El jueves 21 de septiembre, varias oenegés –entre las que destaca WOLA– emitieron un comunicado pidiendo “libertad” para Claudia González, la exmandataria de la CICIG, quien fue capturada a solicitud de la FECI.
WOLA y el resto de las firmantes aluden a que González llevaba –hasta ese jueves– 24 días sin rendir su primera declaración, algo que apuntan que contraviene lo dispuesto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En efecto, Claudia González debió ser escuchada por un juez dentro de las 24 horas siguientes a su detención; el incumplimiento de esa garantía constitucional es inaceptable, de la misma manera que resulta inaceptable en cualquier otro caso y como también lo fue cuando ella, Claudia González era mandataria de la CICIG.
Pero como es la costumbre de esas organizaciones, dan la voz de alarma sí y solo sí sus aliados se ven involucrados en actos reñidos con la ley y enfrentan acusaciones del ente investigador. Cuando eso sucede, les llaman violación a derechos humanos o, el recurrido término de persecución política.
Nunca se escuchó a WOLA o alguna de las otras oenegés que suscriben el comunicado referido, cuando en tiempos de CICIG ocurría lo mismo. WOLA nunca se preocupó por el estricto cumplimiento de los plazos para rendir primera declaración de los capturados. El uso y abuso de la ilegal prisión provisional fue la norma y ninguna de esas oenegés se pronunció como ahora sí lo hacen con su amiga y aliada.
Se ha señalado que en muchos de los casos que tuvo a su cargo Claudia González, como mandataria de CICIG y en donde los detenidos pasaron semanas sin ser escuchados por un juez y, por consiguiente, en prisión provisional, el factor que provocó ese retraso fue el gran número de procesados simultáneamente y que, naturalmente, escuchar a todos tomaba tiempo habida cuenta de las capacidades limitadas de los juzgados.
Lo anterior es en parte cierto, pero precisamente por ser conocido lo limitado de las capacidades de los juzgados y que era previsible que no se pudiese cumplir el plazo legal, en lugar de violentar los derechos fundamentales de los capturados, se debió hacer cualquier otra cosa, menos sacrificar los derechos de personas quienes hasta ese momento eran inocentes.
Sin embargo, no es cierto que todos esos casos de abuso de prisión provisional se haya debido al número de procesados. El caso más dramático fue el del exfiscal contra el crimen organizado, Rony López, quien pasó más de 100 días detenido sin rendir su primera declaración. Ese abuso fue señalado por la PDH, pero las organizaciones internacionales que dicen defender los derechos humanos, como WOLA, no se pronunciaron como sí lo hacen ahora en el caso de Claudia González.
Aunque el comunicado de WOLA y las demás oenegés que lo suscriben es en la línea correcta, es decir, que un detenido pase más del tiempo que dicta la Constitución para ser escuchado por un juez y brinde su primera declaración, viola sus derechos fundamentales –como en el caso de Claudia González– el sesgo resulta evidente y pierde contundencia por haber callado anteriormente.
Más allá de los abusos cometidos por fiscales del MP y agentes de la CICIG durante su estadía en Guatemala ahora reconocidos, incluso, por varios de sus antiguos defensores; más allá de las violaciones a procedimientos y a derechos fundamentales que afectaron de manera personal a incontables procesados, la crítica más resonante que se le hace a la CICIG es que en lugar de haber saneado al sistema de justicia y haber erradicado las malas prácticas, se sirvió de ellas, e incluso las exacerbó.
Los abusos como la prisión provisional se daban mucho antes de la venida de CICIG, por lo que no es su culpa, pero lo que sí es su pecado, es no haber eliminado esos abusos y, como se dijo, haberlos aprovechado.
WOLA tampoco dijo nada, entonces.
El jueves 21 de septiembre, varias oenegés –entre las que destaca WOLA– emitieron un comunicado pidiendo “libertad” para Claudia González, la exmandataria de la CICIG, quien fue capturada a solicitud de la FECI.
WOLA y el resto de las firmantes aluden a que González llevaba –hasta ese jueves– 24 días sin rendir su primera declaración, algo que apuntan que contraviene lo dispuesto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En efecto, Claudia González debió ser escuchada por un juez dentro de las 24 horas siguientes a su detención; el incumplimiento de esa garantía constitucional es inaceptable, de la misma manera que resulta inaceptable en cualquier otro caso y como también lo fue cuando ella, Claudia González era mandataria de la CICIG.
Pero como es la costumbre de esas organizaciones, dan la voz de alarma sí y solo sí sus aliados se ven involucrados en actos reñidos con la ley y enfrentan acusaciones del ente investigador. Cuando eso sucede, les llaman violación a derechos humanos o, el recurrido término de persecución política.
Nunca se escuchó a WOLA o alguna de las otras oenegés que suscriben el comunicado referido, cuando en tiempos de CICIG ocurría lo mismo. WOLA nunca se preocupó por el estricto cumplimiento de los plazos para rendir primera declaración de los capturados. El uso y abuso de la ilegal prisión provisional fue la norma y ninguna de esas oenegés se pronunció como ahora sí lo hacen con su amiga y aliada.
Se ha señalado que en muchos de los casos que tuvo a su cargo Claudia González, como mandataria de CICIG y en donde los detenidos pasaron semanas sin ser escuchados por un juez y, por consiguiente, en prisión provisional, el factor que provocó ese retraso fue el gran número de procesados simultáneamente y que, naturalmente, escuchar a todos tomaba tiempo habida cuenta de las capacidades limitadas de los juzgados.
Lo anterior es en parte cierto, pero precisamente por ser conocido lo limitado de las capacidades de los juzgados y que era previsible que no se pudiese cumplir el plazo legal, en lugar de violentar los derechos fundamentales de los capturados, se debió hacer cualquier otra cosa, menos sacrificar los derechos de personas quienes hasta ese momento eran inocentes.
Sin embargo, no es cierto que todos esos casos de abuso de prisión provisional se haya debido al número de procesados. El caso más dramático fue el del exfiscal contra el crimen organizado, Rony López, quien pasó más de 100 días detenido sin rendir su primera declaración. Ese abuso fue señalado por la PDH, pero las organizaciones internacionales que dicen defender los derechos humanos, como WOLA, no se pronunciaron como sí lo hacen ahora en el caso de Claudia González.
Aunque el comunicado de WOLA y las demás oenegés que lo suscriben es en la línea correcta, es decir, que un detenido pase más del tiempo que dicta la Constitución para ser escuchado por un juez y brinde su primera declaración, viola sus derechos fundamentales –como en el caso de Claudia González– el sesgo resulta evidente y pierde contundencia por haber callado anteriormente.
Más allá de los abusos cometidos por fiscales del MP y agentes de la CICIG durante su estadía en Guatemala ahora reconocidos, incluso, por varios de sus antiguos defensores; más allá de las violaciones a procedimientos y a derechos fundamentales que afectaron de manera personal a incontables procesados, la crítica más resonante que se le hace a la CICIG es que en lugar de haber saneado al sistema de justicia y haber erradicado las malas prácticas, se sirvió de ellas, e incluso las exacerbó.
Los abusos como la prisión provisional se daban mucho antes de la venida de CICIG, por lo que no es su culpa, pero lo que sí es su pecado, es no haber eliminado esos abusos y, como se dijo, haberlos aprovechado.
WOLA tampoco dijo nada, entonces.