dando a entender su descontento con las autoridades electorales sin justificación alguna. Un hecho que no pasó desapercibido y que habla mucho, eso sí, de la inclinación antidemocrática y desprecio a las instituciones.
A pesar de todo, de los ataques y del socavamiento de las instituciones y de la confianza en el proceso electoral, habrá segunda vuelta el 20 de agosto y el próximo presidente tomará posesión el 14 de enero de 2024. Se dice fácil, pero no es poca cosa en un país que tiene larga historia de golpes de estado. La democracia está en peligro, pero son precisamente las instituciones republicanas -a pesar de quienes temporalmente las puedan intentar instrumentalizar- las que la salvan. Eso tampoco es poca cosa. Parafraseando a Thomas Jefferson, cabe decir que el precio de la institucionalidad es su eterna vigilancia.
Hasta ahora y a pesar de todo, la CC y el TSE han funcionado; no podemos dar por sentado que las instituciones siempre funcionarán adecuadamente, por eso es por lo que cuando lo hacen, es justo -también- congratularse.