Y el Congreso vuelve a hacer un papelón. Ahora por la elección de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, los cargos
públicos más importantes de un país, aún más importantes que la presidencia y
que una curul, porque son los jueces quienes arreglan los conflictos sociales,
son los que deben castigar al delincuente, mandar a la cárcel al político
corrupto, obligar al padre a pagar el mantenimiento de su hijo, hacer respetar
los contratos civiles y mercantiles y poner
a la administración pública en su lugar cuando se porte abusiva con el
ciudadano. Si en Guatemala nos gobierna el caos, la razón esencial (pero no la
única) es el pésimo sistema de justicia.

La elección de magistrados a la CSJ se vio cuestionada porque los
congresistas los eligieron antes que la Comisión de Postulación resolviera las
impugnaciones interpuestas contra la nómina de candidatos. Sin embargo la Corte
de Constitucionalidad denegó el amparo provisional presentado para repetir la
elección. Por su parte, la designación de magistrados de la Corte de
Apelaciones fue mancillada porque el Congreso reeligió por completo, con más de
100 votos a favor, a la Sala que amparó provisionalmente a la vicepresidenta en
contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral de suspenderla como
secretaria del general del Patriota por hacer campaña anticipada (importantísimo aclarar que la magistrada
Claudia Escobar Mejía emitió un voto
disidente).

Por si lo anterior fuera poco, ambas elecciones también recibieron
críticas porque los diputados del Patriota se aliaron con los de Líder para decidir
la constitución de ambas cortes. El hecho, por indignante que nos parezca, no
tuvo nada de ilegal, pero deja claro que aquí en Guatemala no hay ideologías,
que todos los políticos son hombres de la misma laya, comparten el ADN y se
diferencian nada más porque unos tienen la nariz más larga que otros.

Los acontecimientos de la última semana demuestran –como si
necesitáramos nuevos ejemplos para comprobar lo obvio– tres cosas: 1. la enorme
corruptela que es el Congreso y cómo en las últimas décadas se ha degenerando
más; 2.la relación simbiótica entre Congreso y el Organismo Judicial (si tú me
eliges como magistrado, yo te cuido las espaldas en los procesos en tu contra);
y 3. el gran fracaso que ha sido el diseño institucional del Estado
guatemalteco.

El diseño institucional del Estado es la causa que nuestro Congreso sea
tan corrupto y que los tribunales estén
politizados. La solución es obvia, una reforma a la Constitución, a leyes
constitucionales y leyes ordinarias. Pero hay un enorme problema: dada la
calidad de nuestros políticos y la apatía del ciudadano, abrir las puertas a
reformas tan delicadas es hoy por hoy más peligroso que dejar las cosas tal y
como están.

¿Qué necesitamos? Muchas cosas, pero primero cambiar la forma de elegir
las cortes y el tiempo que dura la magistratura. Las comisiones de postulación
tuvieron el noble intento de introducir el prestigio y honestidad de la
academia a un proceso político, pero terminó ocurriendo lo contrario: la
política ensució a la academia y nuevos entes adquirieron enorme poder
político, como el Colegio de Abogados. Por otra parte, el hecho que la
magistratura dure apenas cinco años es un
incentivo perverso, obliga a los magistrados a agradar con favores y
acuerdos a quienes los eligen para asegurar la reelección. Los puestos deben
ser vitalicios, pues cuando el juez tiene su trabajo asegurado, no debe subordinarse
a los políticos y sus fallos, en consecuencia, tendrán a la ley como referente.