23 de julio, 2014
El Ordoliberalismo de la Escuela de Friburgo puso como un punto central de su filosofía de economía política la interrogante ¿cómo se debe proteger la competencia como garante de la funcionalidad de una economía de libre mercado desde el único tipo de Estado normativamente legítimo, el Estado liberal? Para Eucken y los Ordoliberales, era preciso que el Estado protegiera la competencia como garante no solo de la economía de mercado, sino el fin último de la buena sociedad, la libertad. Para esto, era preciso tener un ordenamiento político, económico y social en el que el Estado juega el rol de garante de los intereses y derechos de los individuos. Es por el interés social de proteger la libertad que se prima el libre mercado, es decir el mercado no solo de intercambio sino libre de privilegios y concentraciones de poder económico y, por extensión, político.
Bajo esta visión política económica, el Estado debería de ser fuerte, autónomo, delimitado a sus tareas y constitucionalmente fundado para evitar que se expande a manejar temas que no le competen. El Estado funciona como poder ordenador y en este sentido defensor del orden competitivo. En otras palabras, el Estado debería de usar su potestad para emitir reglas que permita que un sistema económico libre, competitivo surja. Bajo estas condiciones se darían la competencia basada en el mérito, el emprendimiento y la innovación necesaria como para que la economía no solo crezca, sino que fuese caracterizada por la presencia de una gran cantidad de personas y entidades libres, sin poder de abusar ni infringir en los derechos y libertad de los demás. La base de todo esto no es un Estado ausente, sino más bien un Estado fuerte, autónomo y libre de presiones de grupos de interés, con sus funciones claramente delimitadas, con el fin de lograr y garantizar el fin último, la libertad, incluyendo la libertad de privilegios y de discriminación.
El caso extremo de restricciones a la competencia ocurre cuando se da la situación de monopolio, un único proveedor de un servicio. Para Walter Eucken, el principal economista de la Escuela de Friburgo, la solución al mal de monopolio no recaía en los sindicatos, el socialismo ni la nacionalización, todos problemas aún mayores a los que se pretendía resolver. Frente a la posibilidad de monopolio, u abusos del poder económico adquirido de cualquier manera, legitima o ilegitima, el rol del Estado seria de implementar reglas claras para evitar esos abusos. Esto tomaría forma de una ley de competencia.
Para muchos la noción de una ley de competencia les parece una propuesta infame que atenta contra el libre mercado. Pero no es ese el espíritu del tratamiento Ordoliberal al tema, teniendo bien claro la ley de consecuencias no intencionadas, que solo porque algo bueno sea el fin de una ley no quiere decir que ese fin se lograse, o más bien los resultados sean imprevistos y fuertemente negativos. Habiendo dicho esto, sorprendería saber que no todos liberales en todo momento y bajo todas circunstancias se han opuesto al tema de limitaciones del poder económico y político.
Hayek desconfiaba de gran parte de los argumentos contra oligopolios y monopolios que surgieron por razones económicas, y no privilegios políticos. Sin embargo, a el también le preocupaba la posibilidad de que empresas dominantes pudieran negarse a prestar servicios clave al público, o interferir en la habilidad de otras empresas de competir, y afirmo que en esos casos pudiera haber interés social en impedir que sucediese. La escuela Ordoliberal distingue entre regulaciones e intervenciones, o más bien procesos. Como el mismo Hayek estableció, una cosa es regulación, en el sentido de marcar las reglas del juego, y otra cosa es intervención, el abuso discrecional que equivalen a jugadas en el juego en el que el Estado no debe tener ninguna parte. Marcar las reglas del juego, a cambio, es el ámbito apropiado para el Estado, y sus disposiciones en este sentido deberían de conformar con los principios del mercado, cuidando de no impedir el funcionamiento del mercado y de abstenerse en la fijación de precios. Cualquier delimitación de reglas por parte del Estado debería de considerar siempre lo que Eucken llamaba la interdependencia de órdenes, haciendo que una intervención provoque otras, como Hayek bien advirtió.
Todo esto nos lleva a que en Guatemala se empieza a discutir el tema de Ley de Competencia. Es un tema que perjudica el ranking en materia del Índice de Competitividad Global de Guatemala, que globalmente es 86 de 148 países, pero en efectividad de ley de competencia es 105, peor que el 70% de la muestra mundial. Guatemala está mal rankeada, pero mejor que no solo los casos perdidos de Haití y Venezuela, sino también de México, Argentina, Honduras, entre otros. Los países mejor rankeados en este tema son Panamá (25) y Chile (32). Al momento de apostar por un modelo a seguir, es preciso que el país apueste por aquel modelo que mejor concuerdo con los principios de mercado, maximice la libertad y deje menos discreción en manos de autoridades de turno. Las personas que ocupasen los cargos de procuradores de una ley de competencia no deben ser los mismos que siempre abogan por monopolios estatales de todo tipo. No debemos olvidar que la solución a los monopolios no es menos mercado, es más mercado, y son los mismos estados que típicamente crean monopolios.
23 de julio, 2014
El Ordoliberalismo de la Escuela de Friburgo puso como un punto central de su filosofía de economía política la interrogante ¿cómo se debe proteger la competencia como garante de la funcionalidad de una economía de libre mercado desde el único tipo de Estado normativamente legítimo, el Estado liberal? Para Eucken y los Ordoliberales, era preciso que el Estado protegiera la competencia como garante no solo de la economía de mercado, sino el fin último de la buena sociedad, la libertad. Para esto, era preciso tener un ordenamiento político, económico y social en el que el Estado juega el rol de garante de los intereses y derechos de los individuos. Es por el interés social de proteger la libertad que se prima el libre mercado, es decir el mercado no solo de intercambio sino libre de privilegios y concentraciones de poder económico y, por extensión, político.
Bajo esta visión política económica, el Estado debería de ser fuerte, autónomo, delimitado a sus tareas y constitucionalmente fundado para evitar que se expande a manejar temas que no le competen. El Estado funciona como poder ordenador y en este sentido defensor del orden competitivo. En otras palabras, el Estado debería de usar su potestad para emitir reglas que permita que un sistema económico libre, competitivo surja. Bajo estas condiciones se darían la competencia basada en el mérito, el emprendimiento y la innovación necesaria como para que la economía no solo crezca, sino que fuese caracterizada por la presencia de una gran cantidad de personas y entidades libres, sin poder de abusar ni infringir en los derechos y libertad de los demás. La base de todo esto no es un Estado ausente, sino más bien un Estado fuerte, autónomo y libre de presiones de grupos de interés, con sus funciones claramente delimitadas, con el fin de lograr y garantizar el fin último, la libertad, incluyendo la libertad de privilegios y de discriminación.
El caso extremo de restricciones a la competencia ocurre cuando se da la situación de monopolio, un único proveedor de un servicio. Para Walter Eucken, el principal economista de la Escuela de Friburgo, la solución al mal de monopolio no recaía en los sindicatos, el socialismo ni la nacionalización, todos problemas aún mayores a los que se pretendía resolver. Frente a la posibilidad de monopolio, u abusos del poder económico adquirido de cualquier manera, legitima o ilegitima, el rol del Estado seria de implementar reglas claras para evitar esos abusos. Esto tomaría forma de una ley de competencia.
Para muchos la noción de una ley de competencia les parece una propuesta infame que atenta contra el libre mercado. Pero no es ese el espíritu del tratamiento Ordoliberal al tema, teniendo bien claro la ley de consecuencias no intencionadas, que solo porque algo bueno sea el fin de una ley no quiere decir que ese fin se lograse, o más bien los resultados sean imprevistos y fuertemente negativos. Habiendo dicho esto, sorprendería saber que no todos liberales en todo momento y bajo todas circunstancias se han opuesto al tema de limitaciones del poder económico y político.
Hayek desconfiaba de gran parte de los argumentos contra oligopolios y monopolios que surgieron por razones económicas, y no privilegios políticos. Sin embargo, a el también le preocupaba la posibilidad de que empresas dominantes pudieran negarse a prestar servicios clave al público, o interferir en la habilidad de otras empresas de competir, y afirmo que en esos casos pudiera haber interés social en impedir que sucediese. La escuela Ordoliberal distingue entre regulaciones e intervenciones, o más bien procesos. Como el mismo Hayek estableció, una cosa es regulación, en el sentido de marcar las reglas del juego, y otra cosa es intervención, el abuso discrecional que equivalen a jugadas en el juego en el que el Estado no debe tener ninguna parte. Marcar las reglas del juego, a cambio, es el ámbito apropiado para el Estado, y sus disposiciones en este sentido deberían de conformar con los principios del mercado, cuidando de no impedir el funcionamiento del mercado y de abstenerse en la fijación de precios. Cualquier delimitación de reglas por parte del Estado debería de considerar siempre lo que Eucken llamaba la interdependencia de órdenes, haciendo que una intervención provoque otras, como Hayek bien advirtió.
Todo esto nos lleva a que en Guatemala se empieza a discutir el tema de Ley de Competencia. Es un tema que perjudica el ranking en materia del Índice de Competitividad Global de Guatemala, que globalmente es 86 de 148 países, pero en efectividad de ley de competencia es 105, peor que el 70% de la muestra mundial. Guatemala está mal rankeada, pero mejor que no solo los casos perdidos de Haití y Venezuela, sino también de México, Argentina, Honduras, entre otros. Los países mejor rankeados en este tema son Panamá (25) y Chile (32). Al momento de apostar por un modelo a seguir, es preciso que el país apueste por aquel modelo que mejor concuerdo con los principios de mercado, maximice la libertad y deje menos discreción en manos de autoridades de turno. Las personas que ocupasen los cargos de procuradores de una ley de competencia no deben ser los mismos que siempre abogan por monopolios estatales de todo tipo. No debemos olvidar que la solución a los monopolios no es menos mercado, es más mercado, y son los mismos estados que típicamente crean monopolios.