En este caso de la SAT se oyen dos ideas que valen la pena analizar su veracidad y utilidad. Porque las malas ideas son como las mentiras, tarde o temprano salen caras. Dicen que la SAT está por quebrar y que el problema es que la SAT está politizada, y me parecen ambos argumentos alejados de la realidad, que desvían la atención de los verdaderos problemas o de los más cercanos. Los temas políticos son tan complejos y muchas veces difíciles de comprender para quienes están interesados en la política, y mucho más para quienes no les llama la atención, que asustar con argumentos alejados de la realidad solo complica ser ciudadano. 

 (nos obligan a pagar IVA, ISR, Tasas, etc.) para eso cuenta con policías y juzgados quienes te llevan preso si no pagas, y con la autoridad fiscal, que para Guatemala es la SAT y el Ministerio de Finanzas que dirigen la política fiscal que emana del Congreso de la República y la Presidencia de la República. Con el dinero que logra recaudar de los ciudadanos el gobierno presta servicios, y por supuesto el eterno problema es que el gobierno quiere hacer mas proyectos y necesita más impuestos, los cuales los ciudadanos voluntariamente no se los daremos. No es nada nuevo, es la esencia de la relación entre gobernantes versus gobernados. 

En esta crisis de la SAT resulta que algunos aseguran que la causa del problema es que la SAT está politizada y que la solución es que los directores de la SAT no sean políticos. Es decir, eximir a los políticos de su principal ocupación; cobrar impuestos. Para cobrar mas impuestos, los políticos necesitan lograr consensos entre lo que se quieren gastar y lo que los ciudadanos estamos dispuestos a tolerar que nos extraigan de nuestras rentas. Es muy fácil decir que el problema es que la SAT no funciona, cuando lo que no funciona es la capacidad del gobierno de recaudar lo que ellos mismos proyectaron gastar. 

Lo que nunca debe estar politizado es la justicia en materia tributaria, es decir, que siempre tengamos los ciudadanos la opción de quejarnos de los abusos del ente recaudador, que es el Gobierno, no la SAT. Si se exceden en sus funciones, un juzgado (no político) los debe poner en su lugar, no un órgano como el directorio de la SAT, el cual es por naturaleza político. 

Cada gobierno debe soportar sus acciones; buenas acciones llevarán a unas finanzas sanas y eventualmente mas recaudación de impuestos que les permitirán mas proyectos gubernamentales, que al mismo tiempo no detengan el crecimiento económico. Malas acciones traerán a los gobernantes problemas, al no lograr recaudar más impuestos deben recurrir a mas deuda o recortar programas de gobierno, la deuda generará presión sobre las tasas de interés e incluso sobre el tipo de cambio, lo cual llevará a un menor crecimiento económico, que en el largo plazo se traduce en menos impuestos. 

Vivir en democracia nos permite solucionar estos problemas en las urnas. Malas decisiones terminarán por reducir el caudal electoral de los políticos actuales, acelerando su salida del mundo político. Decisiones correctas serán premiadas con más años trabajando activamente en política. Si las malas decisiones de los políticos se las achacamos en este caso a la SAT, estamos alejando a los políticos de sus responsabilidades y de sus castigos por ser irresponsables. 

El gobierno al igual que la SAT no quiebran, simplemente deben reajustar su comportamiento. El problema es que las malas decisiones de los gobernantes las pagamos los ciudadanos con más impuestos, menos libertar, trabajo más duro y menos nivel de vida.