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Corrupción e impunidad, temas de coyuntura

Redacción
13 de agosto, 2014

En Guatemala estamos acostumbrados a los escándalos temporales y a que nada pase con ellos. Hoy sabemos de las anomalías que supuestamente ocurrieron en el RENAP y que habrían permitido el robo del software que facilita la lectura de los datos contenidos en el chip de cada DPI. El Congreso se alarma y cita al Director del RENAP. Será noticia mañana y un par de días más. La próxima semana nos habremos olvidado del tema. 

Pero lo crítico no es que nosotros nos olvidemos del tema sino que lo hagan las entidades que por Ley deben velar por castigar a quién cometió un delito, sea funcionario público o no lo sea.

Ayer conocíamos, por una recopilación de datos que hizo Encuentro por Guatemala, que de 4,931 denuncias por corrupción que conoce el Ministerio Público solamente el 7% han llegado a sentencia… ¡en 10 años! 

Y si hacemos un recuento rápido de algunos eventos que han ocurrido en las últimas semanas, podemos identificar casos como los siguientes:
  • La aprobación de ‘urgencia nacional’ de una Ley de Telecomunicaciones que viola principios y derechos constitucionales;
  • La intención de la SAT de contratar a una empresa extranjera para tercerizar el cobro de impuestos, con una jugosa comisión;
  • La supuesta sobrevaloración en la compra de medicamentos por el Ministerio de Salud;
  • La aprobación de innumerables préstamos por el Congreso de la República, que paradójicamente siguen alimentando un déficit fiscal;
  • Las continuas compras por excepción por el Ministerio de Gobernación, bajo el argumento de urgencia nacional, alimentando la percepción de clientelismo;
Y el listado podría continuar, pero de nada serviría. Quién sabrá que ha pasado con la Ley de Telecomunicaciones en la Corte de Constitucionalidad; o si seguirán las negociaciones ‘privadas’ entre la SAT y alguna empresa extranjera; o si se podrá demostrar que algún Ministro manejó de manera anómala los recursos de su cartera.
En el país de la eterna impunidad, todo es posible. Además, según una medición que hace algunos meses me permití hacer de la permanencia de una noticia en el interés de la opinión pública, pude identificar que el máximo de tiempo que un tema permanece en el foco de atención son 15 días (y esas son las que permanecen más tiempo en la agenda pública). Las menos interesantes sólo duran en el debate público apenas una semana. Y algunas ni ruido causan. 
Esa dinámica mediática, y esa dinámica social de permitir que las cosas se olviden, la conocen los políticos y saben que estamos acostumbrados a hacer bulla por unos días y luego a dejar que nada pase. Pero nuevamente, como ciudadanos activos deberíamos exigir que esos casos no queden en la impunidad a aquellas entidades responsables de hacer cumplir la Ley. O acaso, ¿no debería el Ministerio Público actuar de oficio ante las denuncias de posibles delitos cometidos con recursos del Estado? 
@MarizzaHerrera

Corrupción e impunidad, temas de coyuntura

Redacción
13 de agosto, 2014

En Guatemala estamos acostumbrados a los escándalos temporales y a que nada pase con ellos. Hoy sabemos de las anomalías que supuestamente ocurrieron en el RENAP y que habrían permitido el robo del software que facilita la lectura de los datos contenidos en el chip de cada DPI. El Congreso se alarma y cita al Director del RENAP. Será noticia mañana y un par de días más. La próxima semana nos habremos olvidado del tema. 

Pero lo crítico no es que nosotros nos olvidemos del tema sino que lo hagan las entidades que por Ley deben velar por castigar a quién cometió un delito, sea funcionario público o no lo sea.

Ayer conocíamos, por una recopilación de datos que hizo Encuentro por Guatemala, que de 4,931 denuncias por corrupción que conoce el Ministerio Público solamente el 7% han llegado a sentencia… ¡en 10 años! 

Y si hacemos un recuento rápido de algunos eventos que han ocurrido en las últimas semanas, podemos identificar casos como los siguientes:
  • La aprobación de ‘urgencia nacional’ de una Ley de Telecomunicaciones que viola principios y derechos constitucionales;
  • La intención de la SAT de contratar a una empresa extranjera para tercerizar el cobro de impuestos, con una jugosa comisión;
  • La supuesta sobrevaloración en la compra de medicamentos por el Ministerio de Salud;
  • La aprobación de innumerables préstamos por el Congreso de la República, que paradójicamente siguen alimentando un déficit fiscal;
  • Las continuas compras por excepción por el Ministerio de Gobernación, bajo el argumento de urgencia nacional, alimentando la percepción de clientelismo;
Y el listado podría continuar, pero de nada serviría. Quién sabrá que ha pasado con la Ley de Telecomunicaciones en la Corte de Constitucionalidad; o si seguirán las negociaciones ‘privadas’ entre la SAT y alguna empresa extranjera; o si se podrá demostrar que algún Ministro manejó de manera anómala los recursos de su cartera.
En el país de la eterna impunidad, todo es posible. Además, según una medición que hace algunos meses me permití hacer de la permanencia de una noticia en el interés de la opinión pública, pude identificar que el máximo de tiempo que un tema permanece en el foco de atención son 15 días (y esas son las que permanecen más tiempo en la agenda pública). Las menos interesantes sólo duran en el debate público apenas una semana. Y algunas ni ruido causan. 
Esa dinámica mediática, y esa dinámica social de permitir que las cosas se olviden, la conocen los políticos y saben que estamos acostumbrados a hacer bulla por unos días y luego a dejar que nada pase. Pero nuevamente, como ciudadanos activos deberíamos exigir que esos casos no queden en la impunidad a aquellas entidades responsables de hacer cumplir la Ley. O acaso, ¿no debería el Ministerio Público actuar de oficio ante las denuncias de posibles delitos cometidos con recursos del Estado? 
@MarizzaHerrera