La dictadura instalada en Nicaragua a cargo de Rosario Murillo y Daniel Ortega “liberó” hoy a 222 presos políticos y los expulsó de su tierra hacia los Estados Unidos de América.  La decisión, hasta donde se sabe, fue unilateral y no obedeció a negociación previa entre la dictadura y la administración Biden.  

No sería la primera vez que la actual administración norteamericana negocia con dictadores; en octubre del año pasado, fueron liberados de prisión dos sobrinos políticos del dictador Maduro a cambio de 7 estadounidenses apresados en Venezuela, la mayoría directivos de petroleras que fueron detenidos como rehenes.  Al siguiente mes, en noviembre, la administración Biden relajó las sanciones impuestas al régimen, con lo que quedó demostrada la negociación con la dictadura.

Si bien se conoce de la unilateralidad de la medida, el secretario de estado Blinken elogió la decisión y dejó abierta la puerta para “mayor dialogo”.  Eso da pie a pensar que hubo dialogo y que esta fue la “seña” de la dictadura nicaragüense para una ruta negociada.  La pelota parece estar en la cancha de los norteamericanos. 

Murillo y Ortega han gobernado con mano férrea a Nicaragua desde el año 2007, sin contar los más de 5 años en que Daniel Ortega gobernó luego de derrocar a Anastasio Somoza en la década de los ochenta del siglo pasado.  Así, de llegar a diciembre de este año, se convertirá -Ortega- en el centroamericano que más tiempo ha ostentado el poder, sobrepasando a Manuel Estrada Cabrera, que no es poca cosa.

La liberación de 222 presos políticos es bienvenida, pero no puede ni debe tomarse como ablandamiento de la dictadura; inmediatamente despegó el avión rumbo a Washington, la asamblea nacional -fantoche de los dictadores- modificó la constitución para arrebatarle la nacionalidad a los expulsados, algo que vulnera principios jurídicos internacionalmente aceptados y, por supuesto, sus derechos humanos, tal como los reconoce la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).  Se convierten en apátridas.

En el caso de Venezuela, la administración Biden trata de congraciarse con el dictador, Maduro, luego de que estallara la guerra en Ucrania y el petróleo y gas natural en el mundo sufriese una disrupción, tanto en suministro como en precio. Venezuela está en el primer lugar mundial en reservas petroleras, y el sexto en gas natural.  Es, aparte de Estados Unidos, el país con más reservas de gas en este lado del mundo.  Aunque no aliado, el régimen de Maduro sí puede permitirle a los Estados Unidos -a empresas de ese país- explotar sus recursos mientras no se ablanden las sanciones (lo que ya ha empezado) y no se intente derrocar al régimen.

Nicaragua no cuenta con esas reservas estratégicas que puedan interesarle a los Estados Unidos, pero la relación de la dictadura nicaragüense con China y con Rusia, precisamente en el contexto de una geopolítica cada vez más “caliente” hace que el país del norte no pueda soslayar un ablandamiento de sanciones como paso para neutralizar una cabeza de playa china o rusa cerca -o en camino- de la frontera sur.  Como sea, para los dictadores Murillo y Ortega es un alivio no tener la presión de esos presos políticos dentro de sus fronteras.

Un día antes de la liberación de los presos políticos en Nicaragua, en Colombia fue liberado, si bien temporalmente y con restricciones, fue liberado un asesino de nombre Jorge Luis Alfonso López para ser un “facilitador” de la paz, una figura dentro del plan de paz total (sic) impulsado por el presidente Gustavo Petro.  Está de más decir que causó indignación generalizada e instantáneamente, pues si de por sí la figura de “paz total” pasa por perdonarle a la narcoguerrilla toda suerte de delitos, el rol de la narco dictadura de Maduro en ese proceso de paz colombiana no pasa desapercibido.  

Si pareciese inverosímil que para lograr la paz en Colombia, se negocie de esa manera con la narco guerrilla, resulta abracadabrante que se libere y utilice como “facilitador” a un asesino preso y que todo ello se haga de la mano de la narco dictadura venezolana.  

Liberación de presos, negociación de la administración Biden con dictadores y narco guerrillas, son solo elementos secundarios que relacionan las tres tramas en Nicaragua, Venezuela y Colombia.  Sin embargo, el elemento unificador, lo que tienen en común esos tres regímenes es algo que los cohesiona aún más: los tres regímenes son de izquierda, una más radical que la siguiente, pero todas radicales al fin.

Si el régimen de Petro terminará como los de Murillo y Ortega, o como el de Maduro, está por verse.  Mientras tanto, la administración Biden no puede ni debe, negociar -otra vez- con dictadores como los instalados en Nicaragua.